En contra de los contratos Gobierno a Gobierno

 La tercera disposición complementaria de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 26850, cuyo anteproyecto tuve el alto honor de preparar personalmente, estipuló que “las adquisiciones y contrataciones realizadas dentro del marco de convenios internacionales se sujetarán a las disposiciones establecidas en dichos compromisos cuando sean normas uniformes aplicadas a nivel internacional y cumplan con los principios contemplados en la presente Ley.”

Previamente el artículo 3, tan escueto como la tercera disposición complementaria, preceptuaba que “los procesos de contratación y adquisición regulados por esta Ley y su Reglamento se rigen por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario a todos los contratistas; teniendo como finalidad garantizar que las entidades del Sector Público obtengan bienes y servicios de la calidad requerida, en la forma oportuna y a precios o costos adecuados.”

Pensar que ahora los principios han pasado de ocho a diez, según el vigente artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley 30225, pero no se concentran en un pequeño párrafo como en 1997 sino que se extienden a lo largo de doce párrafos que ocupan una página entera de la norma. Sucede que cada principio en la última versión del dispositivo es explicado en detalle, ello “sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten aplicables al proceso de contratación” y destacándose que “los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente norma y su reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones.”

La vigésimo primera disposición complementaria final del TUO de la Ley 30225 regula los denominados contratos de Estado a Estado y lo hace a través de ocho párrafos muy puntuales, anunciándose además en el inciso e) de su artículo 5 que están excluidos de su ámbito de aplicación aunque sujetos a supervisión del OSCE, entre otras, “las contrataciones que realice el Estado Peruano con otro Estado.”

Es verdad que el Decreto Legislativo 1564 modificó la cuarta disposición complementaria que había introducido el Decreto Legislativo 1444 y que pasó a ser la vigésimo primera disposición complementaria final del TUO. También es verdad que se reguló mejor los contratos de Estado a Estado en línea con los principios de transparencia y trato justo e igualitario para todos, pero lo cierto y lamentable es que la norma no se cumple.

Hay requisitos elementales que no se observan. Por ejemplo, debe presentarse un informe “que compare las condiciones ofrecidas por los Estados interesados y evidencie las ventajas para el Estado peruano de contratar con otro Estado”, según el numeral 3.i) de esta modificada vigésimo primera disposición complementaria final. Tarea ardua y difícil, desde luego. Eso demanda probar que se recurre a otro Estado y otras empresas que éste trae porque no existen en el país proveedores que puedan ejecutar la obra, diseñar el proyecto, supervisar la construcción, suministrar el bien o prestar el servicio que se les encarga a los que vienen de fuera.

El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y la Asociación Peruana de Consultoría, entre otros actores directos en materia de contratación pública, se han pronunciado esta semana precisamente en contra del modelo de contratación de Gobierno a Gobierno porque, según el CDL-CIP, “relega la ingeniería nacional, atenta contra la transparencia, no demuestra [la] rentabilidad de los proyectos, manifiesta desconocimiento de nuestra geografía, evade procedimientos normativos del país; y no se constata la transferencia tecnológica realizada.”

La APC, por su parte, que es una institución gremial representativa de la ingeniería de consulta en el país, reconocida por la Ley 23554 y afiliada a la Federación Panamericana de Consultores y a la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, “exhorta a las autoridades para que revisen la situación de los contratos que se suscriben de acuerdo a la modalidad de Gobierno a Gobierno que marginan a los profesionales y a las empresas nacionales y que se celebran sin dar cumplimiento al Decreto Legislativo 1564.”

“El Decreto Legislativo 1564”, informa el gremio, “modificó la cuarta disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1444 que, a su vez, modificó la Ley de Contrataciones del Estado 30225, exigiendo que solo procedan esta clase de contratos cuando ello represente una ventaja considerable para el Perú y cuando se demuestre que en el mercado local no hay proveedores y contratistas para atender los requerimientos de los que son objeto, advirtiéndose que la modalidad de Gobierno a Gobierno ha pasado de ser excepcional, según sus normas y las declaraciones públicas, a ser la regla general, según la realidad, como si fuera la solución a todos los problemas que el país padece cuando claramente se advierte que es una manera de eludir la acción de la Contraloría General de la República y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado” (RG).