El riesgo de ser contratista en el Perú

DE LUNES A LUNES

Imaginemos que se le confía a un contratista que construya una nueva carretera entre Lima y Chosica y no se considera dentro del presupuesto el puente que pasa por el río Rímac porque se tiene pensado licitarlo en un paquete conjuntamente con otros que atraviesan esa y otras rutas. Si en plena ejecución se advierte que no tiene ningún sentido hacer esa pista sin el puente, porque no cumpliría con el objeto de unir ambas circunscripciones, y si adicionalmente se comprueba que el proyecto que lo incluye está retrasado, lo que es muy frecuente en nuestro medio, pues no hay ningún inconveniente en agregarlo dentro del contrato ya suscrito. Se precisan los detalles, se elabora el expediente técnico respectivo, se fijan sus costos y se suscribe el documento que lo formaliza. Obviamente se retira ese puente del paquete que está atrasado a efectos de que no se haga dos veces si es que en algún momento se opta por esa licitación. 

¿Hay algo de ilícito en eso? Quizás algo de falta de previsión, sin duda. Pero nada más. No se puede sostener lo mismo si los precios que se acuerdan resultan muy elevados para el número y las calificaciones de profesionales y obreros que se van a asignar al trabajo, para la calidad de los materiales que se van a emplear y para la maquinaria y los equipos que se van a poner en operación. Podría haber una sobrevaloración, es cierto, pero ese es otro problema que se vincula con el control de la obra que necesariamente debe ponerse, para que se haga bien, en manos de supervisores especializados contratados por concurso, totalmente independientes de la entidad que convoca el proceso y del mismo contratista que la ejecuta. 

Tampoco se puede afirmar lo mismo si en efecto no se elimina el puente del conjunto de obras que se tenía pensado ejecutar en paquete. En algunas entidades se convocan procedimientos dobles o licitaciones fraudulentas para una misma prestación o para alguna que no se va a hacer nunca, con el objeto de malversar fondos públicos y enriquecer ilícitamente a determinadas autoridades. Esos delitos deben perseguirse y sancionarse con todo el peso de la ley, como todos aquellos que se cometen en agravio del país y de su desarrollo. 

Lo que extraña, sin embargo, es que todavía haya gente que cree que eso de añadirle encargos al contratista no solo es ilícito sino que le ocasiona un perjuicio al Estado que debe resarcirse. En otras palabras, haces el puente para que la obra cumpla con su propósito, cobras lo que corresponde y después tienes que devolver lo que has cobrado pero el país se queda con el puente. Naturalmente no te lo devuelven y lo invertido y gastado queda ahí. Ni siquiera se toman la molestia de advertirte que no te pagarán el puente y que si quieres lo desmontes y te lo lleves a tu casa, lo que obviamente no sería posible ni en sentido figurado. Eso no es otra cosa que una nueva apropiación ilícita, del Estado en perjuicio del contratista y no al revés. El país logra su propósito, que la carretera conecte Lima con Chosica sin interrupción alguna, con el puente incorporado, al precio de una carretera sin el puente. Como para no creerlo. 

Esas personas piensan que no se le debe agregar nada a ningún proyecto y que en nuestro caso la carretera debió quedarse como estaba previsto desde un principio, desde Lima hasta el borde del río y desde la otra orilla del río hasta Chosica. Como para colgar del pescuezo a los alcaldes o gobernadores involucrados en este que sería a no dudar el escándalo del año porque la obra no cumpliría el fin para el que fue diseñada que es el de unir distritos y no separarlos. Otra obra fantasma que no sirve para nada y que sólo cumple con lo originalmente proyectado. Esté bien o esté mal. 

Un ejemplo más simple: Se celebra un contrato para que un proveedor entregue cien máquinas calculadoras para una entidad cualquiera. En el camino se confirma que se necesitan veinticinco más. Se le consulta al vendedor si puede incrementar el pedido en esa cantidad. El proveedor acepta, se emite la orden de compra adicional y después viene el órgano de control y anula todo. Las ciento veinticinco calculadoras ya están en el depósito de la entidad. Sin embargo, sólo se pagan cien. Se encuentra alguna deficiencia en el proceso destinado a aumentar el número de bienes requeridos. Se pagan cien pero no se devuelven las veinticinco restantes. ¿Qué es eso? Pagas por cien y tienes ciento veinticinco. Eso es otra apropiación ilícita. 

Acto seguido, el contratista y el proveedor le reclaman a la entidad por lo ejecutado y lo suministrado y como no tienen éxito en la gestión, pese a que les prometen solucionar el asunto de ventanilla en ventanilla, optan por pedir un arbitraje que es la fórmula, supuestamente rápida y eficaz, ideada para resolver los conflictos que se susciten una vez suscritos los contratos. Como no puede ser de otra manera, después de procesos innecesariamente extensos y complicados, obtienen resultados más o menos satisfactorios. Los tribunales no suelen conceder todo lo que se les solicita pese a que puede estar muy bien sustentado por cierto temor de terminar inmersos en alguna acción penal habitualmente injusta que pretende hacerlos aparecer coludidos con el demandante, práctica que tiende a generalizarse y que acabará por ahuyentar del arbitraje a todos los profesionales serios y honestos que no quieren encontrarse en sus carreras con esta clase de inconvenientes. 

Como en casos como los descritos, las entidades no tienen ninguna posibilidad de éxito, los procuradores, patrocinados por pésimos consejeros, se dedican a dilatar y a entorpecer el trámite del arbitraje con diversos artilugios que los árbitros y los centros que administran esta clase de reclamaciones toleran en exceso y que distorsionan por completo la esencia del arbitraje. Dejan de hacerlo, desde luego, cuando están confabulados con quien acciona, eventualidad en la que no solo facilitan el proceso sino que se abstienen de interponer recursos que puedan diferir el pago de la deuda, pues en tal hipótesis ellos recibirán también un ilegítimo porcentaje. Esperamos que no sean la mayoría. Confiamos aún en que un buen número de funcionarios públicos sean todavía profesionales que no se prestan a estos contubernios y que se desempeñan con corrección, en ocasiones con excesivo celo en sus labores hasta el punto de hacerle la vida imposible a quienes deberían dispensarles el trato de clientes. 

Concluidos los arbitrajes los proveedores se disponen a cobrar sus acreencias. No lo podrán hacer. Surgirán nuevas observaciones y nuevas exigencias de parte de los funcionarios buenos que quieren rodearse de todas las seguridades como de los funcionarios malos que quieren que se les retribuya por agilizar el pago. A veces, demoran en cobrar más tiempo del que invirtieron en el proceso. Y cuando cobran a menudo deben renunciar a los intereses, recibir menos de lo ordenado y fraccionado en partes. Si es que les pagan. Lo que las estadísticas aún no revelan –me canso de señalar– es el porcentaje que se paga de los laudos que dirimen las discrepancias entre entidades y contratistas. Menos aún, las condiciones en que se lo hace. Menuda sorpresa nos llevaremos cuando conozcamos esa información. 

Mientras tanto, algunos procuradores estiman que hay que enjuiciar a los árbitros que emiten esas disposiciones y, lo que es todavía más increíble, condenarlos al pago de reparaciones civiles equivalentes a los montos que ordenaron pagar sin siquiera tomarse la molestia de verificar si esas medidas corresponden a obras necesarias con costos razonables o si se trata de obras innecesarias o con costos manifiestamente sobrevalorados. Ese detalle sólo lo puede precisar un peritaje técnico independiente que evalúe correctamente cada situación que se somete a su consideración. 

A los supervisores, dígase de paso, también se los quiere hacer responsables solidarios por el íntegro del contrato de ejecución de la respectiva obra, convirtiéndolos en la práctica en garantes de aquellos cuyo trabajo deben controlar. Detrás de esa iniciativa están quienes, desde el sector público, aspiran a fiscalizar la labor de esos consultores y hasta a reemplazarlos en sus funciones, observando y cuestionando sus decisiones pero en su caso sin responsabilidad alguna, en una virtual estatización de tales actividades que no se condice con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado. 

El espesor de una pista, por ejemplo, puede estimarse en siete centímetros según los manuales más conocidos pero condicionado para soportar una carga previamente determinada. Como en nuestro país no hay balanzas que pesen a los camiones antes de entrar a ciertas vías los proyectistas cuidan la inversión pública y le agregan un par de centímetros más. Después viene el órgano de control y cuestiona esos dos centímetros adicionales que en su opinión, sin ninguna prueba, benefician al contratista y perjudican al Estado. Naturalmente, si el proyectista se hubiera ceñido a los siete centímetros y como consecuencia del sobrepeso la pista se hubiera venido abajo, el órgano de control también lo hubiera responsabilizado por no prever lo que iba a ocurrir. En consecuencia, el proyectista siempre es el culpable, si pone de más y si pone de menos. 

En condiciones como las descritas resulta de harto riesgo ser contratista en el Perú. Ahora muy fácilmente te involucran en cualquier denuncia y te abren procesos penales sólo por el hecho de haber contribuido con tus conocimientos a resolver materias especialmente complejas que nadie entiende ni quiere entender. Desde luego que hay que castigar severamente a quienes incurren en toda clase de delitos pero en esa tarea no se pueden equivocar los objetivos y terminar condenando a la parálisis a toda la inversión pública. Así como está la situación, nadie se atreve a tomar ninguna decisión en la administración del Estado y nadie tampoco se anima a pagar una deuda, a aprobar una ampliación de plazo, a cuantificar un adicional de obra. 

Es hora de repensar si estamos actuando correctamente y eventualmente de reconocer que estamos excediéndonos en las tareas criminalizándolo todo. 

EL EDITOR