DE LUNES A LUNES
Desde Buenos Aires
Hace un par de semanas informamos que el texto sustitutorio de modificación de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), promulgada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, emitido por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República debía esperar un nuevo pronunciamiento de la Comisión de Economía que originalmente había aprobado uno específicamente referido al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo con idéntico propósito el 30 de setiembre del año pasado, con el carácter de urgente.
Es verdad que en cada comisión la iniciativa se analiza y sale fortalecida, al menos eso debería ocurrir y sin duda ha ocurrido en varios aspectos. En materia de solución de conflictos, sin embargo, el recorrido ha sido inverso. Cada vez se ha ido empeorando. Es cierto que el proyecto original llegado de Palacio de Gobierno a última hora incorporó una instancia de conciliación obligatoria como requisito para pedir el arbitraje. No menos cierto es que en la Comisión de Economía esa instancia dejó de ser obligatoria, toda vez que como está concebida lo único que hace es dilatar y encarecer los procesos porque no aporta nada a favor de la efectiva resolución de las controversias.
En la misma comisión, por otra parte, no se creó el espacio para el desarrollo del arbitraje institucional que se solicitó insistentemente habida cuenta de que en la actualidad cuando una entidad incluye la cláusula arbitral de un determinado centro el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) termina retirándola en los casos en que algún postor observe ese añadido en el entendido de que ninguna parte puede imponerle a la otra algún convenio de esta naturaleza. En esas eventualidades, los arbitrajes terminan siendo ad hoc.
Este asunto se ha complicado aún más en la Comisión de Fiscalización porque en lugar de hacerle un lugar al arbitraje institucional, en contraposición al ad hoc, ha robustecido el arbitraje al interior del OSCE obligando además a los árbitros a estar inscritos en el registro que administra este organismo como condición para administrar justicia en materia de contratación pública con lo que se convierte a este listado en un registro único y con lo que dejan de tener importancia los otros registros que administran otras importantes instituciones arbitrales como la Cámara de Comercio de Lima o la Pontificia Universidad Católica del Perú y con lo que, adicionalmente, se desecha el valioso concurso de destacados profesionales altamente especializados que no tienen interés en estar inscritos en ningún registro pero que ocasionalmente se desempeñan como árbitros para contribuir a dilucidar discrepancias de especial dificultad.
Por si esto fuera poco, el texto sustitutorio ha creado una causal de anulación del laudo muy peligrosa que de prosperar podría también encarecer y dilatar los procesos regresándolos al Poder Judicial que es precisamente de donde se los extrajo para conquistar una solución rápida y eficaz de las disputas en 1998.
Queda la esperanza que en la Comisión de Economía se corrijan estos excesos motivados sin duda por el comprensible afán de mejorar el sistema que han puesto de manifiesto varios parlamentarios. Que convoquen a los especialistas y que no se dejen llevar por los cantos de sirena de aquellos que en el fondo sólo buscan que los litigios se extiendan y nunca se acaben en perjuicio de los legítimos intereses del Estado.
Nosotros creemos que la comisión originaria está en condiciones de persuadir a los demás congresistas que el arbitraje es un mecanismo muy útil para la solución de controversias bajo el imperio de la LCE pero que necesita ciertas condiciones para desarrollarse a plenitud. Sobre eso hemos insistido en PROPUESTA y seguiremos haciéndolo porque estamos convencidos que no se puede retroceder todo lo avanzado hasta ahora con una legislación pionera en el mundo que es objeto de análisis y que varios países ya han adaptado a sus respectivas realidades, como lo comprobamos cada vez que los visitamos e intercambiamos experiencias con académicos y especialistas. Queda mucho camino por recorrer pero que sea en la dirección correcta y en esa línea queremos encontrarnos todos.
EL EDITOR
domingo, 26 de febrero de 2012
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