Buenos proyectos y buenas obras

El presidente de la Cámara Peruana de la Construcción ha solicitado que se mejoren los expedientes técnicos de las obras pues un proyecto mal concebido hace que se pierda mucho tiempo y que se atrase la ejecución y culminación de los respectivos trabajos. El ingeniero Walter Piazza hizo estas declaraciones en el marco del XVIII Congreso Nacional de la Empresa Privada. Criticó que ahora el Estado seleccione al consultor que debe elaborar el expediente técnico o estudio definitivo de una obra atendiendo a los costos que ofrece y no a la calidad con que los hace y a la experiencia con que cuenta. Cuestionó igualmente que se invierta apenas el 1% del presupuesto del proyecto en la contratación del expediente técnico cuando lo recomendable sería destinar entre el 6 y el 7% para estos efectos.

Ciertamente no hay una norma que establezca un parámetro para calcular el costo de la elaboración de los estudios definitivos de un proyecto como la hay para la supervisión de las obras. En efecto, el artículo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que el costo de la supervisión no excederá del diez por ciento del valor referencial de la obra o del monto del contrato a ser supervisado, el que resulte mayor. A continuación indica algunos casos en los que incluso este monto puede ser rebasado. Los estudios definitivos por lo general tienen un costo que puede ser similar al de la supervisión de las obras y que en el mejor de los casos oscila entre el 5 y el 10% del monto de la obra, cifras que están alrededor del rango anunciado por el presidente de Capeco. En ningún caso, ni los estudios ni las supervisiones, que son dos labores fundamentales que desarrollan los consultores de obras, pueden ser contratados por debajo de esos porcentajes, como se pretende hacer y se hace con los contratos de concesión aprovechando que tienen una legislación especial que les permite escaparse de la rigurosa aplicación de la normativa sobre contratación pública.

Esa liberalidad no ofrece ninguna garantía, como podría creerse, sino todo lo contrario. Expone a la obra en ciernes a una serie de deficiencias que afloran luego en la etapa de ejecución y que obligan a la preparación de nuevos expedientes de adicionales que deben cumplir todo un proceso antes de ser aprobados y ejecutados. Esos trámites encarecen las obras, prorrogan sus plazos y acarrean una serie de inconvenientes la mayoría de los cuales podrían evitarse con un estudio definitivo con mayores recursos para realizar mejores investigaciones, perforaciones, análisis y demás actividades que arrojan datos de laboratorio y de gabinete a un nivel de detalle más óptimo.

Lo que el Estado ahorra –o deja de invertir, sería lo correcto– en la contratación de un expediente técnico lo termina gastando, y en mayor medida, en tiempo y en la subsanación de omisiones y deficiencias que muy fácilmente pueden obviarse con un presupuesto más realista y enfocado a satisfacer las necesidades particulares de cada obra. Eso no significa que los estudios definitivos con presupuestos realistas carezcan de errores. Pueden tenerlos y sin duda los tienen. Pero no son tantos ni tan ligeros. Son asuntos que por lo general sólo se advierten y por tanto sólo pueden ajustarse en el momento de la ejecución cuando por ejemplo se descubre con absoluta certeza cómo responde al milímetro cada sección de un terreno sobre el que se va a construir una carretera.

Naturalmente ni el más completo de los estudios puede adivinar con ese nivel de precisión el comportamiento de los suelos, más aún cuando se trata de dimensiones muy extensas. Los exámenes y análisis, en tales circunstancias, se miden de acuerdo a determinadas reglas y las muestras se obtienen en forma aleatoria a fin de extraer resultados por aproximación e interpolación lineal. No son exactos, obviamente, pero es la fórmula usual más cercana a la realidad. En la construcción de carreteras por eso es habitual ajustar los expedientes y presupuestos a medida que se avanza con la ejecución de las obras, razón por la que es absurdo querer responsabilizar siempre a alguien, como acostumbran algunas entidades y sus órganos de control, por las sorpresas que depara un terreno tan impredecible, accidentado y cambiante como el que caracteriza a las distintas regiones del Perú.