DE LUNES A LUNES
Según
información del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado hay 1,400
entidades a las que les faltan capacidades logísticas adecuadas para realizar
con eficiencia sus compras. El asunto es particularmente preocupante pues ese
número representa la mitad del total de entidades sujetas a la supervisión del
OSCE.
El
organismo admite que esa realidad provoca que en las actividades preparatorias
vinculadas a las diversas licitaciones y concursos que se convocan, tales como el
levantamiento de estudios de mercado, la determinación de requerimientos
técnicos mínimos y la elaboración de términos de referencia, entre otros, se
consuma más del doble del tiempo que se invierte en el mismo proceso de
selección.
Eso
también provoca, agregamos nosotros, que, a pesar del mayor tiempo requerido,
no se calculen correctamente los valores referenciales lo que no sólo retrasa
la satisfacción de las necesidades que se pretenden atender sino que genera
presupuestos insuficientes con los que no es posible obtener una prestación de
la calidad debida en el plazo oportuno y al costo adecuado, con las consecuencias
que todos conocemos.
Es
verdad que los presupuestos son, como lo hemos señalado reiteradamente, un conjunto
de supuestos previos que tienden a ajustarse a medida que se confrontan con la
realidad. No menos cierto es que disponiendo de mayores recursos para su
estimación y cálculo, los ajustes tienden a ser menores en el entendido que los
resultados de las respectivas mediciones se acercan más a lo posible.
Con
el propósito de superar todos estos inconvenientes el OSCE se encuentra
desarrollando líneas de acción para fortalecer las capacidades de los más de 24
mil funcionarios encargados de la logística en todas las entidades para que se
desenvuelvan en el ejercicio de sus actividades con mayor dominio de la
normativa y de los procedimientos, con mayor facilidad y rapidez. Para ese
efecto, se han suscrito 14 convenios con aliados estratégicos, básicamente
universidades y centros académicos de todo el país en cuya implementación ya se
tiene certificados a más de 5 mil funcionarios en menos de dos años.
La
mejor inversión que puede hacerse en materia de contratación pública es
capacitar a quienes deben calcular valores referenciales, elaborar bases, convocar
procesos de selección, evaluar y calificar propuestas, adjudicar la buena pro y administrar
contratos. Esa será siempre la más confiable garantía, conjuntamente con la
transparencia y la publicidad, para evitar las malas prácticas en la
administración pública y para evitar también que los procesos y los contratos
se dilaten innecesariamente y se enreden en reclamaciones y discusiones absurdas.
EL EDITOR
EL EDITOR
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