Cien propuestas contra la corrupción

DE LUNES A LUNES

La Comisión de Integridad creada por Resolución Suprema 258-2016-PCM que encabeza Eduardo Vega le presentó el lunes 5 al presidente Pedro Pablo Kuczynski un amplio informe con cien propuestas concretas para promover el respeto a los principios éticos, fomentar la transparencia así como prevenir y sancionar la corrupción en el país.

El documento plantea instaurar la máxima transparencia en el Estado, fortalecer el servicio civil, fortalecer la integridad y la ética en el sector público, evitar el tráfico de influencias, impedir el ingreso o reingreso a la función pública de las personas condenadas por corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Propone transparentar el sistema de contrataciones del Estado, evitar la corrupción en las obras públicas de infraestructura y fortalecer la autonomía de los organismos reguladores, impulsar la simplificación administrativa y el gobierno electrónico, reformar el sistema nacional de control, promover la denuncia y proteger al denunciante. Igualmente, reformar el sistema de justicia para erradicar la impunidad de los actos de corrupción, reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, combatir el lavado de activos y fortalecer las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, fortalecer el sistema de defensa jurídica del Estado, impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales, limitar la inmunidad parlamentaria y promover la integridad en el sector privado.

En lo que respecta a las contrataciones del Estado la Comisión sugiere hacer mucho más amigable la página web del sistema electrónico para garantizar que todo ciudadano pueda acceder fácilmente a los documento de cualquier proceso; modernizar el Registro Nacional de Proveedores para que incluya información desagregada de las contrataciones efectuadas por cada proveedor en los últimos cinco años; capacitar a través del OSCE a los jefes de logística de todas las entidades; reformar la Central de Compras para que se ocupa de los procesos más grandes en los tres niveles de gobierno y que asesore a todas las entidades en esta materia, dotándola de autonomía y especialización.

Otras sugerencias son la de obligar a las entidades a informar mensualmente en sus respectivos portales sobre el avance físico y la ejecución presupuestal de sus obras así como hacer que sea público el valor referencial de todos los procesos de contratación, lo que constituye una importante rectificación de la actual tendencia a consolidar ese valor estimado que no se difunde y que permitiría adjudicar los procesos a la oferta más baja con los grandes peligros que eso comporta y que nosotros hemos combatido hasta el momento sin éxito.

Se desea evitar el fraccionamiento indebido de las compras estableciendo un monto máximo anual para adjudicaciones de menor cuantía para cada entidad, vinculado a un porcentaje máximo de su presupuesto con cargo a que los casos que superen estos topes sean autorizados por la máxima autoridad, bajo responsabilidad, exigencia que se considera también para las adjudicaciones bajo la modalidad de postor único, en tanto que para los procesos de contratación de gobierno a gobierno se incluye en los comités especiales a un representante de la Contraloría General de la República y a otro del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Se prohíbe, de otro lado, que el Estado contrate publicidad a través de los medios de comunicación sin llevar a cabo un proceso de selección. Igualmente se prohíbe que el Estado contrate a las personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción así como para lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado para quienes se extiende lo que se ha dado en llamar la muerte civil a efectos de que no puedan participar, quienes incurren en estos últimos, en procesos electorales.

Una idea interesante es establecer responsabilidad y sanciones efectivas para aquellos funcionarios que no cumplan con pagar sus obligaciones contractuales cuando correspondan y dentro del período previsto por la ley. Que esa exigencia no solo se limite a los compromisos establecidos sino a los que se derivan de sentencias judiciales y laudos arbitrales es fundamental, tal como nosotros lo hemos venido reclamando con insistencia.

Una propuesta polémica, sin duda, es disponer que el arbitraje en materia de contratación pública sea únicamente institucional para beneficiarse de lo que éste puede aportar en transparencia, seguridad y predictibilidad. El planteamiento viene aparejado con el requisito de que los centros de arbitraje autorizados para estos efectos sean aquellos acreditados por el OSCE, en línea con lo que señala actualmente la Ley de Contrataciones del Estado. El problema que se suscitará en lo inmediato es la falta de instituciones para atender la demanda incalculable que esta medida creará en cuanto se formalice. Una solución intermedia es provocar la constitución de nuevos centros y descentralizar los existentes pero de manera ordenada para evitar que se repita la proliferación que generó en su momento la Ley de Conciliación y la exigencia de agotar esta instancia antes de iniciar diversos procesos judiciales.

Otra iniciativa es crear una procuraduría especializada en arbitrajes en contratación pública que monitoree y asesore a los defensores del Estado que tienen a su cargo el patrocinio de estos procesos. Se supone que con el objeto de discernir entre lo que hay que pelear de aquello en que lo mejor es buscar un acuerdo para no propiciar perjuicios mayores, en suma, hacer evaluación de riesgos y control de daños probables.

Para evitar la corrupción en las obras públicas la Comisión de Integridad propone finalmente desarrollar y aprobar un Plan Nacional de Infraestructura como política de Estado que transparente y haga predecibles las decisiones públicas y privadas en los próximos veinte años; asegurar que todos los contratos de las grandes obras de infraestructura tengan cláusulas anticorrupción; exigir que entre la fecha de adjudicación y la fecha de cierre del contrato el inversionista cuente con un porcentaje adecuado de financiamiento comprometido para que no haya especulación ni se negocien adendas de bancabilidad así como asegurar la efectiva ejecución de las garantías de cumplimiento cuando correspondan.

EL EDITOR