El viernes 10 de octubre el Gremio de Construcción e Ingeniería de la
Cámara de Comercio de Lima celebró con mucho éxito su III Congreso Internacional,
inaugurado por Roberto De la Torre, presidente de la Cámara, y por Dante Mendoza,
presidente del Gremio. El programa empezó con un panel sobre el plan nacional
de infraestructura y sus estrategias de financiación e implementación en el que
participaron Diego Macera, Luis Miguel Castilla, Alonso Segura y María
Antonieta Alva, los tres últimos ex ministros de Economía.
El segundo panel trató sobre las oportunidades y desafíos de las
inversiones en el Perú con la intervención de Carlos Posada y los embajadores de
Canadá, Jean-Dominique Ieraci; de España, Alejandro Abellán García de Digo; y
de Chile, Óscar Fuentes Lira. En el tercero, sobre la necesidad de transformar
la gestión de proyectos en el Perú, hicieron
uso de la palabra Amalia Moreno Vizcardo, Oscar Caipo Ricci, Marc Chassande y
Pamela Florián.
En el cuarto panel sobre novedades de la Ley General de Contrataciones
Públicas y su Reglamento estuvieron presentes Nicanor Gonzáles Quijano, de la
Universidad San Ignacio de Loyola; Mariela Sifuentes Huamán, presidenta del Tribunal
de Contrataciones Públicas; Víctor Villanueva Sandoval, presidente de la
Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas; y Marco Martínez Zamora, árbitro
y ex vocal del Tribunal de Contrataciones Públicas. También estuvieron en este
panel los abogados y expertos en contratación pública Laura Castro Zapata,
Fabiola Paulet Monteagudo y Ricardo Gandolfo Cortés. Este panel se dividió en
dos mesas: la primera abordó el tema de las nuevas sanciones administrativas y la
segunda sobre la aprobación de adicionales de obra por parte de la entidad y de
la Contraloría General de la República.
En el quinto panel sobre nuevos mecanismos de financiamiento
participaron Rafael Montoya Álvarez, Javier Guzmán Barrón, Gerardo Arosema,
Marco Puppo Cabrera y Carlos Cornejo Heinrich. En el sexto panel sobre los
atractivos de las obras por impuestos para la empresa privada intervinieron
Nelson Muñoz, Rafael Ugaz, Ramón Noriega, David Ruiz Valenzuela y Edgar Ortiz
Gálvez. En el sétimo panel sobre el verdadero impacto económico de las
Asociaciones Público Privadas hicieron uso de la palabra Paola Lazarte, ex
ministra de Transportes y Comunicaciones; José Luis Guash Asmarats, asesor del Banco
Mundial; José Salardi Rodríguez, ex ministro de Economía y Finanzas; y Raúl
Barrios, past president y vocal del Gremio.
En el octavo panel sobre el rol de la Contraloría General de la
República en las obras públicas estuvieron presentes Javier Salazar Soplapuco,
árbitro y adjudicador; Alberto Valenzuela Soto, past president de la Comisión
Consultiva para el Desarrollo de la Infraestructura Nacional del MEF; Luis
Mijail Vizcarra Llanos, asesor de la Jefatura de la Autoridad Nacional de
Infraestructura; Elías Tapia Julca, vicedecano del Consejo Departamental de
Lima el Colegio de Ingenieros del Perú; y Carlos Ugaz Montero, segundo vicepresidente
del Gremio.
Nuestro editor indicó que un adicional de obra es toda prestación no
considerada en el expediente ni en el contrato cuya realización resulta
indispensable para lograr la meta prevista. Expuso el ejemplo de un proyecto de
infraestructura concebido para soportar un sismo de grado 7.5 que estaba en
plena ejecución cuando se produjo el terremoto de Coquimbo, en Chile, que
alcanzó los 8.4 grados y que obligó a replantear el diseño del proyecto que se
hacía en Lima para enfrentar un movimiento telúrico de grado 9. La
reformulación fue aprobada por todas las instancias y dio lugar a un adicional
que, como explicó, no incrementa el costo de una obra: lo sitúo en su real
dimensión. Los adicionales no son sobrecostos, son ajustes al presupuesto
original para alcanzar el verdadero precio.
Luego dijo que en el régimen anterior la entidad aprobaba adicionales
hasta el 15% del monto del contrato y que ahora los aprueba hasta el 30%. Que
la Contraloría autorizaba los adicionales entre el 15 y el 50% del monto el
contrato y que ahora autoriza entre el 30 y el 50%. Que no podían ni pueden
aprobarse adicionales por más del 50%. Que antes no podía controvertirse en
ninguna vía alternativa ninguna pretensión sobre adicionales y que ahora se
puede controvertir en las vías alternativas los adicionales hasta el 30% del
monto del contrato. Que antes todos los adicionales tenían que controvertirse
en la vía judicial y que ahora solo los que están entre el 30 y el 50%.
Su propuesta es que todos los adicionales sean aprobados por la
entidad que es la que ejecuta la obra y que todas las reclamaciones sobre
adicionales se resuelvan en arbitraje o en junta de prevención y resolución de
disputas. Que ninguna institución ajena a la obra tenga injerencia en la
autorización de estas cuestiones eminentemente técnicas sobre las que solo deben
pronunciarse especialistas de altas calificaciones.
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