Priorizar la gestión por resultados

Salió el Reglamento de la LCE

DE LUNES A LUNES

Ricardo Gandolfo Cortés

El jueves 10 finalmente fue publicado el nuevo y esperado Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo 350-2015-EF, que entrará en vigencia conjuntamente con la Ley 30225 el lunes 11 de enero del 2016, al cumplirse el plazo de treinta días calendario dispuestos en esta última, promulgada a su turno el 10 de julio del año pasado.

El objetivo principal de las nuevas normas es priorizar la gestión por resultados y la repercusión positiva que deben tener en las condiciones de vida de los ciudadanos. En ese propósito, aun cuando no hay mucho por descubrir en el mundo de las compras públicas, introduce algunas innovaciones que necesariamente tendrán que acompañarse de otras medidas complementarias destinadas a asegurar su éxito, como aquella que se reclama con frecuencia destinada a modernizar los sistemas de control y empoderar a los funcionarios para que puedan tomar decisiones razonables en beneficio del Estado sin temor a ningún proceso de determinación de responsabilidades.

La reforma pretende incrementar los niveles de competencia habida cuenta de que los promedios de los últimos años son muy bajos. En el 2011 se recibieron un promedio de 1.9 propuestas para obras y 1.6 para bienes y servicios. En el 2012 y en el 2013 el promedio de propuestas bajó en todos los casos a 1.5.

La nueva legislación también busca eliminar las barreras técnicas, económicas, administrativas, legales e informáticas que impiden o desalientan el acceso al mercado de contrataciones públicas y que generan que el volumen de procesos que se declaran desiertos se haya incrementado del 18.5 al 20.2 por ciento en los dos últimos años examinados.

De otro lado, se quiere desincentivar el incumplimiento de las normas fortaleciendo el régimen de sanciones. Estas han aumentado notoriamente: en el 2012 de un total de 1248 procesos se ha inhabilitado a 618 proveedores lo que representa el 50 por ciento, en tanto que en el 2013 de un total de 2158 procesos se ha inhabilitado a 1227 contratistas lo que equivale a un 57 por ciento.

Del total de suspendidos, el 48 por ciento ha incurrido en la causal de presentar documentación falsa o información inexacta, que, sin embargo, en la mayoría de los casos, es infiltrada en sus ofertas por terceros a quienes no se les aplica ninguna sanción. Si se les inhabilitaría a ellos, que son los autores directos de esos ilícitos, estos porcentajes disminuirían considerablemente y se sincerarían las cifras.

Está muy bien promover más competencia y proscribir barreras de acceso. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado para no perjudicar la calidad de los bienes, servicios y obras que el Estado se merece.