Algunas entidades que encargan la elaboración de estudios a determinados contratistas tienen la buena costumbre de contratar supervisores que controlen esas actividades. Una mala costumbre, que tiende a reproducirse muy rápidamente, es la de agregar un supervisor adicional para verificar las labores de los reales supervisores.
El supervisor del supervisor suele ser otro profesional convocado por las entidades que puede provenir del sector público o privado, indistintamente, pero que lo único que hace es dilatar la aprobación de los trabajos y petardear comprensiblemente lo realizado por aquél que tiene legalmente a su cargo el control de la ejecución de los estudios en desarrollo.
El verdadero supervisor es el que cumple con las tareas que se le confían responsablemente y que responderá por las decisiones que adopta. No lo es, sin duda, quien no asume ninguna responsabilidad y que sólo está para darle una mayor garantía a los funcionarios de la entidad que prefieren eludir lo más que puedan la obligación de elegir opciones y aprobar determinados servicios.
En circunstancias, como la actual, en las que es importante inyectar liquidez a los operadores del sistema es imprescindible eliminar esa segunda supervisión que lo único que hace es duplicar acciones, atrasar autorizaciones y diferir los pagos que en estos momentos no pueden esperar.
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