Los riesgos que confronta la consultoría de infraestructura

El miércoles 1° de octubre se desarrolló un foro sobre la legislación que afecta a la consultoría de infraestructura en los países de la región organizado por la Federación Panamericana de Consultores (FEPAC) conjuntamente con la Cámara Colombiana de Infraestructura, la Associacao Brasileira de Consultores de Engenharia, la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos – Tecniberia y la Asociación Peruana de Consultoría.

En el evento expusieron los colombianos Juan Carlos Quiñones, vicepresidente de la CCI, y Miguel Betín Jaraba, vicepresidente de FEPAC; los brasileros Ricardo Gomes, past presidente, y Joao Recena, vicepresidente  de ABCE; el español Luis del Pozo Vindel, vocal de Tecniberia; y los peruanos Elías Tapia Julca, presidente, y Ricardo Gandolfo Cortés, director de la APC.

Nuestro editor trató sobre los riesgos que confronta la consultoría en la actualidad y con ese fin enumeró algunos peligros que se ciernes sobre esta actividad en Iberoamérica destacando cuatro: Que no se adjudiquen los contratos a los mejores; que no se valore la experiencia de los postores; que otros actores ajenos a los contratos aprueben los costos finales de los proyectos; y que nadie tome decisiones con lo que las obras terminan paralizándose.

Respecto a los procedimientos de selección cuestionó la cada vez más alta incidencia del precio que se oferta en el otorgamiento de la buena pro, mecanismo que nunca favorece la elección de la mejor propuesta, porque absolutamente todos los postores ofrecen el monto más bajo que permita la convocatoria, habida cuenta de que como se le asigna el puntaje más alto al que tenga el precio más bajo, nadie quiere dejar puntos en esta etapa, generándose los perniciosos empates masivos que se definen por sorteo.

En cuanto a la experiencia cada vez se acorta más el plazo que tienen los postores para acreditarla. En el Perú se ha logrado incrementar algo, pero es frecuente que sólo se admitan los trabajos ejecutados en los últimos diez o veinte años, como si los proyectos anteriores, que están en plena operatividad y que han demostrado su vigencia a lo largo de los años no deban tener más valor que aquellos que recién están en funcionamiento y no se sabe cómo resistirán el paso del tiempo.

En lo que concierne a los adicionales se sigue permitiendo la participación de instituciones ajenas a la ejecución de las obras aprueben estas prestaciones, a partir de determinado porcentaje del monto original del contrato, sobre la base de los informes que emiten profesionales que no tienen ni el currículum ni la especialización de aquellos que las autorizaron en la propia entidad que las ejecuta.

En materia de decisiones se quejó de que comprensiblemente ningún funcionario las toma por temor a las represalias, a las investigaciones y a los juicios, de los que habitualmente sale bien librado pero a costa de perder mucho tiempo y dinero. Los mismos funcionarios aconsejan a los proveedores reclamar sus derechos en la vía arbitral. Ahora sin embargo los auditores también están enjuiciando a los árbitros con lo que ni siquiera ellos, que constituyen una jurisdicción independiente, ya quieren tomar decisiones, con lo que los contratos finalmente se paralizan.

Ojalá todos estos riesgos desaparezcan en breve. Todos estamos empeñados en que así sea.