Salió
el Reglamento de la LCE
DE
LUNES A LUNES
Ricardo
Gandolfo Cortés
El
jueves 10 finalmente fue publicado el nuevo y esperado Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo 350-2015-EF,
que entrará en vigencia conjuntamente con la Ley 30225 el lunes 11 de enero del
2016, al cumplirse el plazo de treinta días calendario dispuestos en esta
última, promulgada a su turno el 10 de julio del año pasado.
El
objetivo principal de las nuevas normas es priorizar la gestión por resultados
y la repercusión positiva que deben tener en las condiciones de vida de los
ciudadanos. En ese propósito, aun cuando no hay mucho por descubrir en el mundo
de las compras públicas, introduce algunas innovaciones que necesariamente
tendrán que acompañarse de otras medidas complementarias destinadas a asegurar
su éxito, como aquella que se reclama con frecuencia destinada a modernizar los
sistemas de control y empoderar a los funcionarios para que puedan tomar
decisiones razonables en beneficio del Estado sin temor a ningún proceso de
determinación de responsabilidades.
La
reforma pretende incrementar los niveles de competencia habida cuenta de que
los promedios de los últimos años son muy bajos. En el 2011 se recibieron un
promedio de 1.9 propuestas para obras y 1.6 para bienes y servicios. En el 2012
y en el 2013 el promedio de propuestas bajó en todos los casos a 1.5.
La
nueva legislación también busca eliminar las barreras técnicas, económicas,
administrativas, legales e informáticas que impiden o desalientan el acceso al
mercado de contrataciones públicas y que generan que el volumen de procesos que
se declaran desiertos se haya incrementado del 18.5 al 20.2 por ciento en los
dos últimos años examinados.
De
otro lado, se quiere desincentivar el incumplimiento de las normas
fortaleciendo el régimen de sanciones. Estas han aumentado notoriamente: en el
2012 de un total de 1248 procesos se ha inhabilitado a 618 proveedores lo que representa
el 50 por ciento, en tanto que en el 2013 de un total de 2158 procesos se ha
inhabilitado a 1227 contratistas lo que equivale a un 57 por ciento.
Del
total de suspendidos, el 48 por ciento ha incurrido en la causal de presentar
documentación falsa o información inexacta, que, sin embargo, en la mayoría de
los casos, es infiltrada en sus ofertas por terceros a quienes no se les aplica
ninguna sanción. Si se les inhabilitaría a ellos, que son los autores directos
de esos ilícitos, estos porcentajes disminuirían considerablemente y se
sincerarían las cifras.
Está
muy bien promover más competencia y proscribir barreras de acceso. Pero hay que
hacerlo con mucho cuidado para no perjudicar la calidad de los bienes,
servicios y obras que el Estado se merece.
