Tarde, mal y nunca

En países en los que la administración de justicia no es rápida ni eficaz y la institucionalidad endeble los acreedores suelen pagar sus obligaciones tarde, mal y nunca, según un viejo adagio. Si el que debe cumplir con ellas es el Estado, la espera puede ser todavía más larga. Si a ello se agrega el hecho de que los presupuestos con los que se convocan las licitaciones son insuficientes para las tareas que se pretenden encargar y que se admiten ofertas que se presenten hasta por el noventa por ciento de ese valor, con cargo a darle mayor puntaje al que cobra menos, se comprenderán los resultados de esa fórmula. Todos entregan propuestas al más bajo precio para no regalar puntos en la evaluación económica y abaratan sus precios con el objeto de hacerse de la adjudicación literalmente a cualquier costo. 

En ese escenario no es de extrañar que hayan surgido movimientos delictivos organizados por asociaciones ilícitas de generación casi espontánea para no dejar dinero sobre la mesa y asegurar que el contrato salga siempre y de manera rotativa por el monto más alto posible, que pese a que seguía siendo insuficiente ya no lo era tanto como si hubiera estado anclado en el monto más bajo posible. El objetivo, sin embargo, no se alcanzaba si no es con la activa complicidad de aquellos funcionarios públicos que se ocupaban de sacar de carrera con cualquier pretexto a todo aquel avezado postor que osara entrar en competencia con una oferta menor que no sólo pondría en aprietos la repartija sino que podía arrebatarles la misma adjudicación. 

No es una justificación, en modo alguno. Es una forma de explicar lo que ha ocurrido. El delito no aparece gratuitamente. Se perpetra porque las condiciones lo alientan. Lo que hay que hacer, por consiguiente, es eliminar ese entorno propicio para el ilícito. Una manera es rompiendo cadenas y extrayendo del ámbito de la competencia de la administración pública la siempre difícil tarea de elaborar bases y términos de referencia, de evaluar y calificar propuestas y de adjudicar contratos. No sólo difícil sino siempre expuesta a múltiples tentaciones. Privatizar estas actividades y confiarlas a empresas y asociaciones de particulares que puedan dedicarse a eso y que serían totalmente ajenas a quienes tendrán que controlar y aprobar las valorizaciones y trabajos del contratista seleccionado. Si estos últimos también eligen al ganador pueden encontrarse predispuestos a inclinar sus preferencias sobre aquel a quien le pueden ofrecer un tratamiento preferencial para más adelante. 

El servidor se compromete a adjudicar a un postor un contrato con cargo a dejarle pasar posteriormente valorizaciones fraudulentas, en ambos casos a cambio de un porcentaje cuyo monto siempre será menor al que habría dejado de percibir manteniéndose dentro de los márgenes de la legalidad. Si se interrumpe esa conexión el proveedor ya no tiene cómo recuperar lo que paga por comprar la buena pro porque pierde al aliado que lo iba a ayudar en ese propósito. Si hace su trabajo en condiciones normales, nunca se resarce de ese gasto. Si entra en contubernio con los funcionarios que deben verificar el avance de su trabajo tiene que hacerlo a cambio de otro porcentaje que seguirá encareciéndole la prestación hasta hacérsela inmanejable. 

Son fenómenos económicos, como lo ha recordado el doctor Enrique Ghersi Silva en reciente entrevista, que tienden en un principio a propiciar el ilícito. Para evitarlo también es útil la persecución del delito para que se torne cada vez más riesgoso incurrir en él. Saber que existe el peligro de terminar una buena temporada con los huesos en la cárcel no es desde luego ningún aliciente para salirse de la ley. Una buena ley, empero, es aquella que conserva a todos dentro de su ámbito en beneficio de sus propios intereses. Que encarece la informalidad y reduce los costos de la legalidad. (RG)