La Cámara Peruana
de la Construcción y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil
publicaron recientemente un comunicado exhortando al Congreso de la República
para que no apruebe los proyectos de ley 1410/2016-CR y 1435/2016-CR,
promovidos, el primero a iniciativa de la congresista Karina Juliza Beteta
Rubín, de Fuerza Popular, y el segundo de la congresista independiente Yeni
Vilcatoma de la Cruz, por cuanto, según refieren, pretenden impedir que
contraten con el Estado las empresas que estuvieren sujetas a algún tipo de
investigación por corrupción y lavado de activos, sin haber sido condenadas y
transgrediendo, por consiguiente, los derechos fundamentales al trabajo, a la libre
contratación y a la presunción de inocencia que la Constitución Política
consagra.
Los señalados
gremios denuncian que estas propuestas destruirían a la industria peruana de la
construcción que representa a más del seis por ciento de la economía del país y
afectaría a una gran cantidad de empresas con un impacto social enorme, habida
cuenta de que afectaría seriamente a ingenieros, obreros, empleados,
proveedores de bienes y servicios, clientes, acreedores y a un número
indeterminado de firmas que se encontrarían obligadas a cerrar sus operaciones
en forma definitiva.
El Proyecto
1410/2016-CR modifica el Decreto de Urgencia 003-2017 que a su vez intenta
asegurar la continuidad de las inversiones para la prestación de servicios
públicos y cautela el pago de las reparaciones civiles a favor del Estado en
los casos de corrupción. En ese afán, cambia la norma y establece criterios
para garantizar el cumplimiento de sus fines. Es respaldado por las
congresistas Milagros Salazar de la Torre, Lourdes Alcorta Suero, Leyla Chihuán
Ramos, Cecilia Chacón de Vettori, Rosa María Bartra Barriga, Tamar Arimborgo
Guerra, Hilda Robles Uribe, Gladys Andrade Salguero de Álvarez y Liliana
Takayama Jiménez así como por los parlamentarios Edwin Vergara Pinto, Luis
Galarreta Velarde, Guillermo Martorell Sobero y Héctor Becerril Rodríguez.
El
pronunciamiento de CAPECO y de los trabajadores de construcción civil, en
salvaguarda de los principios y derechos constitucionales, solicita al Congreso
de la República que no promulgue esos proyectos que atentarían gravemente
contra la economía nacional y, en su lugar, convoque a una mesa de trabajo a
fin de plantear conjuntamente soluciones que busquen mejorar los procesos de
contratación pública y combatir la corrupción y cualquier otro ilícito de
manera más eficiente.
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