DE LUNES A LUNES
Ricardo Gandolfo Cortés
El congresista
Gustavo Rondón ha presentado el Proyecto de Ley N° 4029/2014-CR para modificar
el artículo 425 del Código Penal a efectos de considerar como funcionarios o
servidores públicos a los árbitros que ejercen jurisdicción en controversias en
las que participen entidades del Estado, con el objeto no declarado de
amordazarlos y atemorizarlos.
El documento
empieza reconociendo que la incorporación del arbitraje como mecanismo obligatorio
de solución de conflictos en la Ley de Contrataciones del Estado, promovida por
el suscrito en 1997, ha sido muy útil, destacando la confianza que inspira el
hecho de que las mismas partes elijan a quienes resolverán sus discrepancias de
manera rápida y eficaz.
A renglón
seguido, sin embargo, el autor relata un caso muy puntual que enfrentó al
Gobierno Regional de Arequipa con una empresa que presta servicios de salud y
cuyo desenlace inmovilizó cuentas destinadas al pago de planillas así como a la
adquisición de insumos y medicamentos. A continuación inserta este proceso,
atando algunos cabos, dentro de un conjunto más amplio de arbitrajes vinculados
a una de las más grandes redes de corrupción descubierta recientemente en el
país.
Como resultado de
eso, sostiene que el arbitraje debería estar reservado para el sector privado y
no para solucionar las desavenencias que enfrentan los particulares con
entidades del sector público, con lo que termina contradiciéndose asimismo.
Acusa a los
árbitros de encontrarse en la libertad de cometer excesos en perjuicio de las
entidades públicas cuando la realidad es que no tienen más ni menos competencia
y facultades que las de cualquier juez con la ventaja de que, como admite el
Proyecto, generan confianza y solucionan los problemas con celeridad
precisamente por ser, en la mayoría de los casos, especialistas en las materias
en discusión.
Si no lo son, si
no son especialistas, es porque el verdadero funcionario público elige como
árbitro a quien no debe, con el propósito de retribuirle algún favor o de
crearle uno para después cobrárselo. Y eso es gravísimo porque se supone que
ese servidor está para cautelar los fondos públicos, que son de todos y no para
despilfarrarlo o ponerlo en peligro. Si eso sucede en el lado del proveedor que
contrata con el Estado y no designa al especialista, será su riesgo, pues lo
que está en juego, en su caso, será su propio peculio y no el interés
colectivo.
Para que hayan
malas prácticas es indispensable que el árbitro único o cuando menos dos de los
miembros de un tribunal las alienten. Para evitarlo no se necesita incurrir en
el despropósito de convertir a los árbitros en servidores o funcionarios
públicos ni enrolarlos en el servicio militar obligatorio. Basta con exigir que
las entidades elijan correctamente a sus árbitros, de preferencia de un
registro como el que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado y que esos jueces privados no cometan el error de seleccionar a
profesionales descalificados por sus antecedentes para que presidan los
tribunales que integran.
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