domingo, 24 de agosto de 2014

Arbitrajes largos y cobranzas tardías

ALGUNOS GANAN, POCOS COBRAN

DE LUNES A LUNES
El arbitraje se extendió más de lo debido. Pero hay que reconocer que fue un proceso complicado. Baste señalar que empezó con un tribunal conformado por tres árbitros y terminó con un tribunal conformado por otros tres árbitros. Uno fue obligado a renunciar, otro falleció en el camino y el tercero se retiró porque el litigio no tenía cuándo acabar. El primero fue presionado con el argumento de que si no se iba no le renovarían un contrato de asesoramiento que tenía suscrito con la dependencia de un ministerio que en el pasado había tenido adscrita bajo su competencia a la entidad que estaba involucrada en la controversia. El segundo desafortunadamente dejó de existir en pleno proceso. Su familia pidió que se designe en su reemplazo a un miembro de su oficina para que los honorarios no tengan que devolverse, según señalaron, o en todo caso continúen entregándose a los mismos destinatarios pues el compromiso del sustituto era el de cumplir el encargo de manera póstuma como si lo estuviese haciendo el extinto. Gesto noble, sin duda, que fue aceptado por la parte a la que le correspondía hacer el nuevo nombramiento. El tercero que era el presidente del tribunal, finalmente, había sido elegido por ser la más alta autoridad de una muy respetable institución gremial. Con el paso del tiempo había dejado ese cargo y continuaba integrando el tribunal. Ya estaba retirado de toda actividad profesional y deseaba irse a vivir con sus hijas a Europa, lo que hizo inmediatamente después de renunciar luego de dar sucesivos plazos que invariablemente vencieron sin que concluya el proceso.
La entidad desde un principio se negó a aceptar la posibilidad de ir a arbitraje. Ni siquiera admitía que hubiera algún conflicto que tenía que dilucidarse. En razón de esa negativa, el contratista debió acudir al juez para que designe, proponiendo una lista para que elija de ella si es que la emplazada no se presentaba a la audiencia única. Así fue. La entidad no asistió y la jueza, porque tocó una dama, verificó primero lo que decía la Ley para confirmar si en efecto le correspondía nombrar de esa lista y en ese momento.
Lo anecdótico fue que terminada la audiencia, con la designación de un titular y un suplente, como árbitros designados en defecto de la entidad, los representantes de ésta llegaron al juzgado pero ya no pudieron ejercer el derecho que les hubiera permitido recuperar la posibilidad de nombrar a su árbitro si es que hubieran llegado algunos minutos antes. Eso, sin embargo, no los amilanó. Se les pasó el plazo para recusar o quizás lo dejaron pasar en el entendido de que no tenían argumentos para eso. Pese a ello, presionaron, como queda dicho, hasta lograr que el árbitro elegido renuncie. Se comenta que con el suplente quisieron hacer lo mismo pero esta vez ya no tuvieron la misma suerte. El nuevo árbitro no se arredró y se mantuvo en el cargo.
El proceso fue más largo de lo previsto no sólo por las circunstancias particulares que lo rodearon sino porque era complicado. Había que acreditar la prestación de una serie de servicios que la entidad pretendía desconocer o hacer creer que formaban parte del contrato original cuando la verdad es que se habían ido agregando a medida que avanzaba el trabajo, con pleno conocimiento y autorización de las autoridades y naturalmente generando una serie de costos que el contratista lógicamente pretendía que se le reconozcan y paguen.
Al final el laudo arbitral dispuso que se cancele todo aquello que estaba acreditado y aprobado. Obviamente la entidad no acató ese mandato e interpuso un recurso de anulación que demoró bastante en resolverse a pesar de los esfuerzos de la defensa por apurar el trámite. Ratifica la validez del laudo pasó otro buen tiempo sin que se cumpla con lo que él ordenaba.
El contratista, que era un consorcio peruano-americano, tuvo que involucrarse en la lista de arbitrajes pendientes que el gobierno de los Estados Unidos solicitaba que sean resueltos como cuestión previa a la suscripción del Tratado de Libre Comercio que se negociaba con ese país. Sólo así, por una cuestión totalmente fortuita y ajena al proceso mismo, pudo empezar a cobrarse parte de la deuda, después de más de cinco años de haber empezado el arbitraje. No se ha acabado de pagar, hasta ahora. El caso, empero, pone en evidencia las peripecias que deben pasar los contratistas serios cuando se animan a litigar con el Estado. Algunos ganan los procesos, pocos cobran.

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