CON LICENCIA PARA MATAR
En el Perú muchos profesionales se dedican de
manera exclusiva al arbitraje y algunos de ellos sostienen que eso constituye
una garantía pues minimiza las probabilidades de que aparezcan intereses en conflicto
toda vez que ya no patrocinan a ningún cliente en ningún litigio. Esa opción no
es posible en otras realidades en las que los árbitros tienen muy pocos casos
al año. Algunos tienen un caso cada dos o tres años y existen varios que no
tienen más de cinco a lo largo de toda su vida.
El arbitraje en el mundo está reservado para
asuntos comerciales de particular significación o para resolver controversias
vinculadas a inversiones en las que participan los propios Estados, de forma
tal que el universo mismo de casos es bastante pequeño comparado con lo que
sucede en el territorio nacional donde, desde 1998, todas los conflictos que se
derivan de los contratos que suscriben las entidades públicas se dilucidan en
la vía arbitral por expreso mandado de la Ley de Contrataciones del Estado, lo
que ha generalizado y democratizado este medio de solución de diferencias al
punto que se arbitra en todo el país hasta en los municipios más pequeños o más
alejados y por montos que varían desde los más modestos hasta los más elevados.
Es comprensible, por tanto, que el mercado mismo
haya generado la especialización de diversos profesionales que se han
encontrado en la necesidad de organizar oficinas para atender únicamente estos
asuntos y eventualmente para celebrar allí las audiencias que sean necesarias.
El mismo mercado ha creado una suerte de velada competencia por participar en
un mayor número de arbitrajes al punto que hay árbitros que se ufanan de tener
cerca de 500 arbitrajes en giro. ¿Cómo lo hacen?
En el afán de detener ese desenfreno en el que
caen algunos la semana pasada se comentó sobre la práctica de un centro de
arbitraje de no encargarle nuevos procesos a aquel árbitro que no termina los
que tiene en cartera. Es una medida radical que incluso admite una variante en
cuya aplicación un árbitro sólo puede tener un arbitraje en trámite y por lo
tanto sólo se le puede encargar uno nuevo cuando haya acabado aquél.
Parece excesivo porque lo cierto es que un
arbitraje no difiere mucho, en materia de carga procesal, de un juicio
ordinario y así como los jueces pueden lidiar con un alto número de causas, los
árbitros también podrían hacerlo aun cuando es pertinente reconocer que lo
ideal es que no se atiborren de expedientes porque eso perjudica su rendimiento
y lo que se quiere es que a través de este medio se solucionen las
controversias de una manera rápida y eficaz.
Como la autorregulación no estaría funcionando
hay quienes creen que ha llegado la hora de controlar ese exceso a través de
las instituciones arbitrales que por cierto son libres de exigir lo que estimen
pertinentes a sus árbitros y de establecer los procedimientos de designación
que consideren más adecuados. (J.B.)
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