Centralizar capacidades para hacer frente a los fenómenos naturales

DE LUNES A LUNES

La semana pasada se anunció que se creará una Autoridad Nacional de Infraestructura que se encargará de la ejecución de las grandes obras que se requiera en cada región para hacer frente a los fenómenos naturales que afectan al país.

El Ejecutivo presentará un proyecto al Congreso para que la nueva entidad tenga oficinas en todo el país y se dedique a la prevención y control de cuencas para evitar huaicos e inundaciones, a las defensas ribereñas y a los sistemas de drenaje que no se han hecho o que han colapsado, así como al mejoramiento de la cuenca del Rímac, tantas veces postergada. Con el retiro de los materiales sólidos y los sedimentos que arrastra el agua se aliviará el curso de los ríos para su mejor aprovechamiento.

El Gobierno ha adelantado que se procederá a la reorganización de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Quizás habría que repensar el futuro de esta institución que podría ser fusionada con la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura, cuya propia denominación ya no es tan presuntuosa y que de subsistir independiente podría realizar las mismas acciones que debería ejecutar la nueva entidad, duplicando presupuestos, tiempos y proyectos. La idea no es armar una institución para que haga exactamente lo mismo que hacía la que la precede sino imaginar una estrategia distinta destinada a lograr sus fines.

En cualquier caso la ocasión es propicia para dejar sin efecto los convenios de Gobierno a Gobierno que se han suscrito, cuyos detalles se desconocen, como se ha denunciado nuevamente en estos días, aun cuando se sabe que sus costos son muy superiores a los que se paga a los profesionales peruanos que diseñan, supervisan, ejecutan obras y sobre todo asumen las responsabilidades de sus actos y no se limitan a hacer una gestión que no ha aportado ningún resultado satisfactorio salvo en el caso de construcciones menores.

La nueva entidad debe concentrarse en contratar a las empresas y profesionales peruanos que conocen perfectamente nuestra realidad y que han construido su experiencia en nuestro territorio. Hay que hacer buenas convocatorias, con buenas bases y con precios competitivos suficientes como para realizar todas las investigaciones, pruebas y análisis que se requieran y para controlar directa y permanentemente la ejecución de los proyectos.

Todos los países son bienvenidos al Perú siempre que tengan algo que aportar a nuestro desarrollo. En el pasado organismos de diversas naciones suscribían convenios de préstamo con los gobiernos en condiciones muy favorables para nosotros, con varios años de gracia y con intereses muy moderados, como parte de su propósito por contribuir al progreso. Esos compromisos estaban destinados a financiar obras de gran envergadura que se licitaban entre empresas del país que entregaba el dinero pero que se presentaban a los procesos de selección obligatoriamente asociadas con empresas peruanas, del país receptor de su contribución, en igualdad de condiciones, con el objeto de garantizar una efectiva transferencia tecnológica y de realizar un esfuerzo conjunto por sacar adelante los proyectos.

Eso de venir, suscribir un convenio, no traer ningún préstamo y hacer que sus connacionales hagan diseños, supervisen y ejecuten las obras, sin constituir consorcios equitativos con los contratistas del país que los recibe y más bien subcontratándolos en condiciones, según se dice, muy por debajo del mercado, resulta totalmente inaceptable.

Altos funcionarios diplomáticos extranjeros han admitido que no tienen celebrados esta clase de contratos con ningún país. Sólo con el Perú. Es lógico. La fórmula supone una nueva colonización que no se ha admitido en ninguna otra nación y que sólo se explica por el afán de algunos de escapar de las supuestas rigideces de las normas y de las fauces de la Contraloría General de la República. Si las regulaciones son estrictas y no permiten una adjudicación adecuada y eficaz pues hay que modificarlas para que sean más útiles a las necesidades del país. Las leyes y reglamentos se pueden adecuar a las exigencias de la realidad. Lo que no se puede hacer es escapar de sus alcances para hacer lo que uno quiera.

Toda la infraestructura existente en el país o cuando menos gran parte de ella ha sido levantada por constructores peruanos. Es increíble que se prescinda de ese aporte y que se piense que puede ser sustituido por profesionales muy respetables de naciones que nunca han sufrido la furia de un huaico, el deslizamiento de un cerro, el aluvión que provoca el desprendimiento parcial de un nevado o fenómenos similares.

Si los órganos de control entorpecen la ejecución de los proyectos pues habrá que reformular sus mecanismos de intervención sin ceder un milímetro en la labor de perseguir y sancionar los delitos pero siendo más finos en la imputación de responsabilidades que en ocasiones se hace con mucha prisa y sin advertir que la inocencia de los investigados de hoy termina declarándose judicialmente después de muchos años de sacrificio, gastos y de perder un tiempo valioso que no se recupera nunca y que el Estado nunca indemniza.

Si los funcionarios públicos se niegan a tomar decisiones habrá que empoderarlos y hacer atractivo el servicio a la nación para que los mejores se sientan tentados a enrolarse en sus filas y contribuir con sus conocimientos y su experiencia al desarrollo del país. Mientras más competentes sean las autoridades que manejan el futuro, más seguras estarán de las medidas que adopten en beneficio de todos y a prueba de cualquier acusación que pretenda manchar su impecable foja de trabajo.

Ricardo Gandolfo Cortés