El proceso de contratación y las decisiones que se
adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de las metas que se ha
trazado la entidad que lo convoca, priorizándolos por sobre las formalidades no
esenciales que eventualmente pueden distraer el logro de los objetivos para
garantizar la efectiva y oportuna satisfacción de sus fines que deben tener una
repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas y en el interés
público en términos de calidad con el propósito de hacer un mejor uso de los
recursos con que se cuenta. Esa es, palabras más, palabras menos, la definición
que la Ley de Contrataciones del Estado emplea para explicar los alcances del
principio de eficacia y eficiencia.
Eficacia, según el Diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española, es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se
espera. Eficiencia, a su turno, es la capacidad de disponer de alguien o de
algo para conseguir un efecto determinado. O la capacidad de lograr los
resultados deseados con el mínimo posible de recursos.
Queda por determinarse si se pueden alcanzar los
mismos objetivos con menos recursos de los que con toda seguridad los
garantizan. El sistema de adjudicación en general está diseñado para adjudicar
los procesos a aquellos postores que oferten los precios más bajos con lo que,
como reiteramos a menudo, se prescinde de aquellos que ofertan los precios más
altos que son habitualmente quienes ofrecen los servicios o las prestaciones de
mayor calidad.
La gran discusión es si se prioriza la calidad o el
precio y está claro que si el Estado tiene recursos no debería escatimar
esfuerzos por procurarse lo mejor. Condenar a las entidades a contratar a
quienes cotizan los montos más bajos es obligarlos a abstenerse de pretender
aquello que el particular, si está en la posibilidad de pagarlo, contrataría
sin lugar a dudas.
Los mecanismos de adjudicación que se definen mediante
la aplicación de fórmulas que combinan la puntuación técnica con la puntuación
económica son híbridas porque no definen cuál es la propuesta de mayor calidad
ni cuál es la propuesta de más bajo precio, pese a que a ambas las evalúan con
las calificaciones más altas.
La más elevada eficacia se obtiene no con menos
recursos sino con la mayor cantidad de recursos para asegurar una mejor
prestación. Eso puede no ser eficiente pero será siempre lo más conveniente
para el Estado.
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