EDITORIAL
En materia de contrataciones en general creo que el 2023
debe ser muy parecido al 2022 considerando que la economía mundial cierra con
un crecimiento de 2.8%, inferior al proyectado de 3%. La guerra entre Ucrania y
Rusia así como la inflación global son las causas que lo han impedido.
En el Perú, el Banco Central de Reserva había previsto
un crecimiento del 3% en el PBI para el 2022, gracias al auge de servicios y
manufactura, pero lo más probable es que solo se alcance un 2.9%, sin coronar
la meta, raspando el travesaño. El PBI primario solo creció 1.9% por la baja
actividad minera interrumpida constantemente por múltiples conflictos sociales.
Para el 2023 se espera un mejor crecimiento en
atención a la recuperación del PBI primario por la mayor actividad minera que
proyecta un alza de 8.4%, que ojalá se logre, con notable incremento del consumo
privado, de exportaciones y del inicio de operaciones de Quellaveco, aunque
finalmente todo dependerá de la incertidumbre interna y del entorno severamente
afectado por factores exógenos.
Aun cuando la crisis que atraviesa al país puede
afectar estos indicadores lo más probable es que lo haga de una manera muy
circunstancial confirmando ese adagio, que es la envidia de Latinoamérica,
según el cual los problemas políticos no afectan la economía del Perú. Sin
embargo, no hay que confiarse.
En lo que respecta a las contrataciones públicas, el
panorama es muy grave a juzgar por la gran cantidad de obras paralizadas a
nivel nacional. Según la Contraloría General de la República existen 2346 obras
paralizadas en los tres niveles de gobierno por un monto de inversión de
aproximadamente 30 mil millones de soles. De ese total, en términos gruesos,
mitad de ese monto está ejecutado y mitad está por ejecutar. Los gobiernos
locales tienen las dos terceras partes de las obras paralizadas pero en costos
los gobiernos regionales tienen casi la mitad.
En cuanto al avance físico 311 obras registran un
avance entre 80 y 90%, en tanto que otras 298 registran un avance entre 60 y
70%. En conjunto, las obras paralizadas que tienen un avance superior al 60%
deben estar en el orden del 20% del total, lo que significa una inversión de 6
mil millones de soles, de los cuales ya está ejecutado 3 mil 600 millones y
resta por ejecutar 2 mil 400 millones.
Aquí radica uno de los principales problemas que hay
que enfrentar en lo inmediato: ¿Cómo destrabar esas obras que están muy
avanzadas?
Es frecuente que ningún contratista quiera hacer el
saldo de una obra que está en las finales porque además tendrá que asumir todo
lo hecho por su antecesor. Encima no sólo tendrá que ejecutar las partidas
pendientes sino también otras nuevas para hacer frente al deterioro sufrido y
al abandono al que con toda seguridad ha sido expuesto el proyecto durante todo
el tiempo que ha estado detenido.
Hay que facilitar el trámite para que esas obras
puedan ser concluidas a la brevedad por los mismos contratistas que las
empezaron, a través de una fórmula de intervención o por algún otro contratista
a quien se le libere de la responsabilidad por lo que él no ha hecho. Lo que
hay que desterrar es esa mala práctica, ilícita por lo demás, de inflar los
saldos por ejecutar para provocar la participación de algunos postores. Al
final se licitan obras totalmente distintas a lo que queda por ejecutarse y eso
implica una malversación de fondos que puede ser denunciada.
Las principales causas de la paralización de las obras
no son los reclamos que formulan los contratistas a las entidades. El 26% de
los casos es por falta de recursos financieros y de liquidez; el 13.4% por
incumplimiento de contrato y el 10.4% por eventos climáticos que impiden su
continuación. Esas tres causales explican la mitad del total de obras
detenidas. La otra mitad se distribuye en porcentajes notoriamente menores
entre discrepancias y controversias; conflictos sociales; permisos, licencias y
autorizaciones; deficiencias del expediente técnico; disponibilidad del
terreno; interferencias; pandemia; abandono y otros.
Esta información permite avizorar los cambios que
deben hacerse de inmediato para dotar de mayor liquidez a las obras que así lo
requieren, para exigir el cabal cumplimiento de los contratos y para programar
adecuadamente la ejecución de los trabajos en función de los fenómenos
naturales que inciden en ellos. Ese solo ajuste puede destrabar la mitad de las
obras paralizadas.
En paralelo deberían perfeccionarse los expedientes
técnicos cuyos presupuestos se han revelado absolutamente insuficientes para
lograr los niveles más elementales; adjudicar los contratos a los mejores y no
a los que oferten los precios más bajos; convocar licitaciones cuando se tenga
por lo menos los estudios definitivos y no solo los estudios de factibilidad;
no abusar del sistema a suma alzada y optar de preferencia por el sistema de
precios unitarios; admitir los ajustes que sean indispensables para lograr el
objeto del contrato respetando la opinión de los ingenieros que los autoricen y
permitiendo que las controversias que se susciten sobre esos ajustes puedan ser
resueltas en la vía arbitral.
Finalmente creo que lo más importante es empoderar a
los funcionarios públicos para que las decisiones que adopten en ejercicio de
sus atribuciones sean cumplidas y no les acarreen procesos de determinación de
responsabilidades y juicios que se extienden por varios años y que consumen
gran parte de sus ahorros y del tiempo que deberían dedicar a su familia y a su
merecido descanso para que, después de esa larga agonía, sean declarados
inocentes y no haya nadie que les devuelva la vida que se les ha ido
irremediablemente en estos absurdos litigios. Que se persiga y sancione a los
culpables. Que se respete y agradezca a quienes contribuyen con sus
conocimientos al desarrollo del país.
EL EDITOR
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