Hace algunas semanas (PROPUESTA 407) informamos
que en un mes fueron emitidas siete medidas cautelares destinadas a suspender
los efectos de las sanciones que impone el Tribunal de Contrataciones del
Estado. Sugerimos entonces que el OSCE investigue y haga un seguimiento de
estos casos a fin de difundir sus avances.
Así lo ha hecho y los resultados indican, entre
otras perlas, que desde el 2004 se han favorecido a un total de 108 empresas
sancionadas que siguen contratando con el Estado gracias a las medidas
cautelares dictadas por el Poder Judicial.
El portal del OSCE, sin embargo, revela ahora el
nombre de la empresa, el tipo de proceso, la fecha de vigencia de la medida
cautelar, el Juzgado o Sala que la concedió, el nombre del juez, el número del
expediente y el número de la resolución del Tribunal de Contrataciones que
queda en suspenso. Una excelente medida ha sido la de transcribir las
respectivas resoluciones judiciales para que la opinión pública constate los
fundamentos en los que se sustentan. Como dato curioso, se reporta que hay una medida
cautelar otorgada el 23 de enero del 2004, hace más de once años, que continúa
vigente.
Entre las empresas que tienen medidas cautelares
figuran las del rubro médico, de seguridad y vigilancia, de trabajo,
ingeniería, correos, marketing, laboratorios farmacéuticos, consultoría,
almacenamiento, construcción, tecnología, industria química, informática,
educativas, entre otras. O sea, prácticamente de todas las actividades
reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado.
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