lunes, 24 de julio de 2017

La leyenda del bandido montado a caballo arrasando el tesoro público

DE LUNES A LUNES

Hace unos días en una sintonizada radio de alcance nacional, alguien –a quien me resisto a calificar como periodista– dijo que la prueba de que los contratistas armaban un cartel era el hecho de que todos presentaban ofertas por el mismo valor, lo que evidencia que había además una concertación de precios destinada a evitar la mutua competencia. La afirmación que pretendía ilustrar a su audiencia sobre las modalidades con que actúan algunos proveedores del Estado reveló, más bien, una ignorancia tremenda.
El autor de esa aseveración desconoce que la normativa sobre contratación pública, hasta no hace mucho, asignaba el mayor puntaje a la propuesta económica más baja que se presentaba a una determinada licitación, dentro de un rango que iba entre el noventa y el ciento diez por ciento del valor referencial o presupuesto con que se convocaba el correspondiente proceso o –como se dice ahora– procedimiento de selección. Como naturalmente ningún postor quería perder puntos en esta instancia, absolutamente todos formulaban sus ofertas al noventa por ciento que es el tope mínimo que podía y puede admitirse.
Algunos aventureros se arriesgaban a consignar montos mayores cuando presentían que iban a ser postores únicos. Cuando estaban completamente seguros de que no tendrían competencia lanzaban sus propuestas al límite del ciento diez por ciento por encima del valor referencial, pero esos eran casos raros porque nunca nadie podía controlar todo y evitar la aparición en el último minuto de un contratista dispuesto a aguarle la fiesta. La idea, detrás de la oferta al tope, era naturalmente la de no dejar dinero sobre la mesa y arañar hasta el último centavo posible.
Diría que hasta era una práctica más o menos comprensible en el entendido de que la mayoría de valores referenciales se calculaban, como desafortunadamente se calculan hasta ahora, con serias deficiencias –sobre la base de precios históricos fracasados, experiencias desastrosas y tarifas muy atrasadas– al punto que muchos proveedores honestos, nacionales y extranjeros, se abstenían y se abstienen de intervenir en varios procesos porque sus presupuestos son insuficientes para realizar lo que se proponen con tranquilidad y confianza.
El sistema ha cambiado algo. Ahora se le asigna la mayor calificación a la oferta que se encuentre más próxima al promedio de todas las que quedan en carrera después de una primera eliminación que se hace de todas aquellas que se ubican por debajo del ochenta por ciento de un primer promedio. Se prioriza, por tanto, a la que se presente por un monto más cercano al mercado. Lo malo es que la fórmula ha conservado el límite superior del ciento diez por ciento pero ha desechado el límite inferior del noventa por ciento, con lo que ha abierto la puerta a las propuestas ruinosas que si aparecen en pelotón pueden subsistir y empujar hacia abajo los promedios. Lo bueno, en medio de todo, es que ya no se premia a la oferta más baja que no es la mejor y lo más probable es que esté más lejos de serlo. Tampoco se premia a la de monto más alto que tampoco necesariamente es la mejor, aunque quizás esté más cerca de serlo. Se premia el justo medio, el promedio del mercado. Si esta fórmula mantuviera el tope inferior del noventa por ciento sería ideal.
Las prácticas ilícitas orientadas a dirigir los procesos con el objeto de que sean adjudicados a proveedores elegidos previamente deben combatirse con todo el peso de la ley, sin duda. Pero en ese propósito no se puede confundir el escenario y encontrar en cada contratista a un bandido montado sobre un caballo dispuesto a arrasar con el tesoro público, como si fuera una vieja leyenda del lejano oeste. La mayoría de proveedores sufren muchas penurias para cobrar sus acreencias y para subsistir en un medio habitualmente hostil en el que se castiga el éxito y se cree que todo aquel que algo ha logrado lo ha hecho a despecho de los demás, pisoteando derechos y esquilmando obligaciones. Y eso, por fortuna, en la mayoría de casos no es así.
EL EDITOR

3 comentarios:

  1. Excelente aclaración. Para hablar del tema uno debe conocerlo y no aventurarse a decir cosas que no son ciertas como hace mucha gente de prensa

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  2. Buen punto, pero su apreciación no descarta la existencia de cartel o concertación de precios u otras prácticas oligopólicas, no?

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    1. Efectivamente, no descarto nada. Pero está claro que no puede haber concertación de precios porque los postores no son los que los fijan sino las entidades y sólo se admiten hasta por el diez por ciento por encima del valor referencial. Así quisieran no pueden elevarlos aun en el caso de que lo soliciten con sólidos argumentos en la etapa de consultas y observaciones. Si la entidad no mueve su presupuesto no hay forma de cambiar los precios.

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