El domingo 2 de febrero se difundió un importante pronunciamiento contra la intervención del ministerio de Justicia en el arbitraje y en resguardo de la seguridad jurídica suscrito por la Cámara de Comercio de Lima, Perú Cámaras, Comex Perú, la Cámara de Comercio Americana Amcham, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura AFIN, la Sociedad Nacional de Pesquería, la ICC Perú, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, el Centro de Arbitraje de la CCL, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura, el Centro de Arbitraje de la Cámara Americana de Comercio Amcham, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, la Cámara de Comercio de Piura y el Instituto Peruano de Arbitraje.
El
documento recuerda que la Ley de Arbitraje, promulgada mediante Decreto
Legislativo 1071, fue adoptada en el 2008 para facilitar la implementación de
los tratados de libre comercio siguiendo la regulación estándar basada en la
Convención de las Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de
Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1975 y la Ley Modelo de Naciones Unidas
sobre Arbitraje Comercial Internacional.
En
mayo de 2024 el ministerio de Justicia creo un grupo de trabajo multisectorial
que concluyó recomendando que no era conveniente modificar la Ley de Arbitraje,
concebida para resolver las controversias entre privados, conservando los
estándares que la inspiraron.
El
pronunciamiento expresa su extrañeza frente a la conformación de un nuevo grupo
de trabajo con el mismo objeto e invoca al ministro de Justicia a reconsiderar
esta situación generada por su propio despacho al tiempo de invocar la
estabilidad del sistema arbitral cuya jurisdicción está consagrada
constitucionalmente y que en los últimos treinta años ha demostrado ser un
instrumento fundamental para el crecimiento y la garantía de las inversiones en
el país.
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