Según
la Ley General de Contrataciones Públicas vigente desde abril ninguna obra
puede tener adicionales por montos mayores al cincuenta por ciento del monto
del contrato original y previa aprobación de la Contraloría General de la
República para el tramo que supera el treinta por ciento. Yo mismo me he
manifestado en contra de esta limitación que viene de atrás y de esta exigencia
que se ha reducido porque antes era desde el quince por ciento. Me ratifico en
ese cuestionamiento porque hay proyectos que requieren de mayores prestaciones
indispensables para alcanzar su objetivo y en tales casos hay que ejecutarlas
porque de lo contrario se tiene una nueva obra paralizada. Eso de convocar otra
licitación para hacer el saldo que queda pendiente es absurdo porque a menudo
es de tan poco monto el nuevo encargo que ni siquiera hay postores o los que
aparecen son realmente impresentables.
La
reflexión viene a cuento a propósito de la obra del canal de la quebrada
Huaycoloro en Lurigancho cuyo contrato fue suscrito por 320 y que terminó
costando 740 millones de soles. La construcción está destinada a proteger a 30
mil pobladores ante los frecuentes desbordes e inundaciones que se producen con
frecuencia, según denunció el diario La República en su edición del jueves
último.
La
obra debió concluir el 27 de octubre de 2024 y acabó doce meses después. De
manera que no solo hubo un incremento del monto del contrato nada menos que del
orden del 131 por ciento sino que también hubo un atraso excesivo e
injustificado. ¿Por qué no se detuvo la construcción ni bien llegó al cincuenta
por ciento del presupuesto inicial? La respuesta está en el modelo de contrato
de gobierno a gobierno que se utilizó con la supuesta idea de acelerar los
plazos de ejecución y de minimizar los adicionales.
Contra
esta clase de convenios se han pronunciado el año pasado los colegios
profesionales de ingenieros, arquitectos y economistas así como la Cámara
Peruana de la Construcción y la Asociación Peruana de Consultoría. Este año
confirman su oposición y advierten que el modelo no tiene éxito ni se usa en la
actualidad en ninguna parte del mundo, encarece considerablemente las obras y
dilata innecesariamente sus plazos. Los ex ministros de Economía y Finanzas
José Salardi y José Arista han coincidido en su propuesta para no insistir en
ellos y la misma Ley General de Contrataciones Públicas los ha restringido solo
para objetos contractuales de alta complejidad que no puedan ser ejecutados
bajo otros modelos a precios menos onerosos.
El
plazo era de 895 días y empezó el 16 de mayo de 2022, de manera que se demoró
un 40 por ciento adicional. Un primer informe de Contraloría detectó una
actualización que representó un adicional del orden del 83.17 por ciento del
monto contratado, que llevó el monto a 586 millones de soles. Eso puede ocurrir
cuando se empieza a construir con un expediente técnico incompleto,
insuficiente para alcanzar el objeto del encargo. La responsabilidad es
compartida por la entidad que lo aprueba y por el contratista que lo recibe
luego de adjudicársele el trabajo. En tales circunstancias no debe autorizarse
el inicio de la ejecución de las obras hasta que todos los estudios estén
debidamente aprobados.
Si
el proyecto hubiera estado bajo el imperio de la normativa nacional, no hubiera
empezado. Y si, pese a sus deficiencias, hubiera comenzado, al llegar al
cincuenta por ciento de incremento, se habría paralizado indefectiblemente.
Como no estuvo bajo el imperio de la normativa nacional, sus costos siguieron
creciendo sin pausa.
La
Contraloría responsabilizó a la Autoridad Nacional de Infraestructura por un
segundo adicional que llevó el monto a 652 millones de soles por no gestionar
eficazmente el retiro de cruces vehiculares informales, que obviamente no aparecen
en los planos oficiales pero que se detectan fácilmente en las visitas al
campo, así como por otras dificultades que impidieron el acceso del contratista
a la zona del trabajo creando incertidumbre sobre la culminación del proyecto y
sobre su capacidad hidráulica. Este segundo informe reportó un nuevo aumento que
alcanzó el 103.94 por ciento y que afectó la oportuna puesta en servicio de las
defensas ribereñas en perjuicio de la población ante la inminente temporada de
lluvias.
Un
nuevo incremento llevó el monto a los señalados 740 millones de soles lo que
representa más del 131 por ciento del monto contratado. El proyecto todavía no
se entrega. Está en la etapa de cierre comercial, de levantamiento de
observaciones, de transferencia a la municipalidad de Lurigancho y de
definiciones respecto al mantenimiento de las obras físicas, trámites que
eventualmente podrían elevar aún más el costo total.
Otra prueba más como para no reincidir en esta clase de convenios.
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