Con licencia para matar
El Centro de Análisis y
Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú que
dirige el doctor César Guzmán Barrón organizó el martes 16 un concurrido Conversatorio
sobre la Experiencia de los Disputes Boards en América Latina en el Centro
Esquilache y en cuyo desarrollo expuso el doctor Roberto Hernández García,
abogado mexicano especializado en la materia. Varios asistentes nos confiaron
que tomaron conocimiento del evento a través del anuncio que hicimos en nuestra
última edición, detalle que nos satisface porque demuestra una importante capacidad
de convocatoria y de colaboración que siempre ponemos al servicio de esta clase
de actividades.
Actuaron como panelistas los
miembros de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción Ricardo
Rodríguez, Jaime Gray y Carlos López. Este último respondió, sin mencionarnos,
a las críticas y sugerencias que formulamos la semana pasada en relación a este
mecanismo de solución de controversias y al interés de incorporarlo en el Perú en
la normativa sobre contratación pública. Específicamente se mostró en
desacuerdo con el planteamiento de dividir materias y de dejar algunas
cuestiones para que sean ventiladas directamente y sin escalas en la vía
arbitral.
El expositor no puedo asegurar, al
ser requerido, alguna forma para evitar que las entidades del Estado vayan a
terminar convirtiendo a los dispute boards en una instancia más que dilate y
encarezca toda reclamación, peligro que en realidad amenaza a toda fórmula que
no sea vinculante y obligatoria para las partes. Confió, más bien, en la
capacidad de los operadores para entender y asimilar las decisiones que se
emitan con un criterio que desafortunadamente no podrá alcanzarse con las
normas de control que tenemos.
La comparación de los dispute
boards y el arbitraje con la carreta y el automóvil sin bien resultó muy
original no calza con la realidad porque nadie se imagina al arbitraje, que tan
buenos resultados cosecha, como un carruaje antiguo tirado por caballos que
sólo le da vueltas a la Plaza de Armas y que no tiene ninguna utilidad mayor.
Con licencia para matar
El Centro de Análisis y
Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú que
dirige el doctor César Guzmán Barrón organizó el martes 16 un concurrido Conversatorio
sobre la Experiencia de los Disputes Boards en América Latina en el Centro
Esquilache y en cuyo desarrollo expuso el doctor Roberto Hernández García,
abogado mexicano especializado en la materia. Varios asistentes nos confiaron
que tomaron conocimiento del evento a través del anuncio que hicimos en nuestra
última edición, detalle que nos satisface porque demuestra una importante capacidad
de convocatoria y de colaboración que siempre ponemos al servicio de esta clase
de actividades.
Actuaron como panelistas los
miembros de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción Ricardo
Rodríguez, Jaime Gray y Carlos López. Este último respondió, sin mencionarnos,
a las críticas y sugerencias que formulamos la semana pasada en relación a este
mecanismo de solución de controversias y al interés de incorporarlo en el Perú en
la normativa sobre contratación pública. Específicamente se mostró en
desacuerdo con el planteamiento de dividir materias y de dejar algunas
cuestiones para que sean ventiladas directamente y sin escalas en la vía
arbitral.
El expositor no puedo asegurar, al
ser requerido, alguna forma para evitar que las entidades del Estado vayan a
terminar convirtiendo a los dispute boards en una instancia más que dilate y
encarezca toda reclamación, peligro que en realidad amenaza a toda fórmula que
no sea vinculante y obligatoria para las partes. Confió, más bien, en la
capacidad de los operadores para entender y asimilar las decisiones que se
emitan con un criterio que desafortunadamente no podrá alcanzarse con las
normas de control que tenemos.
La comparación de los dispute
boards y el arbitraje con la carreta y el automóvil sin bien resultó muy
original no calza con la realidad porque nadie se imagina al arbitraje, que tan
buenos resultados cosecha, como un carruaje antiguo tirado por caballos que
sólo le da vueltas a la Plaza de Armas y que no tiene ninguna utilidad mayor.
Buenas tardes. Soy Roberto Hernández, el expositor al que hace referencia el Doctor Gandolfo.
ResponderEliminarAprecio los comentarios del Doctor, y me gustaría, saber cual es la propuesta que el Doctor Gandolfo hace para que en Latinoamérica evitemos obras públicas no concluidas, obras interrumpidas, y finalmente litigios post-mortem. Siendo yo un gran creyente del arbitraje, escucho con tristeza que varios países de nuestra región consideran que este medio de solución de controversias ha sido secuestrado por actores no éticos calificados inclusive como corruptos (solamente reproduzco lo que escuché, no lo afirmo). Confío en que el Doctor Gandolfo podrá hacer una propuesta sensata, dado su conocimiento en la materia. Doctor: desde México un saludo afectuoso. Ya no lo pude ver para conversar, pero espero que tengamos tiempo en un futuro. Un abrazo
La solución para evitar que las obras públicas terminen paralizadas y en litigio está en los contratos que se suscriben para ejecutarlas. En la medida que esos contratos reflejen precios razonables y obligaciones susceptibles de ser cumplidas, en esa misma medida pueden concluir satisfactoriamente. Si, por el contrario, esos contratos comprenden valores insuficientes y objetivos imposibles, invariablemente van a generar conflictos. Los conflictos deben resolverse de la manera más rápida y eficiente. Si es durante la misma ejecución del contrato, a través del dispute board, que es una fórmula de mucho éxito en el sector privado y señaladamente en el ámbito FIDIC; si es después, a través del arbitraje, que es una fórmula más antigua destinada a resolver litigios donde es más difícil que las partes admitan una solución intermedia. En el Perú los arbitrajes duran la décima parte que los juicios, en promedio de 7 meses a un año, y el riesgo de que los brazos de la corrupción lo dominen es menor porque aquí, en contratación pública y en breve en los demás casos, las resoluciones y laudos se publican y la transparencia y la publicidad terminan licuando y expectorando de la actividad a todos aquellos que incurren en malas prácticas. Adicionalmente pueden ser demandados y sometidos a juicios interminables que más bien deberían regularse para que no se abuse de ellos, no se crea que son una instancia más del proceso y no terminen ahuyentando a los mejores profesionales del ejercicio de esta modalidad de solución de disputas. Muchas gracias por su comentario, Dr. Hernández. Me felicito de encontrarnos en la misma línea de lucha por más transparencia y más celeridad en la resolución de conflictos. Un abrazo. Ricardo Gandolfo.
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