El Consejo Departamental de La Libertad del Colegio de Ingenieros del Perú convocó a una conferencia de prensa para el jueves 30 de octubre con el objeto de rechazar lo que entiende que es un direccionamiento en las contrataciones de obras públicas y de eliminar el requisito de maestrías y doctorados, promover remuneraciones justas para ingenieros y arquitectos y de incorporar un servicio de peritaje técnico respecto de los informes que emita la Contraloría General de la República a fin de proteger a los profesionales de denuncias sin sustento.
La
protesta es muy pertinente porque desde hace tiempo se están exigiendo
calificaciones académicas absolutamente innecesarias para la prestación que es
materia de los procedimientos de selección que se convocan. En ocasiones se
requiere tal cantidad de maestrías y doctorados que el profesional tiene que
haberse pasado toda la vida estudiando, al punto que para tener la más alta
puntuación en cuanto a su formación profesional es probable que alcance una muy
pobre calificación en lo que a su experiencia se refiere habida cuenta de que
no puede haber tenido tiempo para trabajar.
Respecto
a las tarifas que se fijan en los presupuestos que elaboran las entidades que
ejecutan las obras es preciso indicar que en efecto son muy bajas y necesitan
una urgente actualización. No para incurrir en alguna suerte de concertación de
precios como equivocadamente se interpretó cuando el Colegio de Ingenieros del
Perú difundió un documentado estudio que explicaba la forma en que se calculan
los gastos generales y que acarreó una injusta penalidad impuesta
arbitrariamente.
Los
precios que pagan las entidades en el Perú por los servicios que prestan los
profesionales están muy por debajo de los mismos precios que pagan las mismas
entidades a los profesionales de otros países contratados dentro del marco de
los convenios de gobierno a gobierno, con la ventaja adicional que no elaboran
los diseños ni supervisan las obras con lo que no asumen ninguna
responsabilidad por las decisiones que adoptan. Menuda diferencia. Los peruanos
asumen esas responsabilidades y cobran mucho menos.
Es
imperioso que todas las auditorías que elabora la Contraloría tengan un
peritaje que confirme los indicios de responsabilidad que pretenden atribuir a
los profesionales involucrados en estos procesos. No es posible que se imputen
perjuicios económicos que no se acreditan a través de una pericia seria e
independiente. Es muy fácil pretender atribuir a proyectistas o supervisores la
responsabilidad por la diferencia que puede detectarse entre un presupuesto y
el costo final de una obra. Puede deberse a múltiples razones que solo una
pericia puede desentrañar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario