domingo, 8 de junio de 2014

La Contraloría y las presiones de los últimos acontecimientos

Con licencia para matar
El Contralor General de la República, Fuad Khoury, declaró la semana pasada que se supervisarán 38 obras públicas valorizadas en unos 5,800 millones de soles con el objeto de detectar actos de corrupción. Dijo también haber descubierto “una alianza perversa” que comprometería a las entidades y a los contratistas al punto que se manifestó en contra de las supervisiones, tal como operan en la actualidad. Se mostró partidario de “traer a una entidad independiente para las auditorías financieras” y de que la propia Contraloría se encargue de “seleccionar a los supervisores.”
Genaro Matute, ex contralor, cuestionó el trabajo de Khoury, al punto que “en los últimos tiempos se ha sentido la ausencia de la Contraloría”, según refirió. Criticó igualmente que se esté “corriendo para cubrir los problemas de inacción de estos cinco años.”
Ese apresuramiento, empujado por las presiones de los últimos acontecimientos, puede ser la causa de esas declaraciones del actual contralor en contra del sistema que regula las contrataciones púbicas en el Perú y que ha demostrado ser de los mejores en opinión de los expertos internacionales que quisieran adoptarlo para sus países. Las deficiencias de sus operadores no pueden atribuirse, por eso mismo, al régimen establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, promulgada mediante Decreto Legislativo 1017, y en su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 184-2008-EF, pero cuyas normas fundamentales se retrotraen varios años atrás, a la Ley 26850 y su primer Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 039-98-PCM.
La lucha contra la corrupción debe ser permanente y no estar condicionada a determinadas señales. Pero no debe, en modo alguno, retrasar el desarrollo del país. En nombre de esa guerra sin cuartel muchas veces se paralizan las obras y los proyectos que el Perú necesita para seguir creciendo de manera sostenida. Desde estas páginas hemos indicado muchas veces que hay fórmulas conocidas para detectar las irregularidades e ilícitos en los que eventualmente incurren algunos funcionarios públicos y que pasan por los signos exteriores de riqueza, el movimiento migratorio y de registros públicos y vehiculares, el movimiento bancario y contable de las mismas personas en proceso de investigación así como de sus familiares y de su entorno más cercano.
Confiar en la Contraloría General de la República la selección de supervisores de obra no es lo más recomendable. Es más, sería un error. Baste señalar que cuando la Contraloría revisa los expedientes técnicos de algunos proyectos encuentra deficiencias y formula observaciones cuestionando las alternativas elegidas en ocasiones por consultores de reconocida trayectoria en la creencia de que por haber tomado esas decisiones se está perjudicando al Estado. Imaginemos si con esa misma lógica, que hemos criticado en este semanario reiteradamente, se empieza a seleccionar supervisores. No queremos pensar cómo terminarían esas obras.
La Contraloría juega un importante rol en la supervisión de la correcta ejecución de los presupuestos públicos y lo hace bien. No debería excederse en sus funciones constitucionales, sino en comprometerse a realizarlas cada vez mejor. En ese esfuerzo siempre nos encontrará de su lado. (J.B.)

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