En la edición del jueves 19 del diario El
Comercio aparecieron las declaraciones del Contralor General de la República,
Fuad Khoury, solicitando mayores facultades para intervenir en las entidades
públicas y para tener acceso al secreto bancario y al secreto de las
comunicaciones, sin autorización judicial, como parte de la lucha contra la
corrupción.
El ex presidente del Tribunal Constitucional y ex
ministro de Justicia, Víctor García Toma, advirtió que para que ese pedido
prospere se requiere modificar la Constitución lo que sólo es posible a través
de dos legislaturas consecutivas con votación calificada de cuando menos 87
votos en cada una. Dijo además que extender esa facultad, actualmente privativa
de jueces y comisiones investigadoras del Congreso, no parece lo más
recomendable. Se trata, sin duda, de derechos constitucionales fundamentales
que no pueden estar sujetas al vaivén de las vicisitudes de los procesos que
alienta la Contraloría. Desde su punto de vista, sería peligroso, según
refirió. Agregó que la posibilidad de que la Contraloría intervenga en las
entidades públicas sería excesivo porque desnaturalizaría su función que es la
de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
El congresista Juan Carlos Eguren, presidente de
la Comisión de Justicia del Congreso, no fue tan categórico y más bien dio la
bienvenida a todas las iniciativas que planteen una lucha frontal contra la
corrupción que es un flagelo terrible. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con la
solicitud de la Contraloría para quedar exonerada de pedir autorización al juez
para el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones. Se mostró,
en cambio, favorable a una intervención temporal en determinadas entidades.
El contralor ha indicado que en el 2014 se
iniciaron 299 proceso judiciales como consecuencia de las denuncias de la CGR.
Estuvieron implicados 1522 funcionarios y estuvieron involucrados cerca de 289
millones de soles. Lo que no ha señalado es la cantidad de esos juicios que la
Contraloría pierde y que ocasionan daños y perjuicios severos a los servidores
injustamente comprometidos en causas a menudo sin sustento y al propio país y a
su estructura judicial que se distrae en largos procesos que a nada conducen. Mucho
mejor sería que la CGR concentre sus esfuerzos y de menos batallas pero que
sean mayormente ejemplares. Que castiguen la corrupción y que desalienten a
quienes se sienten tentados de caer en sus garras.
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