El plazo de la responsabilidad del ejecutor y del consultor de obra

El artículo 1784° del Código Civil al regular la responsabilidad del contratista de una obra establece que si en el curso de los cinco años siguientes a su aceptación ésta se destruye, total o parcialmente, o bien presenta evidente peligro de ruina o graves defectos por vicio de la construcción, aquél será responsable, ante el comitente o ante sus herederos, siempre que se le avise por escrito de fecha cierta dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se destruyó o se descubrió el riesgo.

Un segundo párrafo añade que el contratista también es responsable, si sucede alguna de esas eventualidades, por la mala calidad de los materiales o por defecto del suelo, si es que hubiere suministrado los primeros o elaborado los estudios, planos y demás documentos necesarios para la ejecución de la obra.

Un último párrafo preceptúa que el plazo para interponer la acción es de un año computado desde el día siguiente a aquel en que se avisa por escrito al contratista del suceso.

Comitente es el que le encarga algo a otro. En este caso, es quien le confía al contratista la ejecución de una obra. En palabras más simples, es el propietario o quien hace sus veces. El comitente, por tanto, es quien debe reclamarle al contratista por los denominados vicios ocultos, aquellos que no se aprecian al momento de la recepción actuando con la diligencia exigible de acuerdo con la aptitud personal de quien la realiza y con las circunstancias que lo rodean, a juzgar por lo dispuesto en el artículo 1504° del mismo Código Civil.

El artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, por su parte, estipula que el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad, dejando abierta la posibilidad para que el contrato pueda establecer excepciones para bienes fungibles o perecibles. Para el caso de obras, el plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a siete años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

Un segundo párrafo de este artículo 50° de la LCE ordena que las bases establezcan el plazo máximo de responsabilidad del contratista sin precisar ningún límite con lo que, al menos en teoría, podría fijarse éste hasta las calendas griegas.

El Código, como queda dicho, extiende la responsabilidad del contratista tanto ejecutor como consultor de la obra por cinco años, siempre que se le avise dentro de los seis meses de advertido el problema. La norma específica responsabiliza al contratista ejecutor de la obra por un plazo mínimo de siete años desde la recepción y al contratista consultor de la obra por un plazo mínimo de un año. Parecería que la norma general establece un plazo máximo y la LCE un plazo mínimo que, sin embargo, en el caso del contratista ejecutor de la obra no se armonizan entre sí porque el mínimo de la norma específica está por encima del máximo del Código.

Está claro, empero, que la norma específica prevalece sobre la general y es por eso que en los contratos regulados por la LCE el plazo de responsabilidad es de un año para bienes y servicios y de siete años para el caso de obras. El caso de consultoría de obras resulta peculiar porque formalmente está considerado como servicios y por consiguiente tendría una responsabilidad mínima de un año de conformidad con la norma específica. ¿Qué sucede si las bases no han previsto un plazo máximo de responsabilidad? ¿Rige el del Código Civil o se queda en el año que es el plazo mínimo previsto en la LCE?

Para absolver esta inquietud es pertinente revisar la Opinión N° 003-2013/DTN con la que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado responde una consulta formulada por la SUNAT sobre el particular.

El documento reitera, en efecto, que la LCE establece el plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad y los vicios ocultos de la prestación, entendidos estos últimos como aquellos que se evidencian luego de culminado el contrato. Destaca que los plazos a los que se refiere el artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado son de caducidad, según lo preceptuado en el numeral 52.2 del artículo 52° de la LCE, lo que significa que extinguen el derecho y la acción correspondiente a juzgar por lo indicado en el artículo 2003° del Código Civil. Los reclamos de las entidades por vicios ocultos, por consiguiente, deben ser presentados antes del vencimiento de tales plazos para que puedan ser admitidos.

Así, en el caso de bienes y servicios, el plazo de responsabilidad se extiende como mínimo por un año computado a partir de la conformidad otorgada por la entidad, pudiendo, excepcionalmente, reducirse cuando la naturaleza de los bienes no se adecue a dicho plazo; en cambio, en el caso de obras, el plazo de responsabilidad se extiende como mínimo por siete años, computados a partir de la recepción de la obra.

Ello, no obstante, la entidad puede establecer plazos mayores de responsabilidad del contratista; es decir, puede establecer plazos mayores a un año cuando se trate de bienes y servicios, o plazos mayores a siete años cuando se trate de obras, debiendo prever tal plazo en las bases para que surta efectos frente al contratista.

Precisado lo anterior, la DTN refiere con razón que el proyectista es el consultor de obra encargado de la elaboración del expediente técnico y de la absolución de las consultas u observaciones que haga la entidad sobre dicho documento. El expediente técnico según el numeral 24 del Anexo de Definiciones del Reglamento de la LCE, es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuestos, fecha de determinación del presupuesto, valor referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.

En esa medida, el proyectista es el responsable de los daños o consecuencias económicas que se deriven de los defectos del expediente técnico, tales como los originados por la aprobación de adicionales de obra por errores del expediente técnico, que constituyen vicios ocultos, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del numeral 41.2 del artículo 41° de la LCE y penúltimo párrafo del artículo 208° del Reglamento. El proyectista, según el documento, es responsable por las deficiencias del expediente técnico detectadas con posterioridad a la culminación del contrato de consultoría de obra por un plazo no menor a un año, contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad. El plazo máximo debe estar indicado expresamente en las bases. Si no lo está, rige el plazo mínimo de un año previsto en el artículo 50º de la Ley.

El OSCE señala que cuando en el contrato no se hubiere establecido un plazo máximo de responsabilidad del consultor de obra encargado de elaborar el expediente técnico no cabe la aplicación supletoria del Código Civil por cuanto existe una norma expresa que regula el plazo mínimo de responsabilidad por vicios ocultos de un proyectista. Según la DTN regiría el plazo de cinco años en la eventualidad de que la norma específica no hubiere precisado ningún plazo.

De conformidad con lo expuesto al absolver la consulta anterior, cuando en el contrato no se hubiera establecido un plazo máximo de responsabilidad del consultor de obra encargado de elaborar el expediente técnico, se aplicará el plazo mínimo de un año establecido en el artículo 50º de la Ley.

Así, en tanto exista una norma expresa que regula el plazo mínimo de responsabilidad por vicios ocultos de un proyectista y aún cuando no se establezca expresamente un plazo máximo en el contrato ni en las bases, no es posible la aplicación supletoria del Código Civil a juzgar por lo dispuesto en la parte final del artículo 142º del Reglamento de la LCE que recuerda que en lo que no estuviere previsto en la Ley y el Reglamento, será de aplicación supletoria las normas de derecho público y, sólo en ausencia de éstas, las de derecho privado, que engarza con lo preceptuado en el ya citado numeral 52.3 del artículo 52º de la LCE que consagra el orden de prelación normativa.

Como el artículo 50º de la Ley de Contrataciones establece un plazo, cierto que mínimo pero plazo al fin, el OSCE entiende que ya no cabe recurrir a las normas de derecho privado aún cuando ello sólo sea para fijar el plazo máximo.