DE LUNES A LUNES
Las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y a su Reglamento, a que se refieren la Ley Nº 29873 y el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, que entrarán en vigencia este jueves 20 han movido el ambiente provocando no sólo el pronunciamiento de la Cámara Peruana de la Construcción y de la Asociación Peruana de Consultoría del que se ocupa ampliamente esta edición de PROPUESTA, sino también el rechazo de amplios sectores vinculados al arbitraje, que, como se sabe, desde hace catorce años es un mecanismo obligatorio, rápido y eficaz de solucionar las controversias en estas materias pero cuya competencia cada vez se reduce más.
La comunidad arbitral está comprensiblemente preocupada ahora por los excesivos controles que se pretenden poner sobre los árbitros a los que virtualmente se los está condenando a conducirse como si fueran funcionarios públicos sujetos a una serie de obligaciones, cuyo incumplimiento, según la interpretación de otros funcionarios públicos, acarreará sanciones e inhabilitaciones que se les facultaría a imponer a estos otros funcionarios públicos.
Como por fortuna, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado se encuentra administrado por autoridades bien intencionadas la ocasión es propicia para iniciar un diálogo fluido destinado a ajustar planteamientos para fortalecer el arbitraje en lugar de debilitarlo y para combatir eficazmente la corrupción y las malas prácticas, propósito en el que siempre nos encontraremos todos empeñados y que anima, según tenemos entendido, todas estas nuevas modificaciones.
EL EDITOR
domingo, 16 de septiembre de 2012
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