La Contraloría General de la República ha
convocado a la población de todo el país a participar como veedores ciudadanos
para resguardar, según refirió, el buen uso de los recursos públicos en la
ejecución de las obras públicas y en las contrataciones de bienes y servicios,
con el objeto de sumar 2 mil 500 nuevos integrantes al Programa de Monitores
Ciudadanos de Control.
Según la información que se divulgó la semana
pasada, estos monitores son ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su
comunidad que de forma voluntaria y sin ninguna retribución de por medio
intervienen en el control social que, por de pronto, en consideración a la
emergencia sanitaria, se ejecuta de manera virtual.
La nota destaca que gracias a los monitores se
realizaron 262 acciones de control por la irregular distribución de canastas
básicas familiares para la población vulnerable en el marco de la pandemia que
azota al país.
También refiere que estos veedores efectúan
vigilancia ciudadana a las obras y otras contrataciones públicas que se les
encarga en la jurisdicción de sus respectivos domicilios para verificar que se
ejecuten de acuerdo a la normas vigentes, pretensión que, en mi opinión, escapa
de los alcances y de las posibilidades de estos respetables ciudadanos.
Independientemente de la obra o de la
prestación de que se trate se requiere de profesionales altamente capacitados y
con pleno dominio de la especialidad involucrada en la operación y con el
asesoramiento legal y técnico que sea pertinente. De lo contrario, los malos
contratistas y malos concesionarios -que
no abundan pero que pueden multiplicarse ante la falta de un adecuado control-
podrían hacer de las suyas y burlar sus obligaciones contractuales con el
propósito vil de incrementar ilegalmente sus ganancias.
Está muy bien que la ciudadanía contribuya al
control de las obras que se ejecutan en sus distritos y provincias. Lo que
estaría muy mal es que las obras y demás prestaciones queden libradas
únicamente a esa inspección.
La Ley de Contrataciones del Estado y la Ley
de Presupuesto del Sector Público exigen que a partir de determinado monto toda
obra pública tenga una supervisión independiente, directa y permanente
contratada mediante concurso. Pese a no existir obligación alguna, las
entidades también contratan supervisiones independientes, directas y
permanentes para la elaboración de expedientes técnicos, para el suministro de
bienes y servicios y para todas las otras contrataciones que efectúan. Lo hacen
con el reconocido objeto de asegurarse que las prestaciones sea realicen
conforme a lo convenido.
Por ningún motivo se puede prescindir de esas
supervisiones independientes, directas y permanentes. Hacerlo puede poner en
grave riesgo a la misma población. Ya se sabe que los malos contratistas y
concesionarios ponen menos personal, maquinaria, equipos y materiales o de
menor calidad sorprendiendo la buena voluntad de los veedores ciudadanos o
actuando a sus espaldas.
De seguro que ellos, los malos contratistas y
los malos concesionarios son los primeros que alientan la convocatoria de
nuevos monitores que ocupen los espacios de los supervisores serios y honestos
que les impiden hacer de las suyas.
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