domingo, 25 de agosto de 2013

Aranceles en defensa de la industria nacional

DE LUNES A LUNES
El viernes se anunció que los comerciantes de Gamarra, ese dinámico emporio industrial ubicado en el corazón del pujante distrito de La Victoria, paralizarán sus labores el 5 de setiembre en señal de protesta por las facilidades que el gobierno brinda a las importaciones de ropa fabricada en China que llega subvaluada, usada y de contrabando. La jornada pretende defender la industria peruana y la mano de obra nacional. Diógenes Alva, vocero de los comerciantes, ha declarado que grandes cadenas de almacenes y diversas tiendas están ofreciendo ropa china usada que ingresa al país clandestinamente desde Bolivia. Denunció que en Tacna esta mercadería se vende por fardos y que por el Callao entra todo subvaluado. Los volúmenes han llegado a poner en riesgo la continuidad del conocido emporio comercial en el que trabajan más de 300 mil personas que podrían perder sus puestos si es que no se controla esta invasión de productos de mala calidad que compiten deslealmente con lo que se fabrica aquí.
Está muy bien dar facilidades para que haya una mayor oferta a favor de los consumidores y compradores locales. Lo que está muy mal es que se den facilidades para que productos de baja calidad se vendan en mejores condiciones que lo que se fabrica en el país. El Perú debería administrar su política arancelaria como lo hacen otras naciones, con criterio selectivo. Es conocida la práctica de los Estados Unidos, quizás uno de los países más liberales, de elevar los aranceles al hierro que importa con el objeto de que su poderosa industria militar no dependa de productos del exterior sino de los suyos que, como consecuencia de esta política, terminan siendo menos onerosos. A ningún gobierno se le puede criticar por manejar su política arancelaria en defensa de su propia industria. Eso es lo que están pidiendo los comerciantes de Gamarra. Que se defienda a la industria nacional.
El mismo temperamento advierten algunos observadores en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 184-2008-EF y modificado mediante el Decreto Supremo 138-2012-EF, en el extremo en el que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 de la LCE, fija en 90 por ciento del valor referencial el límite a partir del cual se pueden admitir propuestas económicas en el caso de ejecución y consultoría de obras de suerte tal que el postor que oferte un monto por debajo de ese porcentaje será descalificado.
Ello, no obstante, es preciso indicar que esta medida no se ha incorporado en la normativa con el deliberado objetivo de defender a la industria nacional aunque ciertamente eso también hace. Se ha establecido con el propósito de evitar que se presenten lo que la doctrina y la práctica universal conoce como “ofertas ruinosas” que no son sino aquellas que, precisamente por encontrarse muy por debajo de los valores mínimos, están destinadas al fracaso pero que se presentan animadas por algunas corruptelas o malas prácticas que eventualmente pueden resarcir de sus pérdidas a quienes las suscriben (PROPUESTA 325). Al impedir ese tipo de propuestas en realidad la normativa protege a aquellos postores que elaboran ofertas serias y que cumplen con sus obligaciones a diferencia de esos aventureros, a menudo procedentes del exterior, que vienen como aves golondrinas en busca de alguna oportunidad y que no tienen ningún escrúpulo en formalizar ofertas por debajo de toda previsión pues al final se irán con la misma rapidez con la que llegaron.

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