domingo, 21 de septiembre de 2014

Hora de conciliar

DE LUNES A LUNES

Hace unos días la Contraloría General de la República informó que tomará el control de las oficinas encargadas de la fiscalización interna en 54 entidades entre las que se encuentran los 25 gobiernos regionales, 18 municipalidades provinciales y 5 distritales así como el Seguro Social, las Fuerzas Armadas y la Policía. Eso significa que pasará a designar directamente a todo el personal de estos órganos que dependerán totalmente de ella, ocasión que puede ser propicia para reorientar las tareas que desarrollan a efectos de que puedan convertirse en aliados estratégicos de los procuradores y demás servidores públicos –y no en enemigos como equivocadamente se piensa– en el objetivo de celebrar acuerdos y superar de esta forma las desavenencias que se suscitan en los contratos que suscriben los particulares con las reparticiones de la administración pública y para evitar que éstas escalen y se transformen en conflictos mayores, lo que es moneda corriente en la actualidad.
Las audiencias de conciliación que se celebran con ese fin, cuando se celebran, son, hasta ahora, una absurda puesta en escena donde las partes ya conocen de sobra el papel que les toca desempeñar y actúan con una mecánica natural digna del mejor teatro del mundo. No tienen ninguna utilidad práctica y terminan encareciendo y dilatando la solución de las controversias en lugar de constituirse en opciones válidas para acabar con ellas en el plazo más corto posible.
Lo habitual debería ser que en la transacción se sacrifiquen algunas pretensiones en aras del inminente acuerdo y del cobro inmediato, lo que favorece a la entidad porque castiga la deuda. Sin embargo, ello no sucede porque el funcionario no concilia, no porque no tenga facultades para hacerlo sino porque en el fondo prefiere quedar a salvo de la acción punitiva del órgano de control que puede involucrarlo en un proceso de determinación de responsabilidades y más adelante en un litigio civil o penal de incalculables consecuencias.
En ese contexto el acreedor incrementa su demanda, reponiendo montos a los que iba a renunciar en la etapa previa y añadiendo los intereses así como los daños y perjuicios que la demora le ocasiona. Al final el Estado pierde innecesariamente un monto siempre mayor al que hubiera conciliado y lo que es todavía peor: la obra, el servicio o la prestación de que se trate, queda paralizada por un tiempo más extenso con lo que es el país el que termina perdiendo más.
La idea es comprometer a los órganos de fiscalización para que emitan sus informes antes de que se celebren los acuerdos. Eso es posible. Hasta hace poco no lo era porque estas oficinas sólo se pronunciaban después de haberse producido los hechos sujetos a investigación, cuando las fichas ya estaban jugadas o cuando ya no podían jugarse. Contar con esos pronunciamientos antes de tomar alguna decisión será el sustento indispensable para proteger a los funcionarios y para proceder a conciliar de la manera más rápida y eficaz en defensa de los legítimos intereses del Estado.
EL EDITOR

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