domingo, 19 de abril de 2020

60 años no puede ser el límite para trabajar

DE LUNES A LUNES

Según el reporte sobre las víctimas mortales del Covid-19 en Italia, uno de los países más golpeados por el virus, que difundió hace unas semanas el diario El Mundo, la edad media de los fallecidos es de 79,5 años. De una muestra de 2,003 casos, 198 son de más de 90 años, 852 se sitúan entre los 80 y los 89 años y 707 entre los 70 y los 79. 1,757 de los muertos son de 70 o más, lo que significa que el 87.72% corresponde a ese segmento y sólo el 12.28% son menores de 70 años.
Las patologías recurrentes en la mayoría de los fallecidos fueron hipertensión, diabetes y cardiopatía. El 48.5% de los muertos tenía tres de ellas y el 25.6% presentaba dos. Sólo el 0.8% no presentaba ninguna patología.
Esos datos revelan, sin ninguna duda, que la edad no es un factor de riesgo determinante por sí solo y que en todo caso actúa de la mano con las enfermedades preexistentes pero claramente a partir de los 70 años en adelante y no antes.
La información resulta muy valiosa en circunstancias en las que el Perú está por reiniciar algunas de las actividades económicas paralizadas desde el 16 de marzo.
Según la Guía para la aplicación del Trabajo Remoto, aprobada el 26 de marzo por el ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, debe considerarse dentro de esta modalidad laboral, a los trabajadores que se encuentran “en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos que indica el documento técnico aprobado por Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA”, relativo a la Atención y Manejo Clínico de Casos Covid-19.
En el señalado documento se identifica como grupos de riesgo para cuadros clínicos severos y muerte, en una primea línea, a las “personas mayores de 60 años” y en una segunda línea a quienes padecen “Comorbilidades: hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión.” “Comorbilidad” es la “coexistencia de dos o más enfermedades en un mismo individuo, generalmente relacionadas.”
La realidad demostraría que el  primer grupo de riesgo no opera en forma aislada y más bien actúa conjuntamente con el segundo grupo, esto es con una o más de una preexistencia.
El caso de los ingenieros asignados a los proyectos que ejecuta el Estado con sus contratistas es patético. Para poder ser incorporados en el respectivo plantel tienen que tener una serie de calificaciones académicas y exhibir una experiencia tal que sólo pueden reunir quienes están por encima de los 60 años. Esos profesionales no podrán ir a las obras hasta el 15 de junio. Tampoco podrán hacer trabajo remoto porque están destacados a un proyecto determinado para una función específica. Tienen que ser reemplazos. Se les aplicará probablemente la suspensión perfecta de labores y se contratará a otro ingeniero para que lo sustituya.
El reemplazante, sin embargo, no va a cumplir todos los requisitos que se le exigen al titular. Sin embargo, los contratos obligan a que los nuevos profesionales tengan las mismas o superiores calificaciones y que se presenten para su evaluación antes de entrar en funciones. Si eso se mantiene así, no se encontrarán sustitutos y si se consiguen las entidades deberán aprobarlos de inmediato o bajar transitoriamente las exigencias.
Así como se pide proteger a los adultos mayores también es pertinente pedir que no se les prive de sus ingresos regulares, cuando están en perfectas condiciones de salud o con sus preexistencias bajo control, marginándolos de la invalorable contribución que todavía pueden prestarle al país sobre la base de los conocimientos y la enorme experiencia adquirida con el paso de los años.
EL EDITOR

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