domingo, 7 de diciembre de 2014

Ampliar la jurisdicción arbitral para que el Poder Judicial sea más eficaz

Mientras se conocía el Proyecto de Ley con el que se quiere convertir en funcionarios o servidores públicos a los árbitros que resuelven controversias en contrataciones del Estado en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) desarrollada en Paracas, Enrique Ghersi y Alfredo Bullard proponían fortalecer el arbitraje y derivar hacia esa jurisdicción la mayor cantidad de litigios que actualmente se ventilan en el Poder Judicial con el objeto de aminorarle a ésta instancia su carga procesal y concentrarla en resolver los problemas de aquellos que no tienen recursos como para hacerlo en una vía privada.
Lo hicieron en el curso de una amplia entrevista concedida al programa Rumbo Económico de Canal N que dirige Enrique Pasquel.
El temperamento no es nuevo. Lo propuso hace unos meses el diario El Comercio al reclamar una profunda reforma del Poder Judicial con el objeto de “dejar que la justicia privada le dé una mano a la justicia estatal” y bajo la premisa de que los litigios comerciales o civiles que comprometen a personas naturales o jurídicas que cuenten con recursos para solventar un arbitraje estén obligadas a dilucidar sus divergencias a través de este mecanismo alternativo de solución de conflictos, constitucionalmente reconocido, reservando para la vía judicial los procesos penales –aun cuando algunos podrían también migrar– así como aquellos otros que no puedan ser resueltos en otra instancia porque las partes involucradas, o alguna de ellas, carecen de los recursos necesarios para afrontarlo.
Además de la evidente descongestión procesal que acarrearía, la reforma liberaría la mayor parte de las horas/hombre del Poder Judicial que se destinarían para atender las causas que quedarían bajo su competencia.
Como lo señalamos en PROPUESTA 373, para el decano de la prensa nacional, un sistema privado de resolución de controversias tendría otras ventajas pues es más difícil de ser influido por el poder político, sería más independiente y estaría menos expuesto a las tentaciones de la corrupción. Al colocarse un nuevo sistema privado de justicia al lado de otro estatal la ciudadanía podría comparar la eficiencia de uno respecto del otro lo que, adicionalmente, empujaría a este último a proceder o intentar proceder de la misma forma, en beneficio de todos.
En las contrataciones del Estado, como se sabe, el arbitraje es un mecanismo obligatorio de solución de disputas y desde que se puso en práctica hasta la fecha ha hecho posible que miles de desavenencias sean resueltas sin incrementar aún más la carga procesal del Poder Judicial. Que esta experiencia sea trasladada a otros escenarios es una propuesta inteligente y alentadora que sólo cabe apoyar.
Bullard dijo incluso que debería estipularse que todas las desavenencias que se susciten en el marco de los contratos civiles y comerciales se resuelvan en la vía arbitral y sólo vayan al Poder Judicial si es que así está expresamente pactado. Es decir, al revés de lo que sucede ahora. Ghersi, a su turno, admitió que algunas controversias penales y familiares también podrían solucionarse rápidamente ante los árbitros que deberían tener despachos en todas las comisarías del país a efectos de agilizar la administración de justicia.

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