domingo, 22 de abril de 2018

Este sábado habrá un importante Seminario en el Cusco sobre arbitraje y contratación con el Estado


La ciudad del Cusco será sede del Primer Seminario de Arbitraje y Contratación con el Estado que organizan el Círculo de Arbitraje con el Estado (CAE) y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio del Cusco y que se realizará el sábado 28 de abril desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche, en el auditorio de la Caja Municipal del Cusco, en la Avenida La Cultura 1624, Wanchaq.
El evento se dividirá en seis mesas. Tres en la mañana y tres en la tarde. La primera estará dedicada a las actuaciones preparatorias y los procesos de selección, consultas y observaciones así como recursos de apelación. La segunda abordará el tema de la ejecución contractual, perfeccionamiento y equilibrio económico del contrato, penalidades por mora y otras penalidades así como resolución y nulidad del contrato. La tercera mesa tratará sobre obra pública, elaboración del expediente técnico y supervisión de obra, adicionales y ampliaciones de plazo, liquidación del contrato de obra y responsabilidad del contratistas así como de la junta de resolución de disputas.
A las 2:30 de la tarde arranca la cuarta mesa sobre arbitraje comercial con tipos de controversias, el convenio arbitral y las cláusulas patológicas y el panorama actual del arbitraje. La quinta versará sobre el arbitraje de inversión y explicará cuándo es que se incurre en él, el procedimiento ante el CIADI y el reconocimiento y ejecución de laudos. Finalmente en la sexta mesa se tocará el asunto del arbitraje en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado con énfasis en las materias que pueden ser sometidas a arbitraje, el rol del árbitro y las causales de recusación y las causales de nulidad de laudos.
Nuestro editor, Ricardo Gandolfo Cortés, hablará sobre perfeccionamiento del contrato y equilibrio económico financiero, materia esta última que ha venido examinando en profundidad en los últimos meses considerando que la Ley de Contrataciones del Estado expresamente se preocupa de mantenerlo y de obligar a la parte que se beneficie cuando éste se rompe a resarcir a la otra para restablecerlo.

Nuevo curso FIDIC dictará la APC


La Asociación Peruana de Consultoría, como parte de su programa de capacitación ha organizado, en coordinación con la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, el dictado de un nuevo curso sobre los Nuevos Contratos FIDIC con el objeto de compartir con los asistentes información exclusiva sobre las actualizaciones aprobadas en 2017, que presentan numerosas modificaciones respecto de la edición de 1999 e incorpora nuevas normas.
La experiencia internacional ha demostrado que estos eventos son muy importantes para que profesionales de distintas disciplinas cuenten con una visión panorámica de las herramientas con las que pueden elevar la calidad en la gestión de los proyectos a su cargo.
Dictarán el curso los ingenieros Jorge Díaz Padilla, ex presidente de FIDIC, de nacionalidad mexicana, y Carlos López Avilés, reconocido árbitro, perito y consultor peruano conjuntamente con su compatriota Jaime Gray, abogado, socio fundador de NPG Abogados.
El curso se desarrollará en las instalaciones del Hotel Country Club los días lunes 7 y martes 8 de mayo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El costo de inscripción es de US 900 más IGV. Hay un descuento especial del 10% para grupos de tres o más personas. Mayores informes en la APC al teléfono 4414182 o al correo electrónico administración@apcperu.org.
A los asistentes se les proporcionará los nuevos libros FIDIC en versión digital, el certificado FIDIC que acredita su participación, un libro conmemorativo de los 50 años de la ingeniería de consulta en el Perú y una invitación para asistir al Simposium sobre Modalidades de Ejecución y Financiamiento de la Infraestructura en el Perú, América Latina y el Mundo así como a un cóctel de bienvenida en honor de las delegaciones que vienen a los cónclaves de FIDIC y de la Federación Panamericana de Consultores que se celebrarán a partir del 9 de mayo en Lima.

El Congreso Internacional de Arbitraje será esta semana en el Belmond Miraflores Plaza


Desde este miércoles 25 y hasta el viernes 27 el Belmond Miraflores Park será la sede del XII Congreso Internacional de Arbitraje que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje y el Capítulo Peruano del Club Español de Arbitraje. En la mañana del miércoles se desarrollará el VII Congreso Nacional de Arbitraje que tendrá dos paneles de gran actualidad. El primero tratará sobre los límites al principio de flexibilidad en el arbitraje con la participación de Ana María Arrarte, Enrique Ferrando Gamarra, Eduardo Benavides, José Tam Pérez, Domingo Rivarola Reisz y Manuel Diego Aramburú. El segundo panel tratará sobre el arbitraje obligatorio en la contratación pública: pasado, presente y futuro con la intervención de Carlos Paitán, Gonzalo García Calderón, Manuel Villa García, Ricardo León Pastor, Walter Albán y nuestro editor Ricardo Gandolfo Cortés.
Por la tarde se inaugurará el evento internacional con un primer bloque en el que estarán José María Alonso Puig, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; José Danie Amado, presidente del Consejo Consultivo del IPA; Lourdes Flores Nano, vicepresidenta; María del Carmen Tovar, presidenta del Consejo Directivo del Comité Nacional de Perú de la ICC; y Eduardo Benavides, presidente de EuroCámaras.
Enseguida se presentarán tres paneles. El primero sobre contratos públicos y corrupción con Air D. MacKinnon, Alejandro Ponce Martínez, Carlos de los Santos, Ignacio Suárez Anzorena, Irma Isabel Rivera y Javier Navarro-Velasco. A continuación se hará una presentación especial del Instituto Peruano de Arbitraje con la participación de sus representantes. Después vendrá un segundo panel sobre confidencialidad o publicidad en los procedimientos arbitrales con la intervención de Alfonso Iglesia González, Elina Mireminskaya, Erica Franzetti, Inés Vázquez García, Francisco Ruiz Risueño, Mélida N. Hodgson y Miguel López Forastier.
El jueves 26 empezará con un Conversatorio ICC YAF sobre conflicto de interés de los árbitros con Maribel Aparicio, Lucero García Silva, Rodolfo Miranda, Rafael Sánchez Ríos y Luis Miguel Velarde Saffer. Luego vendrán tres paneles y cinco conferencias magistrales. El primer panel será sobre procesos paralelos con Álvaro Castellanos, Andrés Romero-Delmastro, José Manuel García Represa, Luis M. Martínez, María Inés Sola y Wojciech Sadowski. Acto seguido José María Alonso Puig disertará sobre la aplicación del principio Iura notiv curia en el arbitraje.
Un segundo panel tratará sobre conflicto de intereses de los árbitros y del derecho de recusación de los árbitros con Adolfo Díaz-Ambrona, Alfonso Gómez-Acebo, Juan Serrada, Julio César Rivera, Rafael Rincón y Ramiro Moreno Baldivieso. Pedro J. Martínez-Fraga hablará sobre la doctrina de la prescripción en el Derecho Internacional Público y la necesidad de nuevos paradigmas. Un tercer panel abordará el principio general del derecho de la buena fe con Carolina Diab, Cedric Soule, Dyalá Jiménez, Ferando Marcondes, Gustavo Biaggi Pumarol, José Antonio Cainzos y Stratos Pahis.
Jesús Remón tocará luego el tema de los poderes de los árbitros; José Rosell sobre la regulación de la ética en los arbitrajes internacionales y Mariana H.C. Gonstead y Robert K. Vischer sobre pasado, prsente y futuro de los ADR en América Latina. A continuación se hará la presentación de Baker McKenzie sobre el International Arbitration Yearbook 2018 para cerrarse el día con un homenaje in memoriam de Estuardo Mata Palmieri con la participación de Álvaro Castellanos, Marcos Ibargüen y Alejandro Solares.
El último día arrancará con un conversatorio sobre el Arbitration Pledge a cargo de Guadalupe López al que le seguirá otro sobre Arbitral Women a cargo de Sandra González. Vendrá después la presentación del libro Squeezing Silver: Peru’s Trial Against Nelson Bunker Hunt con las palabras de Mark A. Cynrot.
A media mañana habrá un panel sobre peritos, testigos y expertos legales con la participación de Claudia Benavides Galvis, Gonzalo S. Zeballos, Javier Robalino, Juan Manuel Chacón Mora, Salvador Fonseca-González y Santiago Talero. Un segundo panel, después del almuerzo, se abocará al tema de la prueba y la cuantificación de los daños con Carlos Ortega, Clifford J. Hendel, Felipe Gutiérrez, Luis M. O’Naghten, Ricardo H. Puente, Raúl Villarpando y Sandra González.
Alfonso Gómez-Acebo y José Antonio Caínzos hablarán sobre el arbitraje en la Unión Europea y nos traerán algunas novedades legislativas y jurisprudenciales. Un tercer panel tratará sobre la condena de intereses con la intervención de Alejandro Solares Morales, Francesco Campora, Marco Schnabl, Marco Lazo de la Vega, Nelson Gallardo y Seguimundo Navarro. Finalmente el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, conjuntamente con María del Carmen Tovar, Walter San Miguel, José Daniel Amado y Lourdes Flores Nano, clausurarán el XI Congreso Internacional de Arbitraje.
El costo de ambos congresos es de 1,800 soles para los nacionales y de 2,100 para los profesionales extranjeros. Informes e inscripciones en los teléfonos 51 1 5975942, 51 981596411 y 953724394 o en los correos electrónicos peruarbitraje@gmail.com, institutoperuanodearbitraje@gmail.com, informes@peruarbitraje.org, eventos@peruarbitraje.org, ipa@peruarbitraje.org.

La Conferencia Latinoamericana de Arbitraje será en el Cusco a fines de mayo


El Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, en la Plaza Regocijo, recibirá el 31 de mayo y el 1° de junio a los asistentes a la Décima Conferencia Latinoamericana de Arbitraje que organizan el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política y la Asociación Zambrano, con el apoyo de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, la International Court of Arbirtration y la ICC Perú, así como, entre otras instituciones, del semanario electrónico PROPUESTA.
El primer día harán uso de la palabra los directores de la CLA José Antonio Moreno Rodríguez y Diego P. Fernández Arroyo. A continuación Yves Derains dará una conferencia y luego John Fellas disertará sobre la financiación de un tercero. Luego del almuerzo Andrea Bjorklund presentará los desarrollos actuales de la noción de trato justo y equitativo en tanto que Juan Antonio Moreno Rodríguez tratará sobre arbitraje por medio de condiciones generales de contratatación.
Inaugurará el segundo día una conferencia de Alfredo Bullard (reciente y reincidente campeón del Moot Madrid como coach del equipo de la Universidad Católica) y enseguida Rosa Bueno expondrá sobre la actualidad del arbitraje en el Perú y Diego P. Fernández Arroyo sobre anulación y apelación en la resolución de disputas en materia de inversiones. Por la tarde José María Pérez abordará el tema del principio de colegialidad arbitral en el arbitraje internacional y Loretta Malintoppi hablará sobre el impacto de las sanciones económicas en el arbitraje internacional. Finalmente se cerrará el evento con una conferencia de clausura a cargo de Fernando Cantuarias.
El miércoles 30, de 8:30 a 10 de la mañana, habrá un Conversatorio en el auditorio del hotel Palacio del Inka sobre la mujer en el mundo del arbitraje y de cómo lidiar con los sesgos inconscientes. A las 11 habrá una Mesa Redonda sobre Confidencialidad y Transparencia en el Arbitraje. A las 2 de la tarde habrá una conferencia de la ICC Perú sobre protección de la integridad del arbitraje que se extenderá hasta las 7:15 de la noche y que contará con la participación de Katherine González Arrocha, directora para las Américas de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, Lorena Malintoppi, Pedro Claros, José Ricardo Feris, Isabel Fernández de la Cuesta, Álvaro Galindo y María del Carmen Tovar. También intervendrán Yves Derains, presidente del Instituto de Derecho Mercantil Internacional de la ICC, Cecilia Azar, Julie Bédard, Cristian Conejero, Ignacio Magdalena, José Daniel Amado y Roger Rubio que resumirá las conclusiones de la jornada.
Para mayor información y para inscribirse hay que enviar un correo electrónico a Carolina Silvero a csilvero@cedep.org.py. Las tarifas son variadas. Sólo la Conferencia ICC cuesta US 100. Si van grupos de hasta 5 participantes, baja a US 90 por persona y si son más baja a US 80. La Conferencia ICC y la CLA cuesta US 350. Hasta 5 participantes baja a US 330 por persona y si son más baja a US 310. Los estudiantes tienes descuentos especiales.

domingo, 15 de abril de 2018

El laudo consentido y ejecutoriado de antes


DE LUNES A LUNES

Según el artículo 60 de la Ley de Arbitraje, promulgada mediante Decreto Legislativo 1071, las actuaciones terminan y el tribunal cesa en sus funciones con el laudo y, en su caso, con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones que se hayan interpuesto contra él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67, relativo a la ejecución arbitral del laudo.
El artículo 68 faculta a la parte interesada a solicitar la ejecución judicial del laudo para cuyo efecto debe hacerle llegar al juez una copia completa de éste así como de las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones que se hubieren interpuesto y, en su caso, de las actuaciones de ejecución efectuadas por el tribunal arbitral, de haberse optado –sin éxito se entiende– por esta vía.
En el artículo 83 de la antigua Ley General de Arbitraje 26572 se estipulaba que el laudo “consentido y ejecutoriado” tenía el valor equivalente al de una sentencia y era eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes. “Consentido y ejecutoriado” era el laudo firme, aquel contra el que ya no cabía interponer ningún recurso, incluido el de anulación. Con la Ley vigente ya no es así, toda vez que ella permite la ejecución del laudo sin que se haya resuelto el recurso de anulación siempre que la parte interesada haya constituido la fianza a la que se refiere el artículo 66 del Decreto Legislativo 1071.
Los jueces, por consiguiente, no deben exigir ahora que el laudo esté “consentido y ejecutoriado” como condición para que prospere su ejecución judicial. Lo anecdótico del asunto es que lo siguen reclamando –ilegalmente, sin duda– para activar el proceso, con el agravante de que algunos tribunales arbitrales se niegan a emitir la resolución que eventualmente podría cumplir con ese pedido y que decretaría “consentido y ejecutoriado el laudo en sede arbitral”, habida cuenta de que no se habría interpuesto ninguna articulación contra él ante los árbitros.
Si los jueces se empeñan en continuar solicitando este despropósito, considerando que la norma sólo obliga a presentar el laudo y los recursos interpuestos contra él en el mismo proceso, y al mismo tiempo los tribunales arbitrales se niegan a facilitar el trámite con la expedición de la resolución que dicen necesitar, no les queda otra opción a las partes que plantear un recurso de rectificación, interpretación, integración o exclusión por cualquier motivo con el único propósito de propiciar un pronunciamiento posterior al laudo y que en el propio escrito pidan que al resolverlo declaren que no existen más recursos contra el laudo, el mismo que por esa razón quedará “consentido y ejecutoriado” en la sede arbitral.
Una forma de evitar este artilugio puede ser la de consignar en el acta de instalación, a solicitud de alguna de las partes, el compromiso del tribunal arbitral de emitir una resolución en ese sentido en cuanto tenga por concluidas las actuaciones arbitrales. Se evitarían varios problemas y otros tantos dolores de cabeza para quienes se esfuerzan por cobrar sus acreencias.
EL EDITOR

El equilibrio económico del contrato y la problemática sobre las penalidades


LIZETH RODRÍGUEZ PORTAL

El lunes 9 se llevó a cabo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas el “II Seminario de Actualización en Contrataciones con el Estado”, organizado por el Grupo de investigación en Contrataciones con el Estado (GICE), con la participación de destacados ponente como Ricardo Gandolfo Cortés, Mario Castillo Freyre, Ahmed Manyari Zea, Alberto Montezuma Chirinos, Alfredo Soria Aguilar, Daniel Triveño Daza, Elvira Martinez Coco, Enrique Ferrando Gamarra, Enrique Johanson Cervantes, Jorge Ruiz Bautista, Jorge Lopez Fung, Jose Zegarra Pinto, Juan Carlos Pinto Escobedo, Marco Antonio Martínez, Martín Zecenarro Flores, Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio, Rodrigo Freitas Cananillas y Sandro Hernandez Diez.
La jornada académica se desarrolló a los largo de cinco paneles. El primero de ellos estuvo dedicado a las modificaciones del contrato, el segundo versó sobre la penalidad por mora y otras penalidades, el tercero giró en torno a la resolución contractual, el cuarto panel abordó el tema de la indemnización por inejecución contractual y el quinto panel estuvo dedicado al arbitraje en la contratación pública.
Ricardo Gandolfo Cortés señaló que el equilibrio económico nace cuando las partes suscriben el contrato ya que es este el momento en el que se perfecciona la relación contractual. Ese equilibrio, sin embargo, puede verse afectado más adelante, en la etapa de la ejecución, ocasionando una disminución abrupta o un desbalance en los ingresos del contratista. Es lo que sucede, según comentó, en algunos casos en los que la entidad contrata a un consultor de obras para que supervise tanto la elaboración del expediente técnico como la ejecución de la obra y la forma de pago está condicionada al avance de los trabajos del contratista. Cuando se presentan demoras en la aprobación del expediente y el supervisor es un consultor serio –que no se presta autorizar lo que no está bien aunque ello lo perjudique–, se dilata esta etapa, por circunstancias ajenas al supervisor, generándole menores ingresos porque el ritmo de las obras también disminuye y, al mismo tiempo, ocasionándole mayores gastos porque de ordinario debe mantener el mismo equipo destinado a una tarea que se extiende en el tiempo mucho más allá de la previsto, rompiéndose el equilibrio y convirtiendo a la prestación en una excesivamente onerosa.
Con relación a este tópico, Martín Zecenarro Flores manifestó su preocupación en el sentido que si bien es cierto el artículo 34-A de la Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo 1341, contempla la posibilidad de modificar los contratos cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo y siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato, es muy difícil que los funcionarios públicos, en la actual coyuntura política, quieran utilizar dicho artículo por mas que el mismo pueda ayudar a que el contrato alcance su finalidad.
Daniel Triveño Daza, de otro lado, explicó al auditorio que la normativa de contrataciones con el Estado contempla dos tipos de penalidades: i) Penalidades por mora en la ejecución de la prestación y ii) Otras penalidades, siendo que el tope máximo que cada una de ellas puede alcanzar es del 10% del monto del contrato. Por su parte, Elvira Martínez Coco comentó que hay algunas entidades que erróneamente consignan en el grupo de “otras penalidades” supuestos que en realidad corresponden a penalidades por mora, lo que ocasiona despropósitos de orden contractual y la ineficacia de las mismas, lo cual se puede apreciar por ejemplo en el laudo arbitral recaído en el Expediente N° 2591-2013-CCL que se encuentra publicado en el portal del OSCE. Jorge Ruiz Bautista, a su turno, acotó que de conformidad con las opiniones del OSCE, aquellas correspondientes al grupo “otras penalidades” deben cumplir con cuatro criterios: ser razonables, objetivas, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.
Varios ponentes compartieron asimismo sus opiniones sobre la conveniencia o no de modificar la actual Ley de Contrataciones con el Estado dada la coyuntura política de nuestro país. Sobre el particular, Mario Castillo Freyre dijo que a veces no son saludables los cambios que se realizan en medio de un contexto agitado porque se corre el riesgo de que se termine imputando al arbitraje culpas que no le corresponden.
En ese mismo sentido, Enrique Ferrando Gamarra señaló que algunos sostienen que el Estado siempre pierde los arbitrajes; sin embargo ello no es cierto e invitó a revisar el estudio “Tendencias del arbitraje de contratación pública: análisis de laudos arbitrajes” elaborado por Cesar Guzmán-Barrón Sobrevilla y Rigoberto Zúñiga Maravi, indicando además que en ocasiones las partes llevan a arbitrajes situaciones que pudieron ser resueltas por ellas mismas durante la ejecución del contrato, pero que lamentablemente ello no fue posible por el temor de los funcionarios públicos a que luego ellos tengan que responder ante sus órganos de control, acotando que en esa línea no se puede culpar al arbitraje cuando el Estado pierde.

Reunión entre jueces y árbitros en la CCL

MARIANELLA OLIVEROS NALVARTE

El miércoles 11 de abril se realizó la reunión entre Jueces y Árbitros, organizada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en cuyo desarrollo los ponentes debatieron temas como el crecimiento de los recursos de anulación contra los laudos y la importancia de la intervención complementaria del Poder Judicial en el arbitraje. El evento contó con la participaron de la vocal del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma Narváez, del presidente de la Corte Superior de Lima Rolando Martel Chang, del vocal Julio Martín Wong, de la ex vocal y abogada en ejercicio Roxana Jiménez Vargas Machuca y sus colegas Ana María Arrarte, Alfredo Bullard González y Mario Castillo Freyre.
Los ponentes compartieron sus experiencias con relación a la intervención complementaria del Poder Judicial en el arbitraje. El doctor Alfredo Bullard planteó el tema de la motivación de los laudos como causal de anulación que es un tema muy discutido en la doctrina. Indicó que el principal problema del Poder Judicial al resolver un recurso de anulación es que su estándar de motivación es diferente al de un proceso arbitral, lo cual no es considerado por los jueces. Sostuvo su posición con el siguiente análisis: en primer lugar, señaló que el inciso 1 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú establece que el arbitraje es una jurisdicción independiente y, como tal, no se le puede aplicar todas las garantías inherentes a un proceso judicial ordinario, como por ejemplo la motivación.
En segundo lugar, citó el inciso 1 del artículo 56° de la Ley de Arbitraje, promulgada mediante Decreto Legislativo 1071, el cual habilita a las partes a pactar que el laudo se dicte sin motivación. Siguiendo con su análisis, amparándose en el inciso 2 del artículo 62° del mismo cuerpo legal, señaló que los jueces no pueden revisar el fondo del laudo, así tenga un error jurídico o fáctico. Con relación al arbitraje en Contrataciones del Estado, sostuvo que también se le aplica la misma lógica, pues el Estado regula su arbitraje con las reglas generales y, por lo tanto, no hay fundamento legal que habilite a los jueces a revisar el fondo del laudo.