Facilitar tareas y agilizar trámites para reactivar las obras

Hace unos días el contralor general de la República declaró, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que en la actualidad el país tiene 2 mil 445 obras paralizadas cuyo valor supera los 18 mil 360 millones de soles. También precisó que hay 160 proyectos cuyo valor supera los mil 140 millones de soles que esperan que su ejecución sea reactivada. La paralización de las obras se debe, según el economista Nelson Shack Yalta, a cinco motivos: proyectos en litigio, expedientes técnicos mal elaborados, falta de disponibilidad de terrenos, problemas con la administración directa y problemas con los residentes, inspectores o supervisores.

Mil 776 obras paralizadas están bajo el ámbito de los gobiernos locales lo que representa el 72.64 por ciento del total, un volumen muy elevado que pone en evidencia que las deficiencias mayores largamente se encuentran focalizadas en los municipios. Se puede señalar, en promedio, que no hay alcaldía que no tenga cuando menos una obra detenida. El contralor dijo que sólo 66 obras están reactivadas y que las demás siguen pendientes pese a haberse establecido un procedimiento para el efecto que incluye el mapeo realizado por los gobiernos regionales y locales para sobre esa base elaborar una lista de prioridades en el marco del Decreto de Urgencia 008-2019 que dispuso medidas extraordinarias para la reactivación de las obras públicas a nivel nacional.

Shack advirtió que si se aprueban algunas normas y se habilitan partidas específicas el problema podría estar resuelto en seis meses porque se necesitan acciones de naturaleza técnica que toman tiempo y demandan recursos. Ello, no obstante, adelantó que ya están totalmente identificados cerca de 2 mil  500 proyectos, región por región, por un valor de 18 mil millones de soles. De todos ellos, existen 359 obras que pueden reactivarse al amparo del Decreto de Urgencia 008-2019, pero sólo 160, por un valor de mil 140 millones, están listas y 66 ya se reactivaron. La Contraloría está haciendo el respectivo seguimiento a las 160 para que puedan echarse a andar cuanto antes.

En lo que respecta a las causales hay que indicar, en primer término, que la ejecución de las obras no debe suspenderse por el hecho de que se encuentren en litigio, salvo que éste sea por la continuación de los trabajos en un sentido u otro. Ningún juicio o arbitraje debe conducir a la paralización de las obras. Tanto es así que ahora la normativa ha empujado los arbitrajes para que se inicien al final de las obras y en sus instancias intermedias se recurra a la conciliación o la junta de resolución de disputas justamente para evitar cualquier incidente que pueda afectar su prosecución.

En segundo lugar, para que las obras no se dilaten como consecuencia de la necesidad de adecuar el expediente técnico a las modificaciones que experimenta la geografía o a las variaciones del entorno es imprescindible dotar a los proyectistas de los fondos indispensables para alcanzar un estudio lo más completo posible. Es evidente que en determinados casos, como en carreteras, ductos, canales y de proyectos que comprenden amplias extensiones de terreno, no es posible obtener información confiable sobre el comportamiento del suelo sino por aproximaciones y promedios que a la hora de la construcción deben ajustarse a los requerimientos de la realidad y eso genera adicionales y en ocasiones ampliaciones de plazo que tienen que estar previstas.

En construcciones urbanas, de centrales, comercios, industrias y otras focalizadas es más probable tener información completa y los riesgos de tener que introducir cambios en el expediente técnico son notoriamente menores, pero no imposibles. Lo importante en cualquier escenario es tener todo listo para introducir las reformas, no perder tiempo y menos detener la obra.

No tener el terreno saneado física o legalmente es quizás la fuente de mayores paralizaciones. De ordinario es porque las entidades involucradas no coordinan sus esfuerzos y a menudo aparecen las interferencias que impiden la ejecución de la obra. Los servicios de luz, agua, desagüe, teléfonos y cables diversos son los que se entrecruzan en la ruta de la carretera, del tren o debajo de la central o del edificio. Mover esos tendidos demora y a veces se hace sin las previsiones al punto de ocasionar inundaciones, apagones y otros problemas de índole similar.

Otro tanto se puede decir de los terrenos que deberían estar disponibles y cuyo trámite de expropiación dura más de lo estimado o entra en juicio. Eso impide, desde luego, la ejecución de las obras. La fórmula de superar estos problemas no pasa, sin embargo, por modificar la Ley de Contrataciones del Estado sino por aprobar otros dispositivos destinados a hacer más efectivo el proceso.

Los problemas derivados de la administración directa o con residentes, inspectores o supervisores son menores y se presentan mayormente cuando los contratistas pretenden imponer criterios ajenos a las especificaciones técnicas de cada proyecto en el afán de incrementar utilidades y con cargo a colocar menos concreto, menos fierro, menos equipos y menos materiales en general cuando no menos personal. Esas maniobras, mientras exista un control directo y permanente es cada vez más difícil.

Reiniciar las obras paralizadas pasa por una actitud positiva por parte de las entidades y de las autoridades de los distintos niveles de gobierno y de los órganos de control comprometidos en facilitar las tareas y agilizar los trámites. Si esa colaboración se logra, el resto caerá por su propio peso. (RG)

 

 

 

 

Alicia Gandolfo Landauro

Abogada

Especialista en derecho civil, corporativo,

societario, notarial y registral

 

Trámites antes el OSCE y trámites legales para peruanos en el extranjero, estudio de títulos, transferencia de bienes inmuebles y vehículos, rectificación de partidas, testamentos, sucesiones y anticipos de herencia, juntas generales de accionistas y asesorías diversas.

 

alicia@gandolfolaw.com

@aliciagandolfo.abogada