Se busca ampliar la competencia

La doctora Magali Rojas Delgado, presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) declaró, a propósito del fortalecimiento de las compras públicas en el que se ha empeñado el gobierno, que se busca ampliar la competencia pues actualmente manejan indicadores negativos habida cuenta de que por proceso de selección se presentan un promedio de 1.7 postores mientras que en Chile son 6 ó 7, en Colombia 4 y en Brasil 5. Indicó que su gestión está abocada por ello a incentivar una mayor competencia con el objeto de lograr mejores precios y reducir los actos de corrupción.

En lo que respecta a la adquisición de bienes y servicios generales señaló que con la incorporación de modalidades como la subasta inversa, las compras corporativas y los convenios marco se ha querido eliminar las posibilidades de contacto entre el gestor logístico y el proveedor precisamente para evitar canales de corrupción y mejorar la calidad y el precio. Pese a ello reconoció que aún persiste una percepción negativa en una mayoría de postores que se abstienen de participar en los procesos de selección que convocan determinadas entidades porque entienden que están dirigidos y tienen ganadores elegidos anticipada e ilegalmente. Ese es, sin duda, un factor que tiende a disminuir la cantidad de proveedores en cada licitación. Otro es el equivocado cálculo del valor referencial o presupuesto base que de referencial no tiene nada porque obliga a todos los postores a aceptarlo y a participar ofertando precios que en ningún caso pueden estar por encima de ese monto, de conformidad con el artículo 33º de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y del artículo 39º de su Reglamento, salvo en ejecución de obras en que se puede intervenir con un precio mayor pero sólo en diez por ciento.

En ejecución y en consultoría de obras, según el mismo artículo 39º del Reglamento, el monto mínimo admisible es del noventa por ciento de ese valor referencial y como en ambos casos se califica la propuesta económica, dándole mayor puntaje a la oferta que menos monto presente, absolutamente todos los postores proponen el mismo precio que es ese mínimo aceptable, con lo que desaparece la competencia de precios y el presupuesto base o valor referencial se convierte en un factor determinante para decidir participar o no en el proceso.

Algunos proveedores que entran en contubernio con algunos funcionarios públicos participan en procesos de selección con precios notoriamente insuficientes con el objeto de hacerse de la adjudicación, gracias a la abstención de otros, para después resarcirse del déficit gracias a los adicionales, ampliaciones de plazo y demás artilugios con que esas malas prácticas los favorecen. Es la forma como desplazan a otros competidores sin que nadie sancione o persigue estas costumbres perversas.

La doctora Rojas subrayó que el fortalecimiento del OSCE, impulsado por el Decreto de Urgencia Nº 048-2011, pasa por supervisar y brindar asesoría técnica y capacitación a los proveedores y por restablecer la doble instancia distinta, eliminando, en atención al reclamo de los contratistas, la barrera actualmente vigente de las 600 UIT que impide que las impugnaciones en los procesos por debajo de ese monto puedan acceder al Tribunal de Contrataciones del Estado y dejando sólo que las apelaciones en adjudicaciones de menor cuantía o adjudicaciones directas selectivas puedan resolverse en la misma entidad que convoca el proceso.

Faltó precisar que también se supervisará y brindará asesoría técnica y capacitación a los funcionarios públicos para que calculen adecuadamente los valores referenciales, elaboren bases y términos de referencia ajustados a sus respectivas necesidades y para que durante el desarrollo de sus respectivos contratos adopten las medidas que resulten pertinentes para evitar tener que dilucidar en la vía arbitral asuntos y materias que son de su competencia administrativa o que deberían solucionarse en una etapa de conciliación con la participación activa de los correspondientes órganos de control precisamente para evitar represalias posteriores que ahora limitan la acción de procuradores y autoridades.

Este último es un complemento indispensable, que la presidenta ejecutiva del OSCE de seguro advertirá y tratará de solucionar en breve, para que pueda funcionar la conciliación obligatoria que el Proyecto de Ley Nº 274/2011-PE, remitido por el Ejecutivo al Congreso de la República, pretende impulsar y que podría terminar dilatando y encareciendo las reclamaciones, incorporando una instancia más para hacer todavía más tortuoso el cobro de determinadas acreencias que, aún con laudos favorables consentidos, muchos contratistas no pueden hacer efectivas, un aspecto que las críticas al arbitraje siempre soslayan y que deberían empezar a considerar para ofrecer una visión cabal de la realidad y de sus problemas.