domingo, 31 de mayo de 2015

Defensa del Estado en el arbitraje de contratación pública

La Dirección de Conciliación Extrajudicial y de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos organizó conjuntamente con el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el jueves 28, una Conferencia Magistral sobre Aspectos Prácticos de la Defensa del Estado en el Arbitraje de Contratación Pública con la participación de los doctores César Guzmán Barrón Sobrevilla que disertó sobre las destrezas legales en el arbitraje, Ricardo Rodríguez Ardiles que abordó el tema de la falta de motivación del laudo como causal de anulación, Mariela Guerinoni Romero que trató sobre el conflicto de interés y el uso de la recusación, y Ricardo Gandolfo Cortés, nuestro editor, que expuso sobre los procedimientos y criterios para la selección de árbitros.
El doctor Guzmán es el director del Centro de Arbitraje de la PUCP y los otros tres conferencistas son reconocidos árbitros de la especialidad. El evento fue auspiciado por la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y por el Centro Arbitra Perú. Contó con una nutrida asistencia que colmó las instalaciones del auditorio del ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Miraflores.
Nuestro editor comentó sobre el proyecto de ley que pretende restituir la segunda instancia arbitral, exigir el arbitraje institucional en todas aquellas controversias que comprenda la transferencia de bienes inmuebles o muebles registrables, obligar a hacer notificaciones por periódico, abrir el arbitraje a las acciones de tercería excluyente de propiedad y, lo que es más grave aún, responsabilizar a los centros de arbitraje por las decisiones que adoptan sus árbitros. Dijo que no era lo más conveniente para tratar de impedir que las malas prácticas y los actos de corrupción y fraude se canalicen a través del arbitraje. Destacó que estos ilícitos se canalizan a través de un proceso arbitral de la misma manera en que se pueden canalizar a través de un proceso judicial o de otras formalidades y que eso no hace corruptos ni al arbitraje ni al Poder Judicial. Admitió que hay que tomar algunas medidas y hacer algunos ajustes y recomendó reforzar la transparencia como principal antídoto contra la corrupción.
El doctor Gandolfo propuso que las entidades, y no los particulares, elijan sus árbitros de registros especiales y aseguró que si ellas hacen buenas designaciones el arbitraje está salvado porque para que haya malas prácticas es indispensable que la mayoría de los árbitros se presten a esos juegos y mientras haya un árbitro serio éste no permitirá que alguno que no lo sea. Cuando menos, no permitirá que el presidente lo sea.

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