DE
LUNES A LUNES
Imaginemos un caso hipotético en el que podría
encontrarse un abogado que integra un tribunal como árbitro designado por la
parte demandada. El colegiado decide aprobar una resolución dejando el
expediente listo para laudar y disponiendo que empiece a correr el
correspondiente plazo que debe ser de treinta días. El presidente envía a los
otros dos un proyecto de laudo, muy extenso, al día siguiente de aprobada la
resolución. La celeridad es una de las virtudes del arbitraje, desde luego.
Pero en ocasiones despierta fundadas suspicacias.
El tercero, en el día, con una diferencia de
pocas horas, responde expresando su conformidad con el documento que ha recibido.
Otro hecho que abona a favor de la rapidez con la que se debe administrar
justicia pero que alimenta nuevas dudas. El presidente lo conmina a que en
cuarenta y ocho horas se pronuncie porque debe salir de viaje a un evento
internacional y quiere dejar el texto firmado. El colega dice que no puede
hacerlo en tan breve plazo, más aun considerando lo extenso del documento, y
aduce que el plazo recién ha comenzado. Al día siguiente recibe el laudo
suscrito por los otros dos y lo que es peor, notificado a las partes. ¿Qué
pasó? ¿Qué puede hacer?
El inciso 1 del artículo 52 de la Ley de
Arbitraje, promulgada mediante Decreto Legislativo 1071, establece que el
tribunal funciona con la mayoría de sus miembros. Toda decisión se adopta por
mayoría, salvo que las partes hubiesen dispuesto algo distinto, que sea por
unanimidad, por ejemplo. Los árbitros tienen la obligación de votar. Si no lo
hacen, se entiende que se adhieren a lo que se decida en mayoría o a lo que
decide el presidente si es que no han votado los otros dos, habida cuenta de
que aquél puede decidir por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e
impulso de las actuaciones arbitrales, salvo acuerdo en contrario de las partes
o de los propios árbitros.
Al oponerse el colega a la exhortación del
presidente para que se pronuncie en cuarenta y ocho horas está dejando
constancia de su voto en contra o de su desacuerdo, aun cuando formalmente no
se haya puesto en discusión este plazo perentorio. Eso no impide que los otros
dos adopten la decisión que estimen pertinente, pero al hacerlo, eventualmente,
pueden haber incumplido otras obligaciones.
El artículo 53 estipula que la controversia debe
decidirse y notificarse dentro del plazo establecido por las partes, por el
reglamento arbitral aplicable o, en su defecto, por el tribunal arbitral. En
este caso el plazo era de treinta días hábiles. Si bien es cierto que los
árbitros también pueden establecerlo, no menos cierto es que pueden hacerlo si
es que no lo han hecho las partes o no lo ha hace el reglamento arbitral al que
las partes se hubiesen sometido. Por eso, el artículo dice “en su defecto”. Si
no lo fijan las partes o no lo establece el reglamento, cabe que el tribunal lo
decida.
En este caso el plazo estaba previsto en las
reglas del proceso fijadas en la audiencia de instalación. No hay forma de
cambiarlo o de recortarlo y menos aún a un plazo, manifiestamente insuficiente,
de cuarenta y cuatro horas, acordado tácitamente por dos árbitros que con
anterioridad al inicio de éste, expresaron su aprobación a un texto amplio y
presumiblemente complejo, alimentando toda clase de especulaciones.
El colega puede, desde luego, preparar su voto
singular, dentro del plazo previsto para el efecto, y solicitar al presidente o
al secretario que sea integrado al laudo y notificado a las partes a la brevedad,
con la expresa indicación de que no fue adjuntado en la primera versión por la
celeridad con la que actuaron los otros dos miembros del colegiado.
Ahora, que este procedimiento constituya una
causal para reclamar la anulación del laudo es algo que la parte supuestamente perjudicada con la decisión del colegiado deberá determinar. El inciso 1.c) del
artículo 63 de la Ley preceptúa que el laudo puede ser anulado cuando la parte
que lo solicita alegue y pruebe que las actuaciones arbitrales no se han ajustado
al acuerdo de las partes. Quizás pueda acreditar que se acortó sin ninguna
autorización el plazo para laudar con el manifiesto propósito de impedir que
uno de los árbitros emita su decisión.
EL EDITOR
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