DE LUNES A LUNES
Hace
unos días en una sintonizada radio de alcance nacional, alguien –a quien me
resisto a calificar como periodista– dijo que la prueba de que los contratistas
armaban un cartel era el hecho de que todos presentaban ofertas por el mismo
valor, lo que evidencia que había además una concertación de precios destinada
a evitar la mutua competencia. La afirmación que pretendía ilustrar a su
audiencia sobre las modalidades con que actúan algunos proveedores del Estado
reveló, más bien, una ignorancia tremenda.
El
autor de esa aseveración desconoce que la normativa sobre contratación pública,
hasta no hace mucho, asignaba el mayor puntaje a la propuesta económica más
baja que se presentaba a una determinada licitación, dentro de un rango que iba
entre el noventa y el ciento diez por ciento del valor referencial o
presupuesto con que se convocaba el correspondiente proceso o –como se dice
ahora– procedimiento de selección. Como naturalmente ningún postor quería
perder puntos en esta instancia, absolutamente todos formulaban sus ofertas al
noventa por ciento que es el tope mínimo que podía y puede admitirse.
Algunos
aventureros se arriesgaban a consignar montos mayores cuando presentían que
iban a ser postores únicos. Cuando estaban completamente seguros de que no
tendrían competencia lanzaban sus propuestas al límite del ciento diez por
ciento por encima del valor referencial, pero esos eran casos raros porque nunca
nadie podía controlar todo y evitar la aparición en el último minuto de un
contratista dispuesto a aguarle la fiesta. La idea, detrás de la oferta al
tope, era naturalmente la de no dejar dinero sobre la mesa y arañar hasta el
último centavo posible.
Diría
que hasta era una práctica más o menos comprensible en el entendido de que la
mayoría de valores referenciales se calculaban, como desafortunadamente se
calculan hasta ahora, con serias deficiencias –sobre la base de precios
históricos fracasados, experiencias desastrosas y tarifas muy atrasadas– al
punto que muchos proveedores honestos, nacionales y extranjeros, se abstenían y
se abstienen de intervenir en varios procesos porque sus presupuestos son
insuficientes para realizar lo que se proponen con tranquilidad y confianza.
El
sistema ha cambiado algo. Ahora se le asigna la mayor calificación a la oferta
que se encuentre más próxima al promedio de todas las que quedan en carrera
después de una primera eliminación que se hace de todas aquellas que se ubican
por debajo del ochenta por ciento de un primer promedio. Se prioriza, por
tanto, a la que se presente por un monto más cercano al mercado. Lo malo es que
la fórmula ha conservado el límite superior del ciento diez por ciento pero ha
desechado el límite inferior del noventa por ciento, con lo que ha abierto la
puerta a las propuestas ruinosas que si aparecen en pelotón pueden subsistir y
empujar hacia abajo los promedios. Lo bueno, en medio de todo, es que ya no se
premia a la oferta más baja que no es la mejor y lo más probable es que esté
más lejos de serlo. Tampoco se premia a la de monto más alto que tampoco
necesariamente es la mejor, aunque quizás esté más cerca de serlo. Se premia el
justo medio, el promedio del mercado. Si esta fórmula mantuviera el tope inferior
del noventa por ciento sería ideal.
Las
prácticas ilícitas orientadas a dirigir los procesos con el objeto de que sean
adjudicados a proveedores elegidos previamente deben combatirse con todo el
peso de la ley, sin duda. Pero en ese propósito no se puede confundir el
escenario y encontrar en cada contratista a un bandido montado sobre un caballo
dispuesto a arrasar con el tesoro público, como si fuera una vieja leyenda del
lejano oeste. La mayoría de proveedores sufren muchas penurias para cobrar sus
acreencias y para subsistir en un medio habitualmente hostil en el que se
castiga el éxito y se cree que todo aquel que algo ha logrado lo ha hecho a
despecho de los demás, pisoteando derechos y esquilmando obligaciones. Y eso,
por fortuna, en la mayoría de casos no es así.
EL
EDITOR
Excelente aclaración. Para hablar del tema uno debe conocerlo y no aventurarse a decir cosas que no son ciertas como hace mucha gente de prensa
ResponderEliminarBuen punto, pero su apreciación no descarta la existencia de cartel o concertación de precios u otras prácticas oligopólicas, no?
ResponderEliminarEfectivamente, no descarto nada. Pero está claro que no puede haber concertación de precios porque los postores no son los que los fijan sino las entidades y sólo se admiten hasta por el diez por ciento por encima del valor referencial. Así quisieran no pueden elevarlos aun en el caso de que lo soliciten con sólidos argumentos en la etapa de consultas y observaciones. Si la entidad no mueve su presupuesto no hay forma de cambiar los precios.
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