domingo, 3 de marzo de 2013

Combatiendo la ineficiencia

DE LUNES A LUNES
Según información del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado hay 1,400 entidades a las que les faltan capacidades logísticas adecuadas para realizar con eficiencia sus compras. El asunto es particularmente preocupante pues ese número representa la mitad del total de entidades sujetas a la supervisión del OSCE.
El organismo admite que esa realidad provoca que en las actividades preparatorias vinculadas a las diversas licitaciones y concursos que se convocan, tales como el levantamiento de estudios de mercado, la determinación de requerimientos técnicos mínimos y la elaboración de términos de referencia, entre otros, se consuma más del doble del tiempo que se invierte en el mismo proceso de selección.
Eso también provoca, agregamos nosotros, que, a pesar del mayor tiempo requerido, no se calculen correctamente los valores referenciales lo que no sólo retrasa la satisfacción de las necesidades que se pretenden atender sino que genera presupuestos insuficientes con los que no es posible obtener una prestación de la calidad debida en el plazo oportuno y al costo adecuado, con las consecuencias que todos conocemos.
Es verdad que los presupuestos son, como lo hemos señalado reiteradamente, un conjunto de supuestos previos que tienden a ajustarse a medida que se confrontan con la realidad. No menos cierto es que disponiendo de mayores recursos para su estimación y cálculo, los ajustes tienden a ser menores en el entendido que los resultados de las respectivas mediciones se acercan más a lo posible.
Con el propósito de superar todos estos inconvenientes el OSCE se encuentra desarrollando líneas de acción para fortalecer las capacidades de los más de 24 mil funcionarios encargados de la logística en todas las entidades para que se desenvuelvan en el ejercicio de sus actividades con mayor dominio de la normativa y de los procedimientos, con mayor facilidad y rapidez. Para ese efecto, se han suscrito 14 convenios con aliados estratégicos, básicamente universidades y centros académicos de todo el país en cuya implementación ya se tiene certificados a más de 5 mil funcionarios en menos de dos años.
La mejor inversión que puede hacerse en materia de contratación pública es capacitar a quienes deben calcular valores referenciales, elaborar bases, convocar procesos de selección, evaluar y calificar propuestas,  adjudicar la buena pro y administrar contratos. Esa será siempre la más confiable garantía, conjuntamente con la transparencia y la publicidad, para evitar las malas prácticas en la administración pública y para evitar también que los procesos y los contratos se dilaten innecesariamente y se enreden en reclamaciones y discusiones absurdas.
EL EDITOR

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