Propuesta que honra al arbitraje

DE LUNES A LUNES

El ex presidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Álvarez Miranda, declaró no hace mucho, a propósito de la demora del Congreso de la República en designar a los miembros que faltan nombrarse, que debería permitirse que sea la sociedad civil la que proponga a quienes por su trayectoria académica y profesional pueden muy rápidamente convocar los consensos necesarios para lograr el objetivo hasta el momento esquivo, llegando a dar algunos nombres. Su sucesor, el doctor Óscar Urviola Hani, ha reiterado la misma invocación al jurar el cargo pidiendo incluso que se traslade a otras instituciones la facultad de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional.

El diario El Comercio, por su parte, el viernes 4 de enero, editorializó sobre el asunto, destacando que seis de los siete miembros tienen los plazos de sus nombramientos vencidos sin que el Congreso sea capaz de ponerse de acuerdo para reemplazarlos, puntualizando que la designación de uno de esos magistrados venció hace tres años y de otro, hace año y medio.

El decano de la prensa nacional, sin embargo, ha señalado, luego de resumir los planteamientos de los doctores Álvarez y Urviola, que la mejor solución es más fácil y que no se requiere que alguna institución encuentre los nombres de los juristas más aptos para “encargarse de ser los jueces máximos –en tanto que intérpretes supremos de la Ley Fundamental– de nuestro sistema jurídico.” Para El Comercio esos nombres ya existen y han sido seleccionados de la forma más independiente y confiable posible por la propia ciudadanía. Son los árbitros que se designan más a menudo para resolver las disputas que no se resuelven en el Poder Judicial. Es decir, “los abogados en cuya honestidad, independencia y pericia profesional las personas y empresas confían más para entregarles la solución de sus propios asuntos.”

El diario estima que esos nombres pueden consultarse a los principales centros de arbitraje que operan en el país de manera de que sea en efecto la sociedad civil la que los elija. Considera que se ganará en objetividad y en transparencia. Se evitará el sesgo político que por lo general tienen estas designaciones por el Congreso de la República que es precisamente lo que impide que los acuerdos se concreten. Concluye indicando que “para renovar el TC y darnos un pleno de lujo, el Congreso tiene la solución en bandeja, cortesía de la sociedad. Lo menos que puede hacer es servirse.”

En concreto, se propone escoger a los nuevos magistrados entre las listas de árbitros más solicitados y en especial entre aquellos que son designados para presidir los tribunales arbitrales en el entendido de que éstos son los que convocan los mayores consensos entre ellos mismos, que los eligen. Como se sabe, cuando se resuelven conflictos en la vía arbitral habitualmente cada parte nombra a un árbitro y éstos a su turno seleccionan al presidente de mutuo acuerdo. Si no llegan a ningún acuerdo en los plazos previstos, la institución arbitral designada hace la elección en sustitución de los árbitros. Esta misma institución elige al árbitro que alguna de las partes se ha negado a designar.

Para implementar el planteamiento sólo hay que pedir la información a los centros de arbitraje y esperar que los elegidos acepten el encargo. Al margen de que se trata de una solución muy interesante cabe rescatar que es una propuesta que honra al arbitraje y a los árbitros en circunstancias en que diversas críticas sólo buscan destacar su lado negativo sin ponderar, como en este caso, el amplio, seguro y transparente lado positivo que a todos nos corresponde difundir y defender.