La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico se creó en 1960 sobre la base de la Organización Europea
de Cooperación Económica que, a su turno, se había constituido en 1948 con el
objeto de ejecutar el Plan Marshall financiado por los Estados Unidos para la
reconstrucción del continente devastado por la guerra y con el propósito de
impulsar una nueva era de colaboración entre las naciones que iba a cambiar la
faz de Europa.
Los primeros países en unirse a la nueva OCDE
fueron los Estados Unidos y Canadá, animados por el éxito alcanzado y por el
afán de extender la experiencia a un escenario global. En 1964 se unió Japón y
así sucesivamente hasta llegar a los 34 países que actualmente son miembros de
la Organización y que se reúnen regularmente para identificar problemas,
discutirlos, analizarlos y promover políticas para resolverlos, con excelentes
resultados no sólo para los fundadores sino para los que se han ido
incorporando progresivamente. Los casos de China, India y Brasil son
emblemáticos al punto de que después de afiliarse a la OCDE y aplicar sus
recomendaciones en forma ordenada se han convertido en los nuevos gigantes de
la economía mundial.
La mayor parte de los países que formaron parte
del antiguo bloque soviético se han incorporado a la Organización o han
adoptado sus normas y principios en busca de objetivos comunes con singular acierto,
promoviendo políticas destinadas a fomentar el bienestar económico y social de las personas en
el mundo.
La OCDE es un foro donde los gobiernos
trabajan conjuntamente, comparten experiencias y buscan soluciones a problemas
comunes en relación a los cambios económicos, sociales y ambientales. Mide la
productividad y los flujos globales del comercio y de las inversiones. Analiza
y compara datos e informaciones con el objeto de realizar pronósticos respecto
de las distintas tendencias. Fija estándares internacionales dentro de un
amplio rango de políticas públicas. Su credibilidad descansa en la confianza,
integridad y transparencia con que actúa.
El Perú desea formar parte de la OCDE y
la Cámara de Comercio de Lima está impulsando esta iniciativa. Un requisito es
suscribir la Convención contra el Soborno Transnacional que obliga a introducir
dentro de la legislación nacional la figura de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas. Hay que suscribirla, eventualmente con las
limitaciones que han sugerido los especialistas para focalizarla en materias de
financiamiento del terrorismo, lavado de activos y corrupción, tal como lo ha
hecho Chile, a efectos de comprometer a las empresas cuando se advierta una
inequívoca cultura corporativa de incumplimiento de la legalidad, que por
cierto debe ser perseguida y sancionada.
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