La sacada de vuelta de los consorcios

DE LUNES A LUNES

El artículo 28 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF, al ocuparse de los requisitos de calificación de los postores, establece que “en caso de consorcios, sólo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, conforme a la Directiva que el OSCE apruebe.”

El artículo 48 del Reglamento aprobado originalmente mediante Decreto Supremo 184-2008-EF, sobre acreditación de la experiencia del consorcio, estipulaba únicamente que “en la evaluación técnica de la propuesta, el consorcio podrá acreditar como experiencia la sumatoria de los montos facturados de aquellos integrantes que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente el objeto materia de la convocatoria”, dejándose entrever una clara preocupación respecto de la posibilidad de que algunos miembros del consorcio no intervengan en el desarrollo de la prestación y sólo tengan una participación administrativa o de gestión en el negocio común. Quienes no participaban en el desarrollo de la prestación no podían aportar experiencias. La idea era proscribir de las contrataciones con el Estado a aquellos que se limitaban a prestar su currículum sólo para ganar los procesos y a darse media vuelta e irse y dejar con el trabajo a los socios menores que, como es fácil imaginar, no cumplían con las expectativas, configurándose una olímpica sacada de vuelta en perjuicio de la entidad.

Esa preocupación, por evitar estas distorsiones, se afianzó con la modificación de este artículo 48 dispuesta por el Decreto Supremo 138-2012-EF, en cuya virtud “el consorcio podrá acreditar como experiencia la sumatoria de los montos facturados, previamente ponderados, de aquellos integrantes que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente el objeto materia de la convocatoria” para luego añadir que “la ponderación de tales montos facturados se efectuará sobre la base de la información señalada en la promesa formal de consorcio, referida al porcentaje de las obligaciones asumidas por cada uno de sus integrantes.” Un segundo párrafo, igualmente agregado, cerraba el texto precisando que “la documentación válida para acreditar la experiencia del consorcio, así como el método de evaluación, serán indicados en la Directiva que el OSCE apruebe para el efecto.”

Una primera Directiva equivocó los conceptos y en el afán de impedir el abuso terminó ahuyentando a los postores y conminándolos a no constituir consorcios porque ello restaba en lugar de sumar experiencias y opciones. Rápidamente el Organismo Supervisor advirtió el problema y luego de escuchar a diversos especialistas expidió una segunda Directiva que, sin vulnerar lo dispuesto en el Reglamento, organizó una tabla de ponderaciones que cuando menos permitía que los aportes de cada consorciado incrementen globalmente lo que cada postor presentaba. Esa misma Directiva se ha mantenido, entre otras razones, porque el Reglamento, en el mencionado artículo 28, repite el error de ponderar las experiencias, pese a que los mismos expertos reiteraron una vez más que eso no debía mantenerse. Se lo erradicó del capítulo de evaluación pero se infiltró en los requisitos de calificación. Eso ha obligado a reproducir esa Directiva que de alguna manera supera el impase.

Queda pendiente, eliminar la exigencia de la ponderación que no se condice con la definición de consorcio que es “el contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado” recogida en el propio Reglamento. Si se ponderan los aportes, no hay complementariedad. Si se suman, sí. Como contrapartida, ciertamente, también queda pendiente la tarea de buscar otras fórmulas para evitar que malos contratistas burlen la ley y se eludan sus responsabilidades.

EL EDITOR