Propuesta
inteligente y alentadora
El diario El Comercio reclamó no hace mucho
una reforma profunda del Poder Judicial que le permita agilizar los 347 mil
procesos que tiene acumulados en lo que va del año. La idea es “dejar que la
justicia privada le dé una mano a la justicia estatal.” Esto es, que los
litigios comerciales o civiles que comprometen a personas naturales o jurídicas
que cuenten con recursos para solventar un arbitraje estén obligados a
dilucidarse a través de este mecanismo alternativo de solución de conflictos
reconocido constitucionalmente.
Según el presidente de la Corte Suprema,
Enrique Mendoza, en Lima sólo se podrán resolver 134 mil casos en lo que queda
del año de manera que los demás así como los que se inicien de aquí a diciembre
pasarán a engrosar el número de causas pendientes, engordando aún más el cuello
de una botella institucional que, por si fuera poco, carece de legitimidad y no
despierta ninguna confianza en la opinión pública.
La propuesta pasa por reservar para la vía
judicial obviamente los procesos penales así como aquellos otros que no puedan
ser resueltos a través del arbitraje porque las partes involucradas, o alguna
de ellas, carecen de los recursos necesarios para afrontarlo. Además de la
evidente descongestión procesal que acarrearía, la reforma liberaría la mayor
parte de las horas/hombre del Poder Judicial que se destinarían para atender
las causas que quedarían bajo su competencia.
El decano de la prensa nacional destaca que
un sistema privado de resolución de controversias tendría otras ventajas pues
es más difícil de ser influido por el poder político, sería más independiente y
estaría menos expuesto a las tentaciones de la corrupción. Al colocarse un nuevo
sistema privado de justicia al lado de otro estatal la ciudadanía podría
comparar la eficiencia de uno respecto del otro lo que, adicionalmente,
empujaría a este último a proceder o intentar proceder de la misma forma, en
beneficio de todos.
En las contrataciones del Estado, como se
sabe, el arbitraje es un mecanismo obligatorio de solución de disputas y desde
que se puso en práctica así, en 1998, hasta la fecha ha hecho posible que miles
de desavenencias sean resueltas sin incrementar aún más la carga procesal del
Poder Judicial. Que esta experiencia sea trasladada a otros escenarios es una
propuesta inteligente y alentadora que sólo cabe apoyar.
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