Caducidad de una medida cautelar inscrita

Alicia Gandolfo Landauro

Conforme al principio de rogación regulado en el artículo III del Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos y en el artículo 2011º del Código Civil, para que una medida cautelar inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble sea levantada puede ser suficiente la presentación de una declaración jurada con la firma legalizada de los interesados, solicitando la cancelación por caducidad siempre que se cumplan algunos requisitos elementales.

Es un error afirmar categóricamente, por ejemplo, que no resulta aplicable la Ley de Caducidad Nº 26639 por cuanto mediante la Ley Nº 28473, vigente desde el 19 de marzo de 2005, que modificó el artículo 625º del Código Procesal Civil, sólo se extinguen las medidas cautelares en los procesos iniciados con el Código de Procedimientos Civiles de 1912 o cuando el plazo de caducidad de las medidas cautelares se hubieran cumplido a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 28473.

El artículo 625º del Código Procesal Civil establecía, antes de la modificación introducida por la Ley Nº 28473, lo siguiente:

“Art. 625.- Caducidad de la medida cautelar

Toda medida cautelar caduca a los dos años de consentida o ejecutoriada la decisión que amparó la pretensión garantizada con ésta. La caducidad opera de pleno derecho, siendo inimpugnables los actos procesales destinados a hacerla efectiva.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, toda medida cautelar caduca a los cinco años contados desde la fecha de su ejecución. Si el proceso principal no hubiera concluido, puede el Juez, a pedido de parte, disponer la reactualización de la medida. Esta decisión requiere de nueva ejecución cuando implica inscripción registral.”

Como puede apreciarse, la mencionada norma establecía dos plazos de caducidad para las medidas cautelares: a) Dos años de consentida o ejecutoriada la decisión final recaída en el proceso principal en el cual se trabó la medida cautelar, y, b) Cinco años contados desde la ejecución de la medida cautelar, es decir, desde su inscripción en el Registro, salvo que fuera renovada, tal como lo ha señalado la Resolución N° 1123-2010-SUNARP-TR-L, numeral 2 de la parte analítica.

Resulta aplicable el literal b) precedente, para el caso de una medida cautelar que se pretende levantar, inscrita, por ejemplo en 1998, cumpliendo el plazo de cinco años, en el 2003; dos años antes de entrada en vigencia de la Ley Nº 28473, que deviene en inaplicable, razón por la que “se procederá a declarar la caducidad de dicha medida cautelar, por cuanto a la fecha de la vigencia de la Ley N° 28473, la caducidad ya era real, actual, pues había operado por la verificación del hecho jurídico que permite hacerla actual, cual es el transcurso del plazo establecido por la primigenia redacción del artículo 625º del Código Procesal Civil, por lo tanto, y en aplicación de lo establecido por el artículo 103º de la Constitución Política del Perú y artículo III del Título Preliminar del Código Civil, estamos ante una situación existente a dicha fecha, por tanto la caducidad ya ha operado”, según la Resolución N° 089-2012-SUNARP-TR-L, numeral 4 de la parte analítica.

Por tales consideraciones, en el XII Pleno Registral se aprobó, como puede verse de la publicación efectuada en el diario oficial El Peruano del 13 de setiembre de 2005, el siguiente precedente de observancia obligatoria: “Procede cancelar por caducidad, con la formalidad establecida en la Ley 26639, las anotaciones de medidas cautelares y de ejecución, cuando la caducidad se ha producido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 28473 que modificó el artículo 625º del Código Procesal Civil.”

De dicho precedente, se puede concluir que, procede cancelar por caducidad las medidas cautelares anotados durante la vigencia del texto primigenio del artículo 625º del Código Procesal Civil, siempre que hubiera transcurrido el íntegro del plazo de caducidad (5 años) desde su fecha de ejecución o inscripción en los Registros, con anterioridad a la vigencia de la Ley 28473.

Si se solicita la caducidad de la medida cautelar ordenada por un Juzgado en 1998, como en el ejemplo propuesto, en el 2005, ya han transcurrido los cinco años a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 625º del Código Procesal Civil en su texto originario y por tanto procede su cancelación.