Consecuencias de la medida cautelar que queda sin efecto en un consorcio

La Opinión 024-2013/DTN emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado que capta la atención de esta edición de nuestro semanario también se ocupa de lo que ocurriría cuando un proceso judicial termina a favor de una entidad que inicialmente fue obligada a suscribir un contrato con un consorcio ganador de un proceso, uno de cuyos integrantes no estaba inscrito en el Registro Nacional de Proveedores o no tenía su inscripción vigente, en virtud de una medida cautelar extendida en el curso de ese mismo juicio.

El OSCE reitera que las consultas que absuelve están referidas al sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado, planteadas sobre temas genéricos sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos; confirmando que por esta vía no puede pronunciarse sobre los efectos de las consecuencias de haberse dejado sin efecto una medida cautelar que habilitó a un consorcio a celebrar un contrato pese a que uno de sus integrantes no contaba con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Sin perjuicio de lo expuesto, debe indicarse que, de conformidad con el 51 de la LCE, el Tribunal de Contrataciones del Estado puede imponer a los infractores de la normativa la sanción de inhabilitación para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por un periodo determinado, si es temporal, o permanente, si es definitiva.

Asimismo, el penúltimo párrafo del referido artículo establece que “Las sanciones que se imponen no constituyen impedimento para que el contratista cumpla con las obligaciones derivadas de contratos anteriormente suscritos con Entidades; por lo tanto, debe proseguir con la ejecución de los contratos que tuviera suscritos hasta la culminación de los mismos.”

Por su parte, el artículo 248 del Reglamento precisa que “La vigencia de las sanciones se suspende por medida cautelar dictada en un proceso judicial. Cancelada o extinta bajo cualquier otra forma dicha medida cautelar, la sanción continuará su curso por el periodo restante al momento de la suspensión, siempre que la resolución del Tribunal que dispuso la sanción no haya sido revocada por mandato judicial firme”.

En ese sentido, aún cuando la imposición de una sanción impide a un proveedor participar en un nuevo proceso de selección y suscribir contratos, la normativa de contrataciones del Estado dispone que la vigencia de las sanciones se suspende con la obtención de una medida cautelar dictada en el marco de un proceso judicial.

Ahora, si en virtud de una medida cautelar dictada en el marco de un proceso judicial un proveedor suscribió un contrato con una entidad y, posteriormente, dicha medida cautelar es cancelada, y por tanto queda sin efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 51 de la LCE, dicho proveedor puede proseguir con la ejecución de las obligaciones derivadas del respectivo contrato. Lo mismo sucede cuando el contratista es un consorcio y este suscribió contrato con una entidad aun cuando sobre uno de sus integrantes recaía una sanción de inhabilitación, suspendida por esa medida cautelar que termina cayéndose. El consorcio debe continuar en la prestación y terminarla.

En conclusión, para la DTN, cuando el contratista es un consorcio, no cabe variación alguna en su conformación durante la ejecución contractual; de lo contrario, la entidad podría resolver el contrato por incumplimiento, sin perjuicio de comunicar tal hecho al Tribunal para que este inicie el respectivo procedimiento administrativo sancionador e imponga la sanción correspondiente y determine la responsabilidad de los integrantes del consorcio, teniendo en consideración para tal efecto lo previsto en el artículo 239 del Reglamento, en cuya virtud las infracciones cometidas por un consorcio durante la ejecución del contrato, se imputarán a todos sus integrantes, aplicándoles a cada uno de ellos la sanción que corresponda.

La medida cautelar dictada en el marco de un proceso judicial, por tanto, puede permitirle al consorcio mantenerse en el contrato, por la razón que fuese. Esta situación persistirá aún cuando ella quede sin efecto y el consorcio deberá proseguir con la ejecución de sus prestaciones, en aplicación del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, citado por la Dirección Técnico Normativa, aún cuando alguno o todos sus integrantes se encuentren sancionados e inhabilitados para contratar e intervenir en cualquier futuro proceso de selección.