El Grupo Parlamentario Nacionalista, a través de la congresista Marisol Espinoza Cruz, presentó el lunes 3 al Congreso de la República el Proyecto de Ley 4005/2009-CR que establece mecanismos de control gubernamental en los procesos de selección que se realizan mediante Convenios de Administración de Recursos Públicos con entidades como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
En la exposición de motivos del proyecto se dice que el inciso g) del artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 27785 señala que las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administren, están sujetas a control, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual operen.
El proyecto advierte que diferentes entidades públicas del gobierno nacional y de gobiernos regionales y locales, durante los últimos años y en el marco de las Leyes de Presupuesto Público y Decretos de Urgencia, han suscrito diversos convenios de administración de recursos públicos con organismos internacionales para que se encarguen de la realización de sus procesos y la ejecución de sus obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, de los que no se tiene información alguna respecto de su administración y manejo, entre otras razones porque quienes deberían proporcionarla se amparan en las inmunidades y privilegios vigentes en el país para funcionarios internacionales, pero que no les corresponden, desacatando así el mandato de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 27806.
El proyecto enfila sus baterías contra la Municipalidad de Lima Metropolitana y contra los procesos de selección y contratación de obras que ejecuta por encargo básicamente a través de la OIM, institución que percibe aproximadamente un 3.5% del valor de la obra por los servicios que presta y que, pese a ello, evade todo sistema de control que debería permitir conocer el manejo de los recursos que se le confían y auditar las acciones y actividades que desarrolla en los campos administrativos, presupuestales, operativos y financieros.
La exposición de motivos sostiene que esta modalidad excepcional para implementar los Convenios de Administración de Recursos, prevista en la sétima disposición final de la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto 28411, no está exonerada de los mecanismos de control gubernamental a que se refiere la Ley 27785 y mucho menos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
A manera de ejemplo, el proyecto reproduce un cuadro en el que lista un total de 13 obras cuyo costo inicial ha experimentado significativos incrementos que superarían largamente los mil 500 millones de nuevos soles lo que representa más del 120% de los presupuestos de partida, lo que no tiene ninguna justificación y es tremendamente desproporcionado. Las obras van desde la Semaforización de la Avenida Canadá, 200 Losas Deportivas, 500 Escaleras Solidarias, 13 Piletas Ornamentales en el Parque de la Reserva, el Viaducto entre Paseo de la República y la Avenida Manco Cápac, la Vía Expresa de Grau, los intercambios viales de Puente Piedra, de Villa El Salvador, de Habich y de Venezuela, la Estación Central, la Vía Expresa Carril Central hasta el Metropolitano, obra emblemática del municipio, que ha terminado costando, este último, más de mil 500 millones cuando su presupuesto inicial era de 670 millones, lo que significa un incremento de más de 863 millones.
En el documento se denuncia que la Municipalidad de Lima Metropolitana habría pagado para realizar los procesos de selección de estas 13 obras más de 53 millones de nuevos soles cuando en su propia estructura funcional cuenta con todo el soporte técnico y logístico como para organizar y administrar ella misma estos procesos sin ocasionar este enorme perjuicio al erario municipal y a la ciudadanía.
La exposición de motivos hace referencia también a constantes denuncias y cuestionamientos públicos al alcalde metropolitano por la elaboración de estudios incompletos y por la ejecución de obras con excesivos e inexcusables atrasos que se pretenden justificar en las interferencias que obligan a realizar obras complementarias y adicionales que finalmente duplican los costos presupuestados y aprobados originalmente.
El proyecto critica las declaraciones del alcalde de Lima formuladas tanto en su presentación ante las comisiones del Congreso y como ante la prensa admitiendo que utiliza estos convenios de administración de recursos con organismos internacionales para evitar la intervención del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) porque, según ha manifestado, ello retrasaría los procesos y la consiguiente ejecución de las obras.
Para el Grupo Parlamentario Nacionalista esa argumentación no es válida pues, pese a haber eludido la sujeción a la normativa sobre contratación pública vigente y aplicable a todas las entidades del Estado, las obras de la Municipalidad de Lima Metropolitana están largamente atrasadas, en algunos casos con retrasos que sobrepasan los tres años, situación que se corrobora con el Informe de la Misión del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo que estuvo aquí y que avizoró que la falta de planificación generaría una situación caótica en el transporte vehicular en las diferentes arterias que afectan no sólo la calidad de vida de la población sino que afectan significativamente la actividad económica, social, productiva y turística del país, contribuyendo a la contaminación ambiental, perjudicando la salud de los habitantes y agravando la inseguridad ciudadana.
Respecto del Metropolitano el documento retrocede hasta el 2003 cuando su costo estimado todavía era de 435 millones de soles, según refiere, para agregar que en el 2006 se incrementó a 644 millones de soles, en el 2008 a 844 millones de soles, en el 2009 a 879 millones de soles y ahora en el 2010 se dice que costará más de mil millones de soles para unos y mil 500 millones para otros.
El proyecto advierte que la Contraloría General de la República no ha emitido ningún pronunciamiento sobre esta obra porque no se le permite realizar las acciones de control por cuanto todo el proceso se regula por las normas internacionales que lo impiden. Para la Municipalidad de Lima Metropolitana los sobrecostos se derivan de las interferencias del sistema de alcantarillado y de las redes eléctricas en la Estación Central del Paseo de los Héroes Navales, argumento que fue rebatido por Sedapal en el 2004 cuando esta empresa precisó que le había entregado a Protransporte 25 planos de la red existente de agua potable y alcantarillado con lo que dicha entidad elaboró el correspondiente estudio que debería haber posibilitado la identificación y ubicación de esas interferencias dentro del área de influencia del proyecto y evitado así la ejecución de obras complementarias con mayores costos a los inicialmente presupuestados.
En consideración de todo ello y de los ejemplos señalados el Grupo Parlamentario Nacionalista propone que los Convenios de Administración de Recursos que las entidades del gobierno nacional, regional o local suscriban con organismos internacionales deban someterse a los mecanismos de evaluación, fiscalización y control previstos y observar los más altos niveles éticos y transparentes, para cuyo efecto exige que esos organismos internacionales estén obligados a brindar la información necesaria a la Contraloría General de la República para que sean evaluados en función de sus objetivos, costos y metas alcanzadas, con cargo a que esta entidad a su turno reporte semestralmente a la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre sus resultados.
Coincidiendo con este proyecto, el miércoles 5 el ingeniero Paco Toledo Yallico, gerente central de Control Sectorial de la Contraloría se pronunció en el Congreso de la República a favor de regular esta clase de convenios a fin de lograr una mayor transparencia en las operaciones y en las inmunidades y prerrogativas con que se blindan y que muchas veces dan lugar a denuncias sobre supuestas irregularidades. Lo hizo ante la Comisión Especial Multipartidaria Permanente encargada del Control, Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción que preside la congresista Rosa Florián Cedrón en el marco de una exposición más amplia relativa al sistema legal de contrataciones del Estado y a los mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción y promover la transparencia que fue muy bien acogida por los congresistas Pedro Santos, Elizabeth León y Jorge Foinquinos, integrantes de dicha comisión.
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