¿Se puede pactar una segunda instancia arbitral?

En PROPUESTA 320 anunciamos la presentación del libro “La motivación defectuosa como causal de anulación del laudo” escrito por el doctor Julio Martín Wong Abad y señalamos que para nosotros con la Ley de Arbitraje se había eliminado la segunda instancia en los procesos arbitrales y que ya no podía ni siquiera pactarse entre las partes, alternativa esta última que el autor del texto estima que todavía es posible. Hace unos días, el doctor Wong ha aclarado y ampliado su posición sobre el particular consignándola en el blog de nuestro semanario en los términos que se reproducen a continuación, conjuntamente con nuestra respuesta y nuestro agradecimiento por su participación en la red.

El vocal Martín Wong ratifica su posición

2 de junio de 2013.

Estimado doctor Gandolfo:

Realmente es un privilegio que usted se haya tomado el tiempo de leer y comentar el libro que acabo de publicar. Esta deferencia suya me permite, sin ánimo de polémica alguna, tal vez aclarar o ampliar mi posición sobre la posibilidad de que las partes puedan pactar una etapa impugnatoria dentro del proceso arbitral.

En mi opinión el artículo 62 de la Ley de Arbitraje no prohíbe que las partes pacten una apelación arbitral simplemente porque este artículo no resulta aplicable a las actuaciones arbitrales. Si las partes pactaran una etapa impugnatoria dentro del proceso arbitral esta, como es obvio, sería una actuación arbitral más y, por consiguiente, el artículo aplicable resultaría ser el 34.1 de la Ley, disposición según la cual las partes son libres para determinar las reglas a las que se ajustará el tribunal arbitral en sus actuaciones.

El artículo 34.1, por otro lado, solo es una expresión más de un principio fundamental del arbitraje privado: la soberanía de las partes para fijar las reglas según las cuales deberán resolverse sus conflictos disponibles. De este principio deriva también tal vez la más grande ventaja del arbitraje: su flexibilidad.

Finalmente, lo que el artículo 62 prohíbe, siempre en mi opinión, es la interposición de, por ejemplo, procesos de cosa juzgada fraudulenta, procesos declarativos que pretendan la invalidez o ineficacia del laudo, y, por supuesto, la interposición de procesos de amparo; en este último caso, como es obvio, debemos tener presente las excepciones establecidas por el Tribunal Constitucional.

Muchas gracias nuevamente y siempre a su disposición para seguir conversando sobre estos temas,

Martín Wong

Y nosotros reiteramos la nuestra

4 de junio de 2013.

Estimado Doctor Wong,

Permítame decirle que ha sido un placer leer su libro en cuya presentación tuve oportunidad de testimoniarle mi felicitación por tan valioso esfuerzo intelectual. Nada de eso impide, como lo hemos señalado en estas páginas, discrepar, ni mucho menos que usted formule una réplica como la que ha hecho enriqueciendo el debate académico.

Sobre el particular, sólo me cabe decir que el artículo 59 de la Ley de Arbitraje es más que categórico. El inciso 1 establece que “todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes.” Contra ese precepto no hay posibilidad alguna de que las partes pacten lo contrario, porque si esta facultad fuese así de irrestricta e ilimitada la misma Ley no tendría sentido, pues las partes podrían pactar incluso excluirse totalmente de sus alcances.

Las posibilidades de que las partes se excluyan de sus alcances son muy puntuales y están expresamente previstas en la misma Ley. Así por ejemplo, como usted muy bien subraya, “las partes pueden determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal arbitral en sus actuaciones”, como lo estipula el inciso 1 del artículo 34, facultad que, sin embargo, sólo aplica para las reglas del proceso y para las actuaciones del tribunal comprendidas dentro del título IV de la Ley. En modo alguno se aplica para el laudo, regulado en el título V, ni para el resto de la Ley que no reconoce esas liberalidades sino en determinados asuntos y de manera clara y taxativa.

No en vano el inciso a) del artículo 6 de la misma Ley de Arbitraje confirma que cuando ella misma deja en libertad a las partes para decidir un asunto, esa facultad puede comprender a un tercero, que puede ser una institución arbitral. No hay otra forma posible de comprobar cuándo la Ley deja en libertad a las partes si ello no aparece expresamente indicado en el texto de la norma, como es obvio.

En el artículo 60 de la anterior Ley General de Arbitraje 26572, por último, si se admitía una segunda instancia, judicial o arbitral, si estaba pactada en el convenio o en el reglamento de la institución a la que se hubiese sometido la controversia. A falta de acuerdo o en caso de duda, había segunda instancia arbitral. Eso ya no es así desde que entró en vigencia el Decreto Legislativo 1071. En la nueva Ley de Arbitraje no existe la posibilidad de que las partes pacten una segunda instancia, sea judicial o arbitral.

Gracias por escribirnos.