DE LUNES A LUNES
La semana pasada se difundió una grave denuncia que
involucra a algunas empresas que accedían ilegalmente a información
privilegiada del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado a efectos de
participar en los procedimientos de selección que se convocan a través de esa
plataforma y asegurarse la adjudicación de los contratos.
Como la mayoría de licitaciones las ganan los postores
que ofertan el precio más bajo el ilícito se consumaba a través de la
divulgación de los precios de todos los competidores para que el interesado,
coludido con los que se infiltraban en el sistema, pueda presentar a última
hora una propuesta con un monto inferior con lo que terminaba haciéndose de la
buena pro.
El servicio ilegal que se prestó al parecer durante
dos años se llamaba Tarot y estuvo monitoreado por un joven de apenas 23 años
de edad que decidió revelarlo a un procurador anticorrupción, motivado por
circunstancias que se desconocen pero eventualmente vinculadas a algún
incumplimiento de sus clientes o al peligro de que uno de ellos más bien lo
implicara a él, según ha dicho en las primeras declaraciones que ha formulado y
que han trascendido.
El denunciante ha manifestado que contaba con la
complicidad de un colaborador particular y de otro que actuaba dentro del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Se desconoce si este
último era un trabajador del OSCE, si continúa en funciones o si ya no labora
allí.
También ha admitido que diez empresas, entre
nacionales y extranjeras, han recurrido a sus servicios, incluido un consorcio
que presentó su oferta veinte minutos antes del cierre de la recepción de
propuestas, al que se le adjudicó un trabajo para el mejoramiento de la Carretera
Ayacucho-Cusco con solo 446 soles de diferencia respecto del postor que quedó
en el segundo lugar.
Proveedores ajenos a este delito han señalado que el
sistema se colgaba con frecuencia desde horas antes del cierre, hecho
aparentemente atribuido a sus propias deficiencias y que los obligaba a
presentar sus propuestas con la debida anticipación, para minimizar riesgos de
quedarse afuera de la competencia, sin sospechar que esas abruptas caídas
podían ser perfectamente provocadas para apurar la entrega electrónica de
ofertas y facilitar el trabajo de los facinerosos que violentaban la data, la
copiaban y vendían ilegalmente en un mercado negro en el que de seguro actuaban
muchas personas en adición a las que hasta ahora se conoce.
Esta fórmula de la adjudicación a través de la
plataforma del OSCE se extendió en los últimos dos años porque se puso en
funcionamiento a raíz de la pandemia y del inevitable confinamiento que obligó
a obviar los actos públicos de entrega de ofertas en presencia de un notario público
y de todos los postores que ofrece algunas garantías mayores a las de la simple
tómbola electrónica que la plataforma activa al mejor estilo de una lotería
moderna.
El joven que ha recurrido a la Fiscalía habría
abandonado los estudios sin concluir siquiera la secundaria para dedicarse a
las malas prácticas que lo llevaron a infiltrarse en el SEACE, a articular el
fraude y a organizar el denominado Club del Tarot, según el programa Punto
Final de Latina Televisión y los despachos periodísticos de La República y
otros medios de comunicación. Se ha indicado que el testigo habría entregado
correos electrónicos, fotografías, videos y audios así como reproducciones de
conversaciones y documentación diversa que sustenta su acusación. Igualmente
habría proporcionado información sobre proveedores y representantes que ha sido
verificada y que pone en evidencia que la organización actuaba en todo el
territorio nacional.
Independientemente de las investigaciones que se han
iniciado con una inspección de varias horas en las instalaciones del OSCE, el
lunes 6, la imputación pone al descubierto las debilidades de una forma de
adjudicar contratos que depende del precio que se oferte y que reduce todo el
proceso a una simple subasta, pese a que de lo que se trata es de elegir
quiénes prestan un servicio o quiénes proveen de determinados bienes a las
entidades. No es, desde luego, el mejor sistema.
Es posible que en bienes y servicios muy
estandarizados pueda escogerse al que ofrezca el precio más bajo porque quizás
tenga un stock muy superior a sus requerimientos y tenga la urgencia de
aligerar sus almacenes para hacer frente al inminente ingreso de nueva
mercadería o productos que se renuevan cada año. El caso de los vehículos es
especialmente ilustrativo. Hay marcas que se encuentran sobre estoqueadas y
necesitan vender porque se viene la producción del nuevo año. Eso explica las
ofertas de fin de temporada. Hay que hacer sitio en las cocheras para los autos
que todavía están en el buque a punto de llegar a su puerto de destino. En
tales circunstancias, esas marcas pueden abaratar costos con tal de liberar
mercadería y pueden ofrecer precios muy por debajo de los habituales con ese
propósito para beneficio del Estado que a menudo compra en esas condiciones.
Pero esa, sin embargo, no es la regla. Es la
excepción. Lo habitual es que las entidades tengan que elegir entre productos
de precios muy parejos y lo que debería definir la adjudicación nunca debería
ser el monto que ofrezcan porque eso se presta a esta clase de maniobras y
filtraciones. Exactamente lo mismo ocurre cuando se oculta el valor referencial
de una convocatoria y se quiere otorgar la buena pro al que más cerca de ese
monto se encuentre. Obviamente se genera el interés por saber cuál es ese valor
referencial y se alienta el contrabando informativo. Como es fácil advertir a
nada bueno conducen esas regulaciones.
Adjudicar al más bajo tiene sus consecuencias. La más
grave es que excluye de la competencia a lo que es mejor pues como es evidente
lo mejor suele tener un mayor costo y con un mayor costo es imposible ganar.
¿Por qué privarle al Estado de lo mejor? ¿De los mejores bienes? ¿De los
mejores servicios? ¿Sólo para ahorrarse un monto que puede significar una gran
diferencia entre una excelente prestación y una muy modesta, que probablemente
no llega a ser mala pero que dista mucho de ser superior? Los resultados se
descubren con el paso del tiempo. La mejor prestación dura más, tiene un mejor
acabado, rinde mucho más. La prestación de menor precio dura menos, tiene un
acabado muy pobre y rinde muy poco. Esa realidad, puesta en valor, hace añicos
cualquier ahorro inicial y revierte totalmente la situación al punto que la
oferta más baja se convierte en la más onerosa, parafraseando el conocido
adagio según el cual lo barato sale caro.
En el pasado se adjudicaban los contratos del Estado,
por lo menos en proyectos de inversión y supervisión de obras, a quienes
presentaban la mejor propuesta técnica con prescindencia absoluta del precio
que ofertaban. Evaluados los factores referidos al postor, al personal
profesional con el que se ofrecía hacer la prestación y al servicio materia de
la convocatoria, se obtenía un orden de méritos, se llamaba al que quedaba
primero y solo a él se le abría su propuesta económica en acto público en cuyo
curso el notario abría el sobre lacrado que tenía en custodia con la firma de
todos los postores que lo hubieran deseado.
Si la oferta estaba en el rango del presupuesto base
se suscribía el contrato. Si estaba por encima de ese monto se exploraba la
posibilidad de lograr una habilitación mayor o de reducir el precio del postor.
Si se lograba una u otra opción, se celebraba el contrato. De lo contrario, se
pasaba a hacer lo mismo con el que había quedado en segundo lugar en el orden
de méritos y así sucesivamente hasta que haya contrato o hasta que se declare
desierto el concurso.
Con ese sistema era indispensable que quienes
califiquen las ofertas sean profesionales altamente capacitados en la
especialidad y en las disciplinas comprendidas en la convocatoria para
asegurarse una muy buena decisión. La decisión no era subjetiva como se ha
querido hacer creer para desmerecer los beneficios de esta modalidad. Se
calificaba objetivamente asignando una mayor puntuación a quien demostraba
mayores merecimientos, exactamente como se hace en un examen académico en el
que hay quienes obtienen la nota más alta y hay quienes obtienen calificaciones
menores pero habitualmente muy diferenciadas unas de otras, sin que nadie
cuestione ese régimen de puntuación ni que nadie lo acuse de subjetivo y
sesgado.
Siempre pongo de ejemplo el examen de literatura que
el profesor les toma a sus alumnos luego de haber anunciado que tratará sobre
un determinado libro. Al finalizar la prueba el maestro podrá distinguir claramente
a quien ha leído todo el libro de quien ha leído una parte o de quien no ha
leído nada. Podrá identificar a quien ha leído muy concentrado todo el volumen
de quien lo ha leído mientras veía un partido de fútbol clasificatorio para el
Mundial o una serie del cable cuyos capítulos nunca pierde. Podrá distinguir
quien ha entendido toda la trama del libro y la puede explicar muy fácilmente
de quien no la ha comprendido en toda su complejidad y se le hace muy difícil
contar la historia. Todos esos pupilos lógicamente logran calificaciones
distintas como distintas son las calificaciones que merecen los postores que
participan en un procedimiento de selección para contratar un servicio, para
ejecutar una obra y en ocasiones hasta para proveernos de algunos bienes.
La gran ventaja es que con un sistema como ése que
privilegia los méritos de los proveedores es más difícil caer en las redes de
la corrupción porque transparenta sus decisiones y así como es fácil
identificar a quien puede ofrecer el precio más bajo, en el sistema actual, así
también es fácil identificar en el que se propone a quien está mejor preparado
para asumir determinados encargos, quien tiene mayor experiencia en trabajos
similares, quien tiene los mejores equipos, quien ofrece los mejores materiales
y lo más importante: quien convoca a los más competentes profesionales para el
desempeño de las tareas que se deben desarrollar.
Ricardo Gandolfo Cortés
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