La semana pasada el abogado,
conferencista y árbitro español Pablo Laorden dictó en las instalaciones del
Miraflores Park Hotel el Módulo 2 del Curso de Contratos FIDIC que, como
informamos en nuestra última edición, está concentrado en la gestión de
variaciones, reclamaciones y resolución de disputas en obras. El evento fue organizado,
con el éxito ya habitual, por la Asociación Peruana de Consultoría que preside
Luis Vera Barandiarán con el auspicio de la Federación Internacional de
Ingenieros Consultores que tiene los derechos de la franquicia en todo el
mundo. En la parte final intervinieron el doctor Jaime Gray Chicchon y el
ingeniero Carlos López Avilés poniendo la cuota nacional en el cónclave.
Gran parte del curso fue dedicado, como
era de esperarse, al mecanismo de solución de conflictos que reposa en primera
instancia en las instrucciones que emite quien asume las tareas que nosotros
conocemos como de supervisión de obras y en segunda instancia en las decisiones
que emite la dispute adjudication board –DAB– o mesa de resolución de
conflictos (PROPUESTA 240), modalidad que apareció precisamente en el sector
construcción pero que con el tiempo se ha ido extendiendo a otras actividades y
cuya característica fundamental es que acompaña toda la ejecución contractual y
está pendiente de cualquier incidente que pueda entorpecer su cabal cumplimiento.
En nuestro país se viene evaluando la
posibilidad de incorporar este mecanismo en la solución de los conflictos que
se suscitan en la ejecución de los contratos de obras regulados por la Ley de
Contrataciones del Estado y por de pronto el principal obstáculo que se ha
encontrado es el hecho de que las decisiones de la DAB no son obligatorias para
las partes, motivo por el que –con toda razón– se teme que podría convertirse
en una instancia más que encarezca y dilate las reclamaciones en la
contratación pública, cuando lo que se pretende es hacerlas más rápidas y
eficaces. Como no son obligatorias, la parte que se considere perjudicada por
la decisión tendría siempre expedito su derecho para interponer una demanda en
la vía arbitral que es precisamente lo que se quiere evitar.
Nuestro editor, que es uno de los más
antiguos especialistas en la materia, ha planteado que las pretensiones que son
sometidas a conocimiento de la DAB sean obligatorias para las partes pero
distintas a aquellas otras que eventualmente podrían ser sometidas a arbitraje.
El doctor Ricardo Gandolfo ha declarado, al término del curso de Contratos
FIDIC, que las pretensiones pueden dividirse, para estos efectos, en razón de
sus cuantías o de sus materias. Ha señalado, sin embargo, que él prefiere que
se diferencien por este último criterio y que la cuestión económica no
determine si una controversia se resuelve a través de la dispute adjudication
board o a través de un arbitraje.
En palabras de nuestro editor “las
discrepancias relativas a la nulidad, resolución y liquidación de los contratos
así como aquellas referidas a la ampliación de plazos, recepción y conformidad
de la prestación y pago de valorizaciones y/o metrados podrían perfectamente ir
a arbitraje sin hacer ninguna escala en la dispute adjudication board. En
cambio, podrían no ir a arbitraje y resolverse en la DAB, las discrepancias
técnicas relativas a aspectos muy puntuales de la obra, como pueden ser las
referidas a la interpretación del expediente técnico, la definición de los
materiales a emplear, la procedencia o no de los adicionales o deductivos y todas
las consecuencias que de ellos se derivan, las soluciones para atender las
múltiples ocurrencias y demás cuestiones vinculadas intrínsecamente a la
ejecución.”
La propuesta, en resumen, consistiría
en dirimir en la vía arbitral todas esas materias para las que la propia Ley de
Contrataciones del Estado establece un plazo perentorio a fin de que dentro de
él interpongan la correspondiente demanda bajo apercibimiento de perder el
derecho a reclamar en esa sede. Todas las demás, incluso aquellas para las que
la LCE prohíbe expresamente el arbitraje, podrían, por tanto, solucionarse en
la mesa de resolución de conflictos (MRC) o dispute board.
De esa manera, como dijo Gandolfo, “se
lograría una división equitativa de materias y se blindaría a las entidades para
que puedan cumplir las decisiones que emita la DAB colocándolas a salvo de
cualquier intento de responsabilizar a sus funcionarios por el supuesto
incumplimiento de sus respectivas obligaciones con lo que finalmente se
reforzaría la posibilidad de resolver los conflictos más rápidamente en
beneficio de la obra, del país y de su desarrollo.”
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